La reforma educacional chilena cuesta miles de millones que se necesitan en otras áreas como la salud

Cada chileno (17 millones) debería pagar anualmente $191.825 pesos para costear la educación gratuita para la educación superior chilena aprobada durante el Gobierno de Michelle Bachelet si se toma en cuenta un reciente estudio realizado por la Universidad estadounidense de Maryland que estimó el costo de “este milagro” en la cifra de US$ 5.201 millones.

El autor del estudio es Sergio Urzúa académico de dicha universidad, quien es investigador asociado del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC).

La cifra toma en cuenta los cerca de US$ 2.500 millones para financiar este nivel de enseñanza. Es decir, se debiera inyectar más del doble de recursos para cumplir la meta del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, como consigna hoy el diario El Mercurio.

“Hablar de gratuidad sin números es riesgoso, porque son los números los que te deberían llevar al debate”, sostiene Urzúa.

 

 

¿Miró para el lado?

La investigación del experto fue presentada en el seminario “Educación: las caras de la gratuidad”, organizado por el centro de estudios de la UC.

De acuerdo a Urzúa, para alcanzar la cifra se hizo una proyección de la matrícula 2013 para 2014, en función de la última generación de estudiantes que entró a las universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) acreditados.

Tras esto, se determinó el costo per cápita usando como base los aranceles de referencia que el Estado fija para entregar becas y créditos a planteles de calidad, como la Universidad de Chile (para hacer los cálculos de las universidades) y el Inacap (para los CFT e IP). Consideraron además la duración de los programas, suponiendo que los estudiantes se demoran, en promedio, un 30% más en concluir una carrera.

 

 

O…¿nos dio vuelta la espalda?

El académico admite que no es partidario de que la educación superior sea 100% gratuita y, entonces, se pregunta: “¿Por qué una persona que va a ganar $5 millones en la vida laboral no pueden contribuir directamente a su educación?”.

Casi cuatro años de discusión entre los actores involucrados, 18 meses de trámite legislativo y más 100 días de espera desde su aprobación en la Cámara de Diputados, además de la aprobación de 28 disposiciones legales entre leyes y decretos sobre financiamiento, acreditación y becas de educación superior, ayer terminó este largo camino y la Ley de Educación Superior fue publicada en el Diario Oficial, como subraya este miércoles el diario La Tercera.

La publicación

De este modo, comenzó la cuenta regresiva de una serie de plazos que establece la nueva legislación. Como por ejemplo, los 365 días fijados para designar al personal de las nuevas superintendencia y subsecretaría del ramo. Pero hay otro plazo más inmediato y que será el primero en expirar. Se trata de los 60 días que tienen las universidades adscritas a la gratuidad para decidir si se mantienen o abandonan esta política de financiamiento.

Actualmente, son 33 los planteles universitarios y 15 técnicos los que tienen el beneficio. Sin embargo, problemas financieros asociados a la fijación de aranceles -que actualmente aplican hasta el sexto decil más vulnerable- han hecho que algunos pongan en duda su continuidad, agrega La Tercera.

Pero el problema no termina allí. Con la nueva legislación la gratuidad también tendrá un cambio en sus reglas y fijará, además, los aranceles que pagarán los alumnos pertenecientes desde el séptimo al noveno decil, agrega el diario.

Según la ley, los estudiantes sin gratuidad no podrán pagar más allá del 40% del arancel regulado en el caso del séptimo y octavo decil, y un 60% más en el caso del octavo decil. Un escenario, que los rectores de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales han calificado de alto riesgo y, por lo mismo, aparecen como las con mayor riesgo de abandonar esta política pública.

Según La Tercera, mientras el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, señala que la nueva ley establece uno de los cambios más profundos de los últimos 30 años, “y  por lo mismo, “cambios como este siempre están sujetos a que surjan algunos problemas. El gobierno está abierto a corregir las materias que sean susceptibles a mejorar, pero eso hay que evaluarlo durante su implementación”.

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, es más crítico con el nuevo escenario. “La situación cambiará para mal y es probable que se vuelva insostenible para las universidades de mayor arancel”. Esto, pues en su opinión “la masa de estudiantes de los cuatro últimos deciles es más grande en relación a los del 60% más vulnerable”, según La Tercera.

No todos concuerdan con que esta medida podría agudizar el déficit financiero. Ariel Ramos, investigador de política educativa de Educación 2020, señaló a La Tercera que, “la situación no debiese volverse más crítica, porque con una comisión que analice el costo real de las carreras se espera que se acorte la brecha entre su valor real y el arancel referencial, lo que beneficiaría a las universidades”.

Ahora bien, ¿qué pasa si un plantel desea abandonar la gratuidad? La ley dicta un período de cinco años en que las universidades no pueden volver a adscribirse al beneficio. Sin embargo, si la casa de estudios se retira de la gratuidad, ello no afecta a los alumnos que ya poseen el beneficio.

El próximo 29 de julio se cumple el primero de los plazos establecidos por la nueva ley. Hasta esa fecha, las instituciones que están adscritas a la gratuidad con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley podrán avisar al Ministerio de Educación que desean retirarse de dicha política. De lo contrario, se asumirá que continúan adscritas. Este es uno de los puntos más controversiales, pues las instituciones que se mantengan, deberán aceptar las “nuevas reglas” que trae consigo la gratuidad.

Primer cierre de planteles podría darse en 2027

La nueva ley fija que desde el 1 de enero de 2020, todas las instituciones deberán estar acreditadas o en vías de conseguirlo. De no ser así , tendrán que cerrar. Quienes inicien el proceso lo harán bajo los nuevos criterios y estándares de calidad. Sin embargo, los primeros cierres de planteles podrían darse recién en 2027.

Así lo explicó Ariel Ramos, investigador de Educación 2020: “Cuando una institución no logra acreditarse o lo hace por uno o dos años se inicia un periodo de acompañamiento para subsanar sus deficiencias. Luego, pasa por un nuevo proceso de acreditación y si no lo logra, se da curso al revocamiento del reconocimiento oficial y se nombra a un administrador de cierre. En este caso, eso se daría recién en 2026 o 2027”, dijo.