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Las últimas declaraciones sobre la Operación Huracán en la Araucanía del ex general director de Carabineros Bruno Villalobos, que en un momento “dio vida” a una acción de inteligencia denominado “Antorcha”, cuyo software nunca existió.

Por Hernán Ávalos

El general director de Carabineros Hermes Soto pidió disculpas a la ciudadanía por la investigación chapucera de los oficiales de inteligencia formalizados por asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en la fallida Operación “Huracán”, cuyo propósito fue  investigar los incendios de iglesias y camiones en la Araucanía. También hizo lo propio el general Gonzalo Blu quien fuera director de DIPOLCAR, el oficial de mayor jerarquía del grupo de 11 imputados por la Fiscalía de Temuco.

Las disculpas, aunque cargadas de justificaciones, de seguro serán bien recibidas por la ciudadanía deseosa de mayor eficiencia en la prevención y control de la delincuencia y de mejores niveles de seguridad pública, tal como reiteran año a año las encuestas de opinión.

La causa radicada en el Juzgado de Garantía de Temuco comenzó a fines de septiembre del año pasado con la denuncia de falsificación de pruebas para incriminar a ocho comuneros mapuches, entre ellos al carismático Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). La autoría de este “montaje” recayó en la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) destacada en la Araucanía y formada por oficiales de élite para colaborar con la justicia, quienes engañados o ingenuos dieron credibilidad al supuesto software llamado “Antorcha”, proporcionado por el técnico Alex Smith Leay, y grabaron mensajes de texto en los teléfonos móviles incautados a los comuneros luego de su aparatosa detención. Al avanzar la investigación sobre el procedimiento policial utilizado, las pruebas resultaron falsas y la Corte Suprema terminó por dejar en libertad a los ocho imputados. Mientras, aquellos atentados incendiarios siguen impunes dejando en ridículo, no sólo a los carabineros implicados, sino también a la justicia.

La aparente ingenuidad, la confianza y seguridad con que actuaron los expertos de inteligencia de la DIPOLCAR tuvo correspondencia en la superioridad policial y en el Gobierno de la Nueva Mayoría, y el propio general director de entonces Bruno Villalobos ratificó el desarrollo de la Operación “Huracán” (qué nombre más inapropiado para dar efectividad al Derecho). Incluso el general subdirector de la época Julio Pineda, llegó a cometer un grave error procesal, poco difundido -quizá porque Villalobos era funcionario de confianza de la Presidenta Michelle Bachelet- al enviar a EE.UU. las pruebas presuntamente incriminatorias, para que fuesen corroboradas por el FBI, una diligencia que legalmente correspondía que fuese dispuesta por  la Fiscalía de Temuco, la cual tiene la responsabilidad legal de la investigación penal, tal como ratificó la Corte de Apelaciones. Así Pineda agregó uno más a los desafortunados episodios en donde ejerció funciones, como el negligente dispositivo de orden público del 21 de Mayo de 2016 en Valparaíso que terminó en graves desmanes, incendios y un guardia muerto, y dio un paso en falso desconociendo la competencia del Ministerio Público y del Ministerio de Relaciones Exteriores, quién debe intervenir en la llamada “custodia de la cadena de pruebas”, poniendo en conocimiento de información secreta a una potencia extranjera.

Sobre el resultado del peritaje del FBI Carabineros admitió que resultó fallido.  Y posiblemente nunca se hizo o bien pudo ser otra puesta en escena mediática para aliviar la crítica social, u otro desacierto y nunca tuvo lugar. El caso fue que en paralelo, la Fiscalía de Temuco solicitó el peritaje de los mensajes telefónicos incriminatorios de los comuneros a la Brigada Contra el Ciber Crimen de la PDI. Y el resultado dio al traste con esas supuestas pruebas. El software “Antorcha” vendido a la UIOE por Alex Smith, por esos días ya contratado como su asesor informático, nunca existió. Así como se lee, nunca existió. Fue una invención de este técnico agrícola que se hace llamar profesor.  Smith redactó él mismo mensajes de texto creíbles y los envió entre los teléfonos móviles que habían sido incautados a los detenidos y que estaban siendo examinados por el Laboratorio de Carabineros (LABOCAR). Así verificando las fechas, los detectives comprobaron que tales mensajes fueron grabados en los mientras los comuneros estaban encarcelados, quedando en evidencia la farsa y los hechos constitutivos de delitos, por lo que procedió la formalización de cargos.

Esto de hacerse los ingenuos por conveniencia personal o corporativa, también resulta una práctica común en cierto periodismo. Otorgar credibilidad a una fuente que carece de competencia profesional; que entrega testimonio de oídas, o que tiene manifiesto interés en la materia, constituye al menos una falta a la ética y no aporta al esclarecimiento de los hechos, en este caso,  a la verdad jurídica. Y respecto de los imputados por el fracaso de la Operación “Huracán”, hay mucho en juego. Sólo la condena por asociación ilícita tiene una pena de cárcel que comienza en los cinco años y un día. El deshonor que significa para Carabineros sólo será superado con el tiempo, con su reestructuración operativa, administrativa y financiera en marcha, y con el perfilamiento de su rol preventivo, como policía uniformada y visible, cuya misión prioritaria es la protección de las personas y sus bienes, y la conservación de la seguridad interior.

En la actualidad la Comisión de Seguridad Interior, formada por iniciativa presidencial y cuya propuesta debiera conocerse en septiembre próximo, está debatiendo, entre otras materias, que Carabineros realice inteligencia policial sólo en función de la prevención de los delitos que constituye su esencia como institución y que la PDI siga haciendo lo propio en función de la investigación criminal que le corresponde como policía detectivesca, represiva y civil. Sin embargo, esto obliga al aumento significativo de la dotación de la PDI que hoy representa el equivalente al 10% de la dotación de Carabineros y por tanto no alcanza a cubrir el territorio nacional. Además, los fiscales del Ministerio Público tienen discrecionalidad para elegir la policía con la cual investigan los delitos, una prerrogativa legal que también está en el debate respecto del estándar de calidad y eficiencia que debiera tener la investigación penal.