Por Rafael Luis Gumucio Rivas

La judicialización de la política ha llegado a niveles caricaturescos en Brasil: desde el juicio y posterior destitución de la ex Presidenta, Dilma Rousseff, el Estado de derecho dejó de existir y los jueces toman partido por una u otra posición: unos, como Sergio Moro, quiere mantener preso a Lula, sin ninguna prueba condenatoria, y sólo basándose en su opinión, ni siquiera con presunciones fundadas. Este personaje es tan fanático como odioso.

Los jueces de los Tribunales brasileros se han convertido en más prevaricadores que los mismos tribunales chilenos en época de la dictadura. En Chile, en el periodo  parlamentario se repartían los cargos públicos entre los partidos: el Poder Judicial pertenecía a Partido Liberal Democrático, de Juan Luis Sanfuentes; los profesores del Partido Radical y Gendarmería, al Partido Conservador,  (cualquier semejanza con lo que ocurre en la actualidad es sólo una coincidencia). El poeta Vicente Huidobro elaboró una lista de políticos sinvergüenzas y agregó que la justicia siempre se inclinaba hacia el queso, lo que le valió una golpiza que lo afectó hasta su muerte, acaecida en Cartagena.

Hay que ser muy ingenuo para creer en los balances y contrabalancees en la división de poderes. Montesquieu está pasado de moda al respecto, pues el rey-Presidente sólo se diferencia de los monarcas absolutos en que es elegido cada cuatro años; Louis XVI estaba más controlado por los parlamentos que, por ejemplo, Sebastián Piñera: con un tercio de los congresistas puede hacer su voluntad, y sólo le falta La Bastilla para enviar a los pocos fiscalizadores de oposición.

El golpe de Estado Parlamentario instaló a Michel Temer en el poder, el más corrupto de los políticos brasileros; era el vicepresidente durante el gobierno de Rousseff, y pertenece al Partido Democrático Brasilero; su misión consistía en destruir los logros en políticas sociales, implementados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, e instaurar  una contrarrevolución que pretendía ser más profunda de la realizada por los Chicago Boys, en Chile.

Mientras exista el peligro de triunfo de Lula Da Silva, la ultraderecha se radicaliza en la candidatura del militarista Jail Borsanaro. A medida que se acortan los tiempos para las próximas elecciones del mes de octubre de 2018, se hace más patente el fracaso de Temer, que ha profundizado la miseria convirtiendo el país-continente en una nación de segundo orden.

El Partido Democrático Brasilero está dando muestras de una profunda división: el sector más lúcido del este Partido capta perfectamente que sin la presencia de Lula en las elecciones presidenciales, estas pierden toda legitimidad, abriendo camino a un fascista, Bolsanaro, o bien, lisa y llanamente, la vía del golpe militar, hoy innecesario en América Latina.

Estados Unidos está gobernado por el “rey de reyes”, Donald Trump, quien lo hace desde las redes sociales. Es el único Presidente del mundo a quien se le ocurre cumplir con su programa de gobierno, y sólo le falta el sueño del pibe de hacer pagar el “muro” a los mexicanos. Cualquier país o monarquía que se atreva a contradecir sus deseos es intervenido directa o indirectamente: Brasil, como cabeza de América Latina es uno de los blancos favoritos  a sus propósitos.

El 8 de julio, se convirtió en el verdadero carnaval de la prevaricación judicial: en la mañana, el juez de turno del 4º Tribunal,  Rogério  Favreto, aceptó conceder el habeas corpus, que había sido presentado por diputados del Partido de los Trabajadores, dando la orden de libertad inmediata al ex Presidente Lula. En el transcurso del día, el juez Sergio Moro, desde su lugar de vacaciones, negó la competencia del juez Favreto, y a última hora, el juez Carlos Eduardo Tompson confirmó la prisión de Lula Da Silva.

La política brasilera va de mal en peor: nada más funesto que el gobierno de los jueces sobre los otros poderes del Estado: so pretexto de combatir la corrupción, terminan por colocar en el poder a los hombres más corruptos, ladrones y criminales, (incluso, hasta el colmo de dar paso a guerras civiles, dictaduras y a gobiernos convertidos en lacayos de Donald Trump).

Entiendo la corrupción, no sólo fruto del poder, sino también, sobre todo en estos tiempos, por la destrucción de todo estado de derecho, propiciado por el capitalismo salvaje, que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.  La igualdad ante la ley en una broma de mal gusto, y el “debido proceso”, un cuento para niños. Hablar de estado de derecho en Brasil es una utopía pues hoy en América Latina tenemos “dictaduras blandas”, ahora, sin recurrir a las armas, sino a la coerción judicial.

J.J. Rousseau sostenía en sus principios que “los hombres nacen libres e iguales, sin embargo, están llenos de cadenas”. Su discípulo, Robespierre, cuando se oponía a la pena de muerte y no creía en la democracia de la guillotina, se burlaba del artículo 1º del la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que consignaba que “los hombres nacen libres e iguales ante la ley”, cuando los revolucionarios franceses aplicaban la esclavitud en sus colonias. A lo mejor, lo que se impone es la cínica idea de Juan Domingo Perón a sus seguidores: roben todo lo quieran, pero no se dejen pillar.

En Brasil los fiscales acusaron al juez Rogério Favreto de «activismo judicial». El magistrado ordenó excarcelar al expresidente Luis Inácio Lula da Silva el último fin de semana, en un fallo que fue anulado posteriormente. Según los fiscales del Ministerio Público, el juez Favreto violó «el principio del colegiado, el orden jurídico y el estado democrático de derecho» al momento de dictar su orden. En respuesta, Favreto aceptó este domingo un recurso de «habeas corpus».

Agregado de la Redacción al caso Lula da Silva

La ex Presidenta Michelle Bachelet estampó su firma en una carta de respaldo que 43 personalidades de la centroizquierda chilena elaboraron para manifestar su apoyo hacia la inscripción de la candidatura presidencial de Lula Da Silva, el ex líder brasileño quien se encuentra encarcelado en Curitiba por su vínculo en casos de corrupción. «Consideramos que una elección presidencial sin Lula como candidato podría tener serias impugnaciones de legitimidad y profundizaría aún más la crisis política que Brasil tiene que superar», reza la misiva, en la que participa también el presidente del PS, Álvaro Elizalde, y el presidente del Senado, Carlos Montes, entre otras figuras.

En el texto, los firmantes emplazan al Poder Judicial de Brasil «para que garantice el respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial. Lo exige la democracia brasileña. Lo demandamos también los demócratas chilenos».

La ex jefa de Estado viajará a Brasil el próximo 24 de julio, con el objetivo de participar de la conferencia inaugural del Congreso de Salud Colectiva en Rio de Janeiro. Durante su estadía en suelo brasileño, se espera que Bachelet haga un gesto hacia Lula, visitándolo en la cárcel tal como lo hizo ya el ex líder uruguayo, Pepe Mujica. El ex embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazmuri, quien organizó junto a Carlos Ominami la iniciativa de apoyo a Lula, explicó a La Segunda que «una elección presidencial sin Lula restaría legitimidad a ese proceso y no contribuiría a superar la crisis que afecta a Brasil en los últimos dos años». En ese sentido, recalcó que lo que plantean es «básicamente nuestra preocupación por el estado de la democracia en Brasil, que se ha visto seriamente deteriorada en la medida que se ha producido un proceso complejo de judicialización de la política y eso siempre conlleva su equivalente, que es la politización del Poder Judicial». Entre quienes apoyaron el carta aparecieron los diputados del Frente Amplio, Gabriel Boric (MA), Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Pablo Vidal (RD), y también ex ministros como José Miguel Insulza, senador (PS), Marcelo Díaz, diputado (PS), Adriana Delpiano, (PPD), Luis Maira (PS) y Sergio Bitar (PPD), entre otros.