La propuesta de crear una tercera policía de tránsito a nivel regional está en el debate sobre delincuencia, seguridad interior y orden público.
Por Hernán Ávalos
Desde hace algún tiempo existe la convicción que nuestra sociedad cambió por el explosivo desarrollo de las comunicaciones, el impacto de las redes sociales y el transcurso del tiempo, como era de esperar, según estableció el filósofo Heráclito en la antigua Grecia, pensamiento que tiene vigencia hasta hoy. Por tanto, no parece razonable ni prudente esperar un largo juicio y las condenas de los generales imputados del fraude por $28.000 millones que develó la crisis institucional de Carabineros, para iniciar la reorganización del sistema de seguridad interior y orden público que garantice la prevención y el control de la delincuencia.
Fue en la última década que los abusos operativos, administrativos y financieros en la policía uniformada descorrieron el velo de sus falencias. Al menos en este período un centenar de oficiales de la más alta jerarquía en complicidad con algunos civiles actuaron concertados para realizar hechos constitutivos de delitos, vulnerando la doctrina y la ética. Plantar pruebas falsas para inculpar de incendios a comuneros mapuches fue uno de los últimos ilícitos por el cual están siendo investigados, por la justicia. (ver foto de detenidos a la derecha). También fueron detectadas irregularidades en los gastos, en las adquisiciones, en las remuneraciones, en las construcciones, en las reparaciones, en los viáticos, en las jubilaciones, en las destinaciones, en la asignación de dotaciones, en los vuelos de sus aeronaves y hasta en la mantención de sus caballos.
Por si eso fuese poco, el plan cuadrante de seguridad comunal ha sido cuestionado por la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile encargada de al menos dos evaluaciones. Entre los reparos destaca la falta de calificaciones por desempeño o “accountability”. Y en la práctica, el personal responsable de este plan operativo estrella asciende de grado sólo por antigüedad, sin consideración de los resultados obtenidos en la prevención del delito, la protección de las personas y el resguardo de sus bienes. En consecuencia, los funcionarios tienen bajo nivel de compromiso para propender al éxito de su gestión policial. Y más grave aún es que esta falencia detectada en las evaluaciones no haya sido atendida ni corregida.
Carabineros tiene excesiva autonomía. Su ley orgánica es de rango constitucional y para reformarla es menester tener un quórum parlamentario calificado (dos tercios de los votos).
Aún así en el desarrollo de la crisis de Carabineros sería injusto no mencionar que otros servicios tienen grados de responsabilidad, especialmente, aquellas encargadas de fiscalizar como la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados. Carabineros fue beneficiada con aumentos presupuestarios anuales sucesivos propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Parlamento después de escuchar el discurso reiterado de sus generales resumido en que “la seguridad tiene un precio”. Sólo que cuantiosos recursos fueron a parar a sus bolsillos y no a los servicios policiales, y, en ocasiones, tampoco a la formación de nuevos contingentes.
Por tanto, los Gobiernos no pueden eludir responsabilidad en la crisis de Carabineros, principalmente el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) por no anticipar el descalabro. Quizá podrían morigerar la culpa argumentando que sólo desde la reforma constitucional del 2005 el Presidente de la República puede solicitar la renuncia del general director y de los comandantes en jefe de las FF.AA. Así el Presidente Piñera llamó a retiro al general Bruno Villalobos (en la foto izquierda aparece acompañado del ex ministro del Interior del gobierno socialista Mario Fernández), al día siguiente de asumir el mando de la Nación. Por su parte el círculo más cercano de la Presidenta Michelle Bachelet justificó la mantención de Villalobos en el cargo, pese a la crisis ya desatada, porque este prometió “inmolarse” para encarcelar a sus pares corruptos. Adicionalmente los cercanos a Bachelet argumentaron que, la ley permite al Presidente de la República elegir reemplazante entre los 
cinco generales más antiguos, ninguno de los cuales calificaba, por las presunciones que también estaban involucrados en el millonario fraude. Así, transcurridas las semanas, al renunciar el general Gonzalo Blu por el fracaso en la operación “Huracán”, subió al quinto lugar del escalafón el general Hermes Soto Isla (foto izquierda al ser nombrado como nuevo Director por el Presidente Sebastián Piñera), oportunidad en que de inmediato el nuevo Mandatario lo nominó como el general director adecuado para manejar la crisis e iniciar las reformas institucionales necesarias. Habrá que observar su gestión.
El objetivo es la seguridad para vivir en paz
La policía uniformada es la principal institución encargada de garantizar el orden y la seguridad interior en la población. Claro que según la Constitución Política comparte esta misión con la PDI. Sólo que Carabineros tiene 60.000 efectivos y la policía civil 6.000. Ya durante la última campaña presidencial el Presidente Piñera avizoró deficiencias estructurales en la prevención y control de la delincuencia y propuso liberar a Carabineros de la investigación criminal de los delitos complejos y entregar esa función a la PDI, posiblemente aumentando el contingente de detectives, la cual en esencia le corresponde como policía civil, represiva y científico-técnica.
Porque Carabineros como policía militarizada, jerarquizada y visible tiene por función primordial la prevención del delito. Y su modelo de gestión debe privilegiar este rol… Por ello ha sido aplaudida una de las primeras medidas adoptadas por el general Hermes Soto de relevar 2.000 uniformados de labores administrativas, reemplazándolos por técnicos civiles, para enviarlos a las calles (patrullaje de infantería), para reforzar la vigilancia en los sectores amagados por los robos, interactuar con los vecinos, dar presencia, en definitiva ofrecer seguridad, que es lo que esperan las comunidades para recuperar la tranquilidad en sus barrios.
El reordenamiento de las dotaciones ocurre en momentos que la Subsecretaría del Prevención del Delito informa que el robo con violencia o intimidación, el más temido por la población, aumentó 9,6% el primer trimestre de este año en comparación con igual período del año pasado, manteniendo la tendencia alcista de los últimos tres años. No obstante, la tasa alcanza sólo a 10 delitos cada 100 mil habitantes. Y aunque comparado con otros países el robo con violencia o intimidación podría apreciarse de baja ocurrencia en nuestro medio, asociado a otras estadísticas del mismo trimestre como la victimización del 28% y la percepción de inseguridad o temor a la delincuencia del 80,8%, nadie puede permanecer indiferente.
Además de garantizar la seguridad interior y el orden público, Carabineros tiene otras funciones como son el resguardo de las fronteras, la fiscalización de la ley de alcoholes, la fiscalización del tránsito peatonal y vehicular y comparte con la PDI la investigación criminal. Esto considerando que son los fiscales del Ministerio Público quienes tienen la facultad de elegir la policía y los servicios con quienes trabajan para investigar y llevar adelante la persecución penal.
En su último informe, La Fundación Paz Ciudadana, ligada a la centroderecha, encargada del estudio y análisis de la seguridad interior , propuso liberar a Carabineros de sus labores de fiscalización del tránsito peatonal y vehicular, otorgándole esta labor a una tercera policía que debería ser creada con jurisdicción y financiamiento regional. Como antecedente está el éxito que han tenido los Servicios de Guardias Comunales, que aunque sus miembros no portan armas atienden con esmero a los vecinos, ofrecen protección y colaboran con las operaciones de las policías. La propuesta está contenida en la evaluación anual de Carabineros y como era de esperar no tiene el beneplácito del generalato, no sólo porque sus miembros son mayoritariamente conservadores y se dan maña para que los nuevos oficiales sigan la tradición, sino porque pierden una cuota importante de poder. No hay que olvidad que la cúpula de Carabineros fue una férrea detractora de la reforma procesal penal, porque quitaba a las policías la autonomía en las diligencia judiciales, entregando a los fiscales del Ministerio Público la dirección y responsabilidad de llevar adelante y responder por la acción penal. Incluso hicieron “lobby” entre políticos, jueces y abogados para impedir el advenimiento de la nueva justicia y tramaron fallidas operaciones de inteligencia, aunque sin conseguir la instauración de la nueva justicia hoy en plena vigencia.
