La Guerra recién comienza: Acusaciones contra Bachelet , Eduardio Frei y Paula Narváez por  supuestos movimientos  “turbios o no legales” de financiamientos de campañas  en que figura en el centro de estas actividades al consorcio brasileño OAS, cuyo historial de corrupción en Amércica Latina es ya ultra conocido.

Diputados de Chile Vamos se reunieron esta tarde con el fiscal nacional, Jorge Abbott, y le solicitaron a través de dos cartas investigar el financiamiento de las campañas presidenciales de 2009 y 2013 tras los eventuales vínculos con OAS de dirigentes de la otrora gobernantes coaliciones de la Concertación y la Nueva Mayoría.

Todo esto salió a la luz por una documentación publicada por Reportajes en La Tercera de este domingo en la que se reprodujeron correos electrónicos entre Felipe do Prado Padovani, primer gerente de OAS en Chile, y Giorgio Martelli, el operador político que actuó como financista de candidatos de la Concertación en campañas electorales.

Sin embargo, Martelli reaccionó hoy en este caso diciendo que no apoyó “actividades ilegales”, pero reconoció gestiones de lobby y apuntó también al comando de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

“Por instrucciones de su comando, yo le informé al entonces representante de OAS en Chile, el mecanismo legal y formal de aportes reservados que cualquier empresa chilena (como era OAS Chile) debía conocer”, señala Martelli en una declaración pública.

Pero esto no es todo en “esta guerra de denuncias” entre la derecha y la centroizquierda, hoy en la oposición.

El Gobierno de Sebastián Piñera entregó hoy a la Fiscalía el informe de la Contraloría General de la República, que determinó irregularidades en la gestión que lideró la entonces ministra vocera de La Moneda durante la pasada administración de Michelle Bachelet, Paula Narváez.

El actual subsecretario general de Gobierno, Emardo Hantelmann, y el director jurídico de dicha cartera, Jorge Uribe, pusieron a disposición de la Justicia los antecedentes revelados en un informe del ente contralor.

Se trata de un categórico documento donde se advierte una serie de irregularidades que van desde la contratación de activistas políticos en la Seremi de Valparaíso, hasta el uso indebido de una imprenta que tiene a cargo la Segegob.

En este último punto, según consta en el escrito de la Contraloría, destacan afiches convocando a marchar por el movimiento No + AFP y un llamado a movilizarse contra la sociedad controladora de Colo Colo, Blanco y Negro, que fueron impresos con fondos públicos, como informó Radio Biobío.

El objetivo de las autoridades del gobierno es que se abra una investigación penal en contra de una serie de personeros públicos, partiendo con la exministra Narváez, además del subsecretario de esa cartera de la época, el DC Omar Jara, y el entonces director de la División de Organizaciones Sociales, el militante comunista Camilo Ballesteros.

“Nuestro equipo jurídico identificó indicios que eventualmente podrían constituir delitos”, indicó el subsecretario Hantelmann.

Desde el bacheletismo descartaron irregularidades, afirmando que fueron temas administrativos subsanados con los preinformes que determinó la Contraloría.

El temblor que provoca la OAS

Martelli dijo que “mi vinculación con OAS fue, en primer lugar en el año 2009, con el fin de explicarles la legalidad del sistema de financiamiento reservado en campañas electorales, como lo prueban los mensajes publicados. Posteriormente, en el año 2014, ya terminada la campaña presidencial de ese entonces, desarrollé actividades profesionales para OAS en el marco de obras de construcción que esta empresa llevaba a cabo en forma legal en Chile, contratada bajo el gobierno del entonces Presidente Piñera”.

El caso OAS apunta también al comando de Eduardo Frei en 2009 como los responsables del contacto con la empresa de capitales brasileños. “Los correos que se exhiben en 2009 muestran claramente que como parte de mi colaboración en la campaña presidencial del Presidente Frei, y por instrucciones de su comando, yo le informé al entonces representante de OAS en Chile, el mecanismo legal y formal de aportes reservados”  que cualquier empresa chilena (como era OAS Chile) debía conocer”, señala Martelli.

Además, agrega que “estos correos muestran contactos de dicho representante con diversos ministerios con el fin de ofrecer sus servicios en Chile, como lo hacen muchos profesionales, lo que se hizo de un modo similar a lo que hoy regula la ley del Lobby, inexistente en esa época”.

Sobre el vínculo laboral con OAS, Martelli (geógrafo de profesión)  señala que “nunca más tuve contacto alguno con OAS en Chile ni en Brasil, hasta el año 2014, varios meses después de concluida la campaña presidencial, donde por relaciones totalmente profesionales y alejadas del ámbito político, conocí a los nuevos ejecutivos de esta empresa en Chile. En esta relación profesional es que ofrecí a OAS Chile, en el marco de la construcción del Puente de Chacao, estudios de precios del suelo y un mapa turístico-cultural en Chiloé”.

El geógrafo descarta a continuación que ese trabajo esté vinculado con pagos de dineros de campaña. “Estas actividades están debidamente documentadas, respaldadas, son de público conocimiento y fueron entregadas en forma voluntaria y extensamente a la Fiscalía en mi declaración como testigo. Jamás se trató del pago de deudas de campaña y favores políticos algunos”, asegura.

“En los casos de financiamiento irregular de la política en Chile he asumido mi responsabilidad, he relatado todo lo que he hecho y he dado la cara ante la justicia. Mis actuaciones, en las cuales reconozco haber cometido errores, aunque no delitos, siempre las hice por convicción política y jamás por beneficio personal”, cierra Martelli.

Sin embargo, según Chile Vamos los dos ex presidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei deberían ser citados por la Fiscalía a declarar.

“Es el Ministerio Público el que decide a quien  se investiga y a quién se cita. Nosotros estamos pidiendo que se investigue la campaña presidencial de la entonces candidata y ex presidenta Michelle Bachelet”, sostuvo en e el encuentro la diputada Paulina Núñez Urrutia (RN).