Por Hernán Ávalos

Es lo que acostumbran a decir los jefes policiales para vanagloriarse del poder que ostentan en nuestra sociedad. Y más bien debiera entenderse las atribuciones y facultades que les otorga la Constitución y las leyes, con excesiva autonomía en gestión y débiles controles administrativos y financieros.

Esto explicaría la vulneración de  la doctrina de servicio de parte de su alto mando. Y hoy un centenar de oficiales, en su mayoría destacados en la Dirección General, enfrentan el juicio por fraude al fisco de 27 mil millones de pesos, el de mayor envergadura en perjuico del fisco conocido en nuestra historia.

La acusación del Ministerio Público resume la gravedad del delito investigado: en más de una década este grupo de carabineros formó una verdadera organización criminal para defraudar al Estado, es decir a todos los chilenos a quienes, precisamente, están destinados a servir y proteger, haciendo cumplir las leyes y dando eficacia al Derecho.

No obstante, los carabineros de comisarías, retenes o destacamentos quizá están tan molestos cómo la ciudanía con esta verdadera “mafia” liderada por tres generales del alto mando policial.

El poder y la autonomía

Carabineros de Chile es una institución permanente del Estado y su rol primordial es la mantención de la seguridad interior. Está normada por una ley de rango constitucional que requiere quórum calificado para su modificación. Por tanto, los eventuales cambios estructurales a su orgánica requieren de amplio acuerdo político, lo que la hace una institución más bien conservadora, estática y con autonomía respecto al poder civil.

Así fue como el general director Rodolfo Stange se negó a dejar el mando cuando el Presidente Eduardo Frei le pidió la renuncia en 1994, luego que fuera inculpado de incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia en la investigación por el homicidio de tres profesionales comunistas conocido como Caso Degollados.  Stange renunció voluntariamente un año después. Con posterioridad fue absuelto por la justicia militar.  Y fue la reforma constitucional de 2005, que entre otras materias, restituyó la facultad presidencial de remover los comandantes de las FF.AA. y Carabineros.

Otro caso sobre el poder de Carabineros quedó demostrado durante la gestión del general director Fernando Cordero, en 1997, durante el secuestro de Marlene Martínez, por desconocidos que la mantuvieron en el subterráneo de la Dirección General de Carabineros, para presionar a su esposo el estadounidense Mark Klugman, vocero de los accionistas minoritarios de Enersis perjudicados en venta de la empresa a Endesa España. Cordero se limitó a lamentar que la mujer haya estado “debajo de su escritorio” sin él tener conocimiento. Y por cierto no asumió ninguna responsabilidad de mando.  Este caso podría reactivarse puesto que el 23 de marzo pasado el Consejo para la Transparencia (CPLT) invocó las obligaciones que impone la ley y reiteró a la Dirección General de Carabineros su petición para que le entregue el sumario administrativo, la información de inteligencia y demás archivos relativos al secuestro. En su primera respuesta, el general director Bruno Villalobos adujo que los archivos estaban extraviados. Luego fue llamado a retiro por el Presidente Sebastián Piñera.

También durante la gestión de Cordero se ordenó a personal de inteligencia hacer “seguimientos” a las actividades privadas del propio subsecretario de Carabineros Luciano Fouillioux,  para disuadirlo de que continuara impulsando la reforma procesal penal que el alto mando de aquel entonces rechazaba, porque  reduce el  poder de las policías, al entregar la responsabilidad de la investigación a los fiscales del Ministerio Público. Una vez más Cordero eludió su responsabilidad y sancionó a su jefatura.

Y justamente el general  Villalobos, el general Gonzalo Blue a cargo de inteligencia policial, otros nueve carabineros y el técnico Alex Smith, están próximos a ser imputados por falsificar pruebas para inculpar de incendiar camiones a los ocho comuneros mapuches encabezados por Héctor Llaitu, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco.  Fue este montaje de inteligencia que terminó por desacreditar a  Villalobos y arruinar la credibilidad de la Presidenta Michel Bachelet que, inexplicablemente, lo apoyó hasta el final de su Gobierno.

En el contexto de esta misma investigación penal por la quema de camiones en San José de la Mariquina y Puerto Montt, hubo muestras de poder que rayan en la vulneración al Estado de Derecho. Como cuando Carabineros solicitó al FBI hacer contra peritajes a los teléfonos del grupo de comuneros  detenidos, sin haberlo solicitado el Ministerio Público responsable legal de llevar adelante la acción penal, dando conocimiento de graves sucesos nacionales a una potencia extranjera. O cuando el general Blue dio una conferencia de prensa en donde calificó a los fiscales de amparar el terrorismo motivando la protesta del fiscal Nacional Jorge Abbot. Y la guinda de la torta fue cuando el general Villalobos se fue de vacaciones a Miami sin autorización,  ni siquiera dar aviso a las autoridades de Gobierno,  por cuanto fue llamado a regresar a su puesto.

Para arreglar el “desaguisado”, el general Villalobos haciendo gala del poder con que contaba, dispuso en la Escuela de Carabineros una gran ceremonia policial-militar de despedida a la Presidenta Bachelet, próxima a entregar el mando de la Nación. Como  “el horno no estaba para bollos”,  la Jefa de Estado se excusó de asistir por otros compromisos de su agenda según informó la Moneda.