El Presidente Piñera también declarará en el caso Soquimich

Vamos a ver si los anuncios de hoy son realmente ciertos y no como ocurrió con los dueños del grupo Penta. La justicia confirmó el cierre de la indagatoria del caso SQM con 16 formalizados que irán a juicio oral.

Penas de cárcel, multas millonarias e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos piden para el ex ministro UDI y ex senador Pablo Longueira,Fulvio Rossi, ex senador, y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

Es lo que señala, al menos,  un documento del Ministerio Público, en que se detallan las penas solicitadas por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, contra los acusados que irán a juicio por el caso SQM, por cargos que incluyen cohecho y varios delitos tributarios, como informó este lunes Radio Biobío.

En este caso, Longueira arriesgaría dos penas de 818 días de presidio menor en su grado medio, además de una multa de más de $242 millones de pesos. Además, podría quedar con inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años y 1 día.

Todo esto, enfrentando acusaciones de cohecho y de delitos tributarios consumados y reiterados.

Enriquez-Ominami, por su parte, arriesga 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de $11,4 millones de pesos, además de inhabilidad para ejercer cargos públicos mientras dure la condena por delitos tributarios reiterados y consumados.

Rossi, en tanto, arriesga 818 días de presidio menor en su grado medio y una multa de casi $6 millones, y tampoco podría ejercer cargos públicos mientras dure la condena bajo acusaciones de delitos tributarios reiterados y consumados.

Otros acusados, el exdiputado de la Democracia Cristiana, Roberto León, arriesga 4 años de presidio menor en su grado máximo, una multa de casi $6 millones de pesos y la inhabilidad también para ejercer cargos públicos mientras dure la condena.

En tanto, para el exgerente general de SQM, Patricio Contesse -a quien se acusa de delito tributario consumado y reiterado, se piden 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, una multa de mil cien millones de pesos (la mitad del tributo eludido), y otra de casi $89 millones, que sería la totalidad de lo defraudado.

Al igual que los anteriores, también podría quedar con inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.

El abogado querellante, Mauricio Daza, que no descarta solicitar la reapertura de la investigación, sostuvo en Expreso Bío Bío que la acusación “no es garantía absolutamente de nada y hay que recordar que en el caso Penta también se presentó formalmente una acusación el año pasado, donde a los señores Délano y Lavín se le pedían diez años de cárcel y bueno, ya vimos como terminó”.

Haciendo una «comparativa de casos», el abogado indicó que el escenario en el caso SQM es más complejo producto del tipo de investigación que se realiza.

Los ex fiscales  “Gajardo y Norambuena hicieron un buen trabajo investigando a fondo lo que se vinculaba con las imputaciones de Penta. Sin embargo, eso no ocurre respecto al trabajo de Gómez en relación a SQM (…) Lo que hoy vamos a ver es simplemente lo que dejó la ‘ola’ o lo residual del caso SQM“, dijo. En otras palabras, Daza declaró que una acusación del fiscal Gómez “ no es garantía absolutamente de nada”.

Declaración de Piñera (añadido este martes 10 de julio)

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, confirmó este martes que el presidente, Sebastián Piñera, fue llamado a declarar en el juicio por el caso SQM.

“En lo que a nosotros compete, el presidente  ha sido llamado a colaborar en calidad de testigo en este caso”, informó la vocera.

Agregó que “tal como lo hizo en tiempos pasados en el mismo caso, tal como es su propia convicción y como lo hacen todos los chilenos frente a la igualdad ante la ley, el presidente Piñera va a colaborar con la justicia”.

Las acusaciones en contra de los ahora 16 imputados que irán a juicio por el caso incluyen cargos entre otros de cohecho y varios delitos tributarios, por los que arriesgan penas de cárcel, multas millonarias e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.