El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron este miércoles que están preparados para ayudar a Venezuela cuando haya una oportunidad y “ofrecerle todo lo que sea posible”, según confirmó el economista jefe del BM para América Latina y el Caribe, Carlos Végh.

Este anuncio se conoció un día después que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una reñida resolución que abre el camino para una expulsión de Venezuela del sistema interamericano. Sin embargo, la suspensión sería sólo simbólica ya que el Presidente venezolano Nicolás Maduro comunicó formalmente la salida de su país de la OEA en abril de 2017, lo que debe concretarse recién en 2019.

Sin embargo, en la asamblea celebrada en Washington la resolución obtuvo sólo  19 votos a favor y no alcanzó a los 24 necesarios para lograr la suspensión en forma inmediata de Venezuela de este organismo. Sin embargo, se convocará a una nueva Asamblea extraordinaria para someter nuevamente a votación la resolución.

El economisyta jefe del BM dijo en una entrevista de prensa que “lamentablemente, lo que el BM puede hacer es seguir la situación de Venezuela muy de cerca en cuanto a planes de contingencia, de forma que cuando se presente la oportunidad, esté preparado para ayudar a los venezolanos”.

El ejecutivo del Banco Mundial recordó que este organismo actúa a petición de los gobiernos y lamentó que en estos momentos éste no tenga relaciones con el gobierno de Caracas, ya que el  fallecido presidente venezolano Hugo Chávez anunció en abril de 2007 que Venezuela se retiraba del BM y del Fondo Monetario Internacional (FMI), instituciones a las que criticaba por considerar que servían a los intereses estadounidenses”.

Végh lamentó la crisis económica, política, social y humanitaria que vive Venezuela, que es “de una magnitud que no se veía desde hace décadas en la región”.

Afirmó que el PIB venezolano ha caído un 50% en los últimos años y que un millón y medio de personas ha abandonado el país huyendo de la pobreza.

El último informe del FMI de abril de este año prevé para Venezuela una inflación de casi el 14.000% en 2018 y una caída del producto interno bruto (PIB) de un 15%, en lo que sería su quinto año en recesión.

En la  Asamblea General de la OEA  que finalizó este martes en Washington se dio curso a la resoluciónm condenatoria  sobre Venezuela que allana el camino para su suspensión.

Después de que la representación diplomática venezolana pidiera que la votación se hiciera de manera nominal, el resultado final fue de 19 votos a favor de las sanciones, cuatro en contra (Venezuela, Dominica, San Vicente y Bolivia) y 11 abstenciones, en su gran mayoría de naciones caribeñas (Surinam, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Belice, Uruguay, Antigua y Barbuda, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití y Nicaragua). Pese a no obtener ños 24 votops para la activación inmediata de la suspensión

Esta es la primera vez que se aprueba en una Asamblea General una resolución sobre la crisis venezolana, tema que ya centró la anterior Asamblea General de la OEA en Cancún (México), pero que acabó sin una declaración condenatoria porque, en el último momento, el Caribe respaldó a Venezuela.

La decisión  contiene los siguientes puntos:

  1. Declarar que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidadpor no cumplir con los estándares internacionales, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.
  2. Reafirmar que, sólo a través de un dialogo nacionalcon la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanosvenezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país.
  3. Reiterar que ha ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucionalde la República Bolivariana de Venezuela, como fue declarado en la resolución CP/RES. 1078 (2108/17) del 3 de abril de 2017.
  4. Urgir al Gobierno de Venezuela a dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionalesy restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el Estado de Derecho y las garantías y libertades de la población.
  5. Urgir al Gobierno de Venezuela a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, así como a implementar las medidas de vigilancia epidemiológica en su país para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, en particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, malaria y difteria.
  6. Instar a los Estados miembros a implementar medidas para atender la emergencia epidemiológica, incluyendo suministrar medicamentos, así como considerar contribuciones a organismos internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de los países receptores.
  7. Instruir al Consejo Permanente para que, en coordinación con las instituciones interamericanas e internacionales competentes, identifique las medidas apropiadas para apoyar a los Estados Miembros que están recibiendo un creciente número de migrantes y refugiados venezolanos.
  8. Hacer un llamado a los Estados Miembros y Observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
  9. Mantenerse atenta al desarrollo de la situación en Venezuela con objeto de apoyar medidas y acciones diplomáticas adicionales que faciliten la restauración de la institucionalidad democrática y de la paz social, y promuevan el respeto absoluto a los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho, en el marco constitucional de Venezuela y de manera consistente con sus obligaciones y compromisos internacionales.
  10. Aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21.