Es como ocurrió en la Iglesia, pero de otro modo. Los culpables materiales de atrocidades de gran calado quedan prácticamente libres de polvo y paja. Ya vimos salir airoso al “principal ideólogo” de la corrupción entre la “política y el dinero” Julio Ponce Lerou (como controlador de SQM)  y ahora transitan por el mismo sendero los dueños del grupo Penta que terminan un largo proceso judicial con el alma, el corazón y la mente sin manchas y sin responsabilidad penal alguna. Lo mismo ocurre con el ex subsecretario de Minería del primer gobierno de  Sebastián Piñera, Pablo Wagner.

El Octavo Juzgado de Garantía resolvió quitar la calidad de acusadores del caso Penta, en un juicio abreviado, al Consejo de Defensa del Estado y a la Fundación Ciudadano Inteligente, permitiendo sólo la participación del  Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. Esto lo decidió el juez de Garantía Daniel Aravena.

En esta forma los controladores de Penta Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex subsecretario  Wagner se libraron del Consejo de Defensa del Estado que los podría haber acusados  además de soborno y cohecho.

La reacción de la Fundación Ciudadano Inteligente fue de indignación declarando que la Fiscalía “renunció a juzgar”.

En los hechos, la decisión del tribunal valida el acuerdo firmado por el fiscal regional Manuel Guerra y los abogados de los imputados, que suprime los delitos de cohecho y soborno en la causa.  Según planteó el persecutor en la audiencia de este martes, “no había suficientes antecedentes” para imputarlos por esa causa. Y justamente el cohecho y el soborno serían los delitos más graves e importantes cometidos en este caso, que tienen un castigo penal real. El resto, lo que le dejaron de pagar o estafaron a Impuestos Internos es “papel picado”  y eso los procesados lo arreglarán con cheques o dinero en efectivo, que es justamente lo que menos les falta.

 No se sabe a ciencia cierta lo que realmente ocurrió al interior de la Fiscalía. No se sabe si hubo influencias externas , tampoco se sabe si el fiscal recibió instrucciones o fue aconsejado de más arriba o guarda secretos que podrían servir para aclarar un poco más esta curiosa forma de actuar del aparato judicial chileno  para no tener que decir simplemente que en todo esto algo parece estar fallando. Este peculiar acuerdo permite en concreto que los “millonarios en desgracia” puedan acceder a un procedimiento abreviado con una pena de cuatro años de presidio en libertad vigilada, sin pena efectiva de cárcel, como se había pedido en un principio cuando los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena dirigían el caso, ambos hoy renunciados al Ministerio Público.

El ex fiscal Carlos Gajardo que estuvo a cargo de este caso advirtió este miércoles en Cooperativa que el mensaje que se da a los empresarios es que no pueden ser sancionados por pagarle a uno o más funcionarios públicos para que hagan por dinero lo que se les pida.

La empresa liderada por Délano y Lavín pagó tres millones de pesos cada dos meses al entonces subsecretario de Minería Pablo Wagner, según los medios como Radio Biobío y también Cooperativa.

“¿Qué señales damos como país si  los casos más graves, los grandes portonazos económicos, terminan al final sin sanciones efectivas?”, preguntó Gajardo.

Gajardo subrayó  que “siempre supimos y dijimos que el cohecho en Chile tenía penas bajas (…) y esto es lamentable porque, efectivamente, el delito de cohecho es  particularmente grave que afecta al conjunto de la ciudadanía”, situación que esta semana se está debatiendo en el Congreso Nacional.

“Cuando un funcionario público, sobre todo de alto rango (como Wagner), recibe dinero, al final lo que está haciendo es favorecer intereses particulares y, por lo tanto, perjudicando al conjunto de los intereses de la ciudadanía”, aseveró el ex persecutor.