Por Walter Krohne
La Iglesia chilena pasa por su peor momento histórico. Los tiempos de Raúl Silva Henríquez son ya parte del pasado, quien protagonizó al pastor abierto y firme defensor de los derechos humanos que vivió en una de la época más terrorífica de la historia chilena como fue la dictadura de Pinochet. Su ejemplo fue un modelo de vida cristiana, destacada y honrada por centenares de seres humanos que han seguido su modelo.
Pero hoy la Iglesia de Chile está caída, está en una crisis profunda que de acuerdo a la visión de algunos teólogos y especialistas, sería una crisis con consecuencias de largo plazo y difíciles de corregir si no llegan desde el Vaticano las directrices claras y necesarias para volver a nacer y salir de las cenizas en la que se encuentra. Cambios profundos son los que se requieren con urgencia, especialmente cuando todas las semanas se conocen nuevos casos de abusos.
La de ayer fue una jornada severamente compleja para la Iglesia Católica de Chile que ha intensificado su ya lenta y larga caída y se produce después de muchísimos errores cometidos por la jerarquía eclesiástica chilena, es decir, para hablar claramente, todos los que vinieron después de Silva Henríquez no pecaron sólo por no ser cristianos intachables, sino también por no ser líderes, fueron simplemente dirigentes mediocres incluyendo a Ezzati y Errazuriz, entre otros; y sin dejar de mencionar al Nuncio del Vaticano en Santiago, Ivo Scapolo.
La detención de un sacerdote y sus consecuencias
Esta vez fue la detención del sacerdote Oscar Muñoz Toledo (56-foto izquierda), ex canciller del Arzobisopado de Santiago, en un procedimiento policial de carabineros que concurrieron a la casa arzobispal para detener y trasladar a un cuartel policial como detenido al nuevo acusado de la Iglesia por abusos sexuales en espera de ser formalizado, lo que ocurrió este viernes en Rancagua. Es decir un escándalo mayúsculo que «jerárquicamente hablando» tiene responsabilidades desde el Vaticano hacia abajo hasta Santiago de Chile, porque realmente hay que reconocer que el Papa ha sido extremadamente lento en su proceder.
Los cargos contra Muñoz son graves por eventual delito de abuso sexual reiterado y estupro. Según dijo el fiscal Emiliano, las víctimas «son todas menores de edad, son víctimas con inexperiencia sexual, son víctimas que fueron atacadas sexualmente en el domicilio del imputado, en el domicilio propio de las víctimas cuando estaban bajo el cuidado de éste, por la confianza que generó con las víctimas y con los padres de las víctimas. (O sea) son dos áreas de confianza, con los familiares y además utilizando su cargo de sacerdote en la Iglesia Católica. No es menor que se hayan cometido los delitos al interior de la Iglesia, al interior de casas parroquiales, subrayó el persecutor.
Entre los delitos hay un caso de estupro, tratándose de una víctima que es un feligrés que se confesaba ante el mismo agresor sexual que lo convence de que los actos que está realizando no son contrarios a la sexualidad”.
Óscar Muñoz se autodenunció el pasado 2 de enero en la Oficina Pastoral de Denuncias del Arzobispado (Opade), aduciendo que había acusaciones en su contra. En ese momento fue suspendido de sus funciones pastorales y el caso partió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Vaticano. Fueron abusos que habrían comenzado en el año 2002 y se habrían extendido hasta marzo pasado, es decir duraron una década y media.
Además, entre las presuntas víctimas aparecen cinco sobrinos del religioso, hijos de primos hermanos del religioso. Pero también habría un acólito. En total hay hasta ahora en este caso entre cinco y siete víctimas.
La jerarquía de la Iglesia tenía el deber de saber lo que ocurría
Sin embargo, lo más grave de todo es que la jerarquía de la Iglesia en Chile conocía perfectamente, al parecer, los pecados del cura, porque los antecedentes que existen están registrados en documentos incautados a la propia Iglesia por parte de la Fiscalía para así tener pruebas suficientes y poder lograr del tribunal una orden de detención de Muñoz. Pero lo peor es que estos documentos desde el 2007 en adelante fueron incautados del mismísimo Tribunal Eclesiástico y del mismo Arzobispado de Santiago el último 13 de junio. De hecho, la indagatoria penal en torno a Muñoz fue abierta de oficio por la Fiscalía. Es la primera vez que hay una denuncia contra la Iglesia desde el Ministerio Público. El problema es preguntarse lo que puede ocurrir con quienes conocían los pecados del cura y sus superiores directos. Todos ellos aparecen como encubridores si es que conocían los delitos cometidos durante quince años y no los denunciaron o facilitaron las cosas para que esto no se descubriera.
Óscar Muñoz fue ordenado sacerdote el año 2000. Fue vicario parroquial de la Transfiguración del Señor y en junio de 2003 se le designó párroco de la Inmaculada Concepción, en Maipú. También se desempeñó como vicecanciller del Arzobispado de Santiago desde agosto de 2003, ascendiendo a canciller en junio de 2011, cuando tuvo acceso a material confidencial de la curia, a documentación importante -en su calidad de ministro de fe interno- y a denuncias, algunas de las cuales tomó él mismo, como ciertas declaraciones de víctimas del caso Karadima, como concluye y analiza el diario La Tercera.
Los que lo designaron en sus funciones tendrán obligadamente que pasar por el tribunal cuando se les cite y recibirán luego una condena, la que les corresponda con o sin cárcel efectiva, por encubridores. Y quiénes son ellos: el cardenal Francisco Javier Errázuriz; el actual Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati y cuatro obispos auxiliares, quienes trabajaron con él y ahora están en otras diócesis, en calidad de administradores apostólicos, designados en esa función de “limpieza” por el propio Papa Francisco. Es decir se habría hecho una limpieza pero al parecer con ropa sucia y muy sucia, porque los administradores que funcan como obispos -Fernando Ramos (Rancagua), Galo Fernández (Talca), Jorge Concha (Osorno) y Pedro Ossandón (Valparaíso)- quizá sabían también de las andanzas del cura.
Seguramente ninguno de ellos va a reconocer si sabían o no en lo que andaba metido el hoy detenido, desde luego, -aunque también la mentira es un pecado para los católicos-, la respuesta será negativa y habrá que seguir investigando para llegar lo más cerca posible de la verdad.
El proceso de cambios o reformas
Todo esto, indudablemente, va a retrasar el proceso de cambios o reformas en la Iglesia chilena impulsadas por el Papa Francisco, quien el mismo y sin quererlo hizo estallar la bomba de tiempo durante su compleja visita a Chile, en enero de este año. Los cuatro días de Francisco en Chile, que aparte de producir problemas de seguridad y transporte y caos callejero, poco le aportaron al país y a su gente, porque el Santo Padre no dijo nada novedoso o distinto y se limitó a repetir en el fondo lo que piensa la gran mayoría de los chilenos –católicos y no católicos- que por las indecisiones vaticanas los templos católicos comienzan desde hace tiempo a vaciarse. Él tuvo la gran oportunidad de anunciar o enunciar una política o medida fuerte, clara y más enérgica de Roma contra los curas pedófilos y los abusos sexuales ocurridos durante años al interior de la Iglesia Católica chilena. En contraste, a pesar de expresar vergüenza con lo ocurrido, le renovó la confianza al Obispo Juan Barros de Osorno, ya denunciado en su relación con el sacerdote Fernando Karadima (hoy vive en el hogar San José de Lo Barnechea en Santiago), calificando las acusaciones en su contra como simples calumnias (19 de enero de 2018).
Después que las principales víctimas de abusos, hoy distinguidos profesionales como Juan Carlos Cruz, James Hamilton y Juan Andrés Murillo se mostraron como testigos presenciales de este tipo de hechos delicitivos ocurridos en la parroquia de Karadima en El Bosque de Providencia, ya no se debería o no se podría hablar de una simple calumnia. Los tres testigos dijeron en una declaración que “nosotros hemos declarado la presencia del obispo Barros en los abusos psicológicos y sexuales de Karadima (…) siendo él tan cercano a Karadima y sabiendo de los abusos, nunca denunció al sacerdote”. El Papa Francisco cambió finalmente a Barros por un administrador apostólico (en Osorno), pero ya el escándalo se había escapado de la manos. Así se dijo con firmeza y con mucha razón que “Karadima había manchado la visita a Chile del Papa Francisco”, quien además reempazó a otros cuatro de los 32 obispos que tiene Chile.
La verdad en todo esto es que los abusos se han convertido en un escándalo mayor que puede derrumbar a la Iglesia chilena o al menos dividirla completamente, porque todo esto debe ser observado con dos miradas: la judicial donde se intentan «resolver» los delitos que se investigan y se condena; y la institucional, tratándose aquí de la “institucionalidad de la Iglesia” con más de 2000 años de historia, la que la jerarquía debe manejar con mucha prudencia observando que no tenga ninguna mancha grave ni siquiera rumores de manchas. En otras palabras debe proteger su imagen cueste lo que cueste.
Y en este caso hay que pensar también que cuando hay un rumor es por algo. Un rumor siempre tiene un origen, real o irreal, pero lo tiene. La pregunta aquí es ¿se ha logrado llegar al fondo, a las raíces de este rumor, estando vivos los testigos dispuestos a seguir protestando? O planteado de otra forma: En la jerarquía de la Iglesia Católica chilena ¿se han considerado los simples rumores para poder investigar y no mirar para el lado?
Esto es lo más grave y tremendo. Los curas no han querido ver lo que deberían haber visto hace años. Estuvieron completamente ciegos o esperaban quizá que nada se supiera y todo volviera por si solo a la normalidad.
Como muestra de esta lentitud y reflexión cuidadosa está el hecho de que el Papa tardó 43 días para decidir la salida de los primeros 5 obispos, comenzando a cumplir las medidas de “corto, mediano y largo plazo” que en abril pasado anunció en una carta a los miembros de la Conferencia Episcopal chilena (Cech). En este escenario de crisis el Pontífice ha cuestionado el manejo de casos y denuncias por abusos, y ha validado a quienes le entregaron su testimonio al arzobispo de Malta Charles Scicluna, quien ha estado ya dos veces en Chile para lograr reunir nuevos antecedentes.
Si bien se reconoce que el procedimiento de conocer nuevos antecedentes y culpar o disculpar a los supuestos autores de abusos sexuales dentro de la Iglesia chilena no solamente es lento, sino delicado y más bien sumamente complicado para lograr conclusiones concretas.
El daño que se haría al culpar a pastores o hermanos que en realidad sean inocentes sería más grande y riesgoso que todo lo que ya ha ocurrido. Esto preocupa en la comunidad católica donde se dice que no se trata sólo de un cambio de Obispos sino de una verdadera reforma que llegue a Chile desde el Vaticano, porque tampoco hay confianza en el actual nuncio ni menos en el Arzobispo Ezzati que siguen en sus cargos.
Con respecto al proceso de cambioo de Obispos, Juan Vicente Boo, corresponsal del diario español ABC en el Vaticano, opina a Kradiario que en circunstancias normales, que precisamente no son las de Chile, la sustitución de un obispo es un proceso que lleva de uno a dos años, pues requiere consultar a muchas personas y verificar muchos detalles antes de encargar una responsabilidad tan delicada y de largo plazo. La contaminación de encubrimiento en la nunciatura, la cúpula de la Conferencia Episcopal y la Arquidiócesis de Santiago es una tarea de largo aliento. “Seleccionar obispos buenos, con vistas a una responsabilidad multifacética, tanto espiritual, administrativa y caritativa, para el resto de su vida, es muy complejo”, agregó el corresponsal.
