Por Nueva Sociedad y Kradiario

Editado y compilado por Walter Krohne

El resultado de las elecciones en Venezuela es multifuncional. Sirve a todos los contendientes. Se trata de resultados esperados pero que sorprendieron porque abren diversos escenarios de interpretación.

A partir del mismo resultado se lee que Maduro fue reelecto con 68% de los votos, que la abstención superó el 50% –cuando las últimas cinco presidenciales apenas pasaba el 20%–, y que el candidato opositor –con apenas 21%– no reconocerá los resultados y seguirá liderando la oposición electoral.

Distinto es el caso de Nicagragua en esta  convulsión revolucionaria latinoamericana. Aquí aparece el modelo de Daniel Ortega, construido sobre una alianza con el gran capital nacional y el Ejército, con la cual logró contener durante diez años las expresiones de conflicto social. Pero la ola de protestas desarrolladas desde el mes de abril han sacado el descontento a las calles. La represión y la violencia muestran la crisis del gobierno de Ortega, quien intentó sindicar a los manifestantes como criminales y pandilleros. Sin embargo, el movimiento de protesta está liderado por jóvenes estudiantes nacidos en la postrevolución (después de 1990).  Nicaragua está en crisis y la insurrección de abril lo ha dejado en evidencia, afirmó la analista Elvira Cuadra Lira.

El pasado 16 de abril, el presidente Ortega, firmó un decreto ejecutivo que reformaba el sistema de seguridad social. Al día siguiente, cuando lo mandó a publicar, no se imaginó la ola de movilización y protesta social que desencadenaría esa decisión. Su gobierno estuvo al borde del colapso. Pero, ¿de dónde viene y hacia dónde va esta crisis inesperada?

Si bien las protestas comenzaron a comienzos de abril, cuando el gobierno no atendió adecuadamente el incendio que se produjo en la reserva biológica Indio Maíz, una de las más importantes de Nicaragua. Entonces, grupos de jóvenes ambientalistas salieron a protestar demandando una actuación más beligerante por parte del gobierno y fueron reprimidos por la policía

Hoy la crisis está más que desatada y toda la esperanza esta en una mesa de diálogo formada por movimientos sociales y el Gobierno de Nicaragua, la que  acordó acoger las recomendaciones entregadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió un duro y demoledor informe preliminar sobre la situación en el país tras el mes de protestas lideradas por estudiantes, en el que denunció «graves violaciones de derechos humanos» y «con al menos 76 personas muertas».

El compromiso asumido consiste en establecer «un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones», así como «un calendario concreto de nuevas visitas, de tal forma que se forme una comisión de seguimiento». Entre las medidas se incluye el cese de la represión, el respeto al derecho de protesta y garantizar la libertad de expresión.

Las lecturas en el caso de Venezuela

El 52% de abstención en las elecciones venezolanas del domingo tiene un significado,  porque favorece a la oposición. Este porcentaje tan elevado en unas presidenciales será capitalizado especialmente por sus aliados internacionales. Aunque no sea algo influenciado únicamente por ella, implicará más presión para la ejecución de un plan de intervención, embargo o bloqueo a Venezuela.

Otra lectura de lo ocurrido se relaciona con el 21% de apoyo a Henri Falcón. El candidato opositor desconoce los resultados pero podrá sobrevivir como líder de oposición electoral, aunque haya tenido un porcentaje tan magro.

Explicar el resultado de este 20 de mayo implica necesariamente conocer las jugadas que llevaron a la oposición a situarse fuera del escenario electoral y apostar por una política abstencionista.

Para entender por qué la oposición no participó, habría que analizar lo que ocurrió desde que logró arrasar en 2015 en las elecciones legislativas y decidió un camino que terminó sobrevalorando este resultado electoral.

A comienzos de 2016, la oposición –en medio de un ambiente de victoria inédita frente al chavismo– comenzó a presionar por salidas rápidas. Durante el segundo trimestre de 2017 y después que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declarara en «desacato» a la Asamblea Nacional, y a partir de allí comenzó una pugna institucional con violencia de calle y con el liderazgo político opositor que hacía llamados a manifestarse en las calles.  Henrique Capriles –principal líder opositor– fue inhabilitado por la Contraloría General para cargos de elección. Esto lo condujo a mantenerse al margen de una estrategia política-electoral y lo confinó a incorporarse a los actores que promovían manifestaciones de calle.

Hasta allí llegó la victoriosa estrategia de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) del 2015. Tras legislativas, la crisis económica se agudizó rápidamente y hubo desajustes institucionales que hicieron percibir al mundo a un gobierno venezolano en franco deterioro económico y político. Parecía que estaba a punto de caer.

Alianza con los militares

No obstante, Maduro emprendió una estrategia en alianza con los militares. El modo de institucionalidad levantada durante el gobierno de Chávez y el suyo propio, se fortaleció. El gobierno y los militares se cerraron con fortaleza ante las declaraciones de la oposición y sus aliados internacionales, que  subían de tono.

La respuesta a este levantamiento de calle de 2017 fue diseñado por Maduro a través de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) anulando la labor de la Asamblea Nacional (Parlamento) . Con esta estrategia, muy poco democrática y constitucional,  logró descolocar a la MUD, a tal punto que no supo responder ante el llamado de elecciones de gobernaciones en septiembre de 2017, tampoco supo hacerlo para el caso de las alcaldías en diciembre de 2017 y, por supuesto, tampoco para las actuales elecciones presidenciales.

En 2017, la ANC declaró improcedente el triunfo del opositor Juan Carlos Guanipa, por no haberse juramentado en su seno, mientras los otros cuatro gobernadores de oposición sí lo hicieron. Las diferentes tendencias de la oposición tuvieron respuestas disímiles y prefiguraron diversas vías de acción. Estos caminos disímiles disolvieron el escenario electoral que podría haberles dado un triunfo decisivo.

Aunque pueda parecer debilitado por la alta abstención, el resultado parece suficiente para los planes de Maduro. Así éste «ha mostrado ser un político más astuto de lo que muchos pensaban”, como tituló esta semana la BBC.

Ciertamente, muchos actores en el mundo van a entender tarde que la situación en Venezuela es más compleja que las informaciones que giran contra Maduro y sobre la situación misma en la que se encuentra el país.  O, al menos, comprenderán que hay factores de poder que habría que tomar en cuenta, como a la oposición y sus procesos internos, lo mismo que a la hegemonía chavista dentro de las Fuerzas Armadas.

Con el resultado de la alta abstención, la oposición radical tiene más razones para esperar un «día D», parecido al de Panamá en 1989. Mientras tanto, el gobierno ha logrado un nivel de atornillamiento que después de este evento está más cerca de procesos de «perpetuación atemporal», como en Cuba y México. En ambos casos, los partidos de gobierno han tenido la hegemonía total. En el caso de Cuba desde el año 1959, y en el del Partido Revolucionario Institucional de México desde 1929, con un breve intersticio de 4 años, opina Ociel Ali López.

Según Infobae, desde el inició el periodo presidencial de Nicolás Maduro en 2013,  le fue entregado todo el poder a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como garantía del mandatario nacional para ejercer por 5 años la Presidencia del país.

Los sectores más sensibles de la administración venezolana están bajo el control directo de los militares, quienes hoy ocupan un tercio de los ministerios y casi la mitad de las gobernaciones.

Sin embargo, la crisis política y económica que atraviesa el país ha empezado a conmover las bases de la sólida alianza entre Maduro y la FANB.

El  28 de febrero fueron expulsados 24 miembros de la FANB. La causa: «Haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación».

Las fuerzas armadas están empezando a disgregarse y hoy el apoyo ya no es igual cuando Maduro asumió en 2013, al punto de que en el último mes y medio hubo varios rumores de levantamientos, según un reporte del diario La Nación de Argentina.

Maduro utiliza táctica cubana

El régimen de Maduro empezó a poner en práctica una táctica que importa de Cuba: la detención arbitraria y discrecional de un grupo de suboficiales u oficiales de las fuerzas castrenses para instaurar el miedo en el resto de la Armada, señala el diario.

La jerarquía militar venezolana tiene un poder gigantesco. Manejan 20 empresas del Estado, aproximadamente el 45 por ciento de los puestos del gabinete y la distribución de los alimentos.

De los coroneles para abajo, ganan el mismo sueldo que el resto de los venezolanos. Por ejemplo, un coronel venezolano gana 25 dólares al mes. No le alcanza para comer más de dos o tres días. La élite militar está formada por unos 300 generales.

Los rangos inferiores de las Fuerzas Armadas están pasando el mismo hambre que el resto de los venezolanos.

La cúpula está mostrando cierta grieta que proviene de la amenaza de sanciones por parte de otros países como la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza, Panamá porque están empezando apuntando contra las cuentas que ellos tienen afuera, indicó la analista de La Nación, Inés Capdevilla.

Al menos nueve oficiales del Ejército venezolano fueron encarcelados en las últimas cuatro semanas por una supuesta conspiración contra el gobierno de Maduro, según varias ONG dedicadas al monitoreo de actividades militares, entre ellas, Control Ciudadano y Justicia Venezolana. Cuatro de los detenidos son comandantes de alto rango. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha formalizado la expulsión de otros 24 uniformados. Todos ellos están acusados de traición a la patria instigación a la rebelión y el decoro militar por formar parte de un movimiento clandestino denominado Transición a la Dignidad del Pueblo.

Precisamente durante este mes, según la prensa internacional, fueron apresados el mayor general Miguel Rodríguez Torres, excomandante del Ejército y exministro del Interior de Maduro, y el general Alexis López Ramírez, exsecretario del Consejo de Defensa de la Nación. Ambos han criticado públicamente la gestión del presidente y al primero se lo acusó de participar activamente en labores desestabilizadoras, aunque el Gobierno no reconoció la existencia concreta de un movimiento en su contra.

Y volvemos a Nicaragua

La violencia estatal más intensa en este país centroamericano ocurrió entre el 18 y 22 de abril, cuando la policía y los paramilitares asesinaron a más de 40 jóvenes estudiantes universitarios en distintas ciudades del país, desaparecieron unos 20, hirieron a varias decenas y detuvieron a varios cientos. Cuando el resto de la sociedad se enteró de la brutalidad de la represión a través de los medios y las redes sociales, los ánimos se caldearon aún más. Las protestas crecieron y se multiplicaron en todo el país. En esos días, el gobierno decidió censurar a varios canales de televisión independientes, varios periodistas fueron detenidos de manera arbitraria, una estación de radio fue incendiada por grupos afines al gobierno y un periodista fue asesinado aparentemente por la policía.

Entre el 23 y 30 de abril, la represión bajó de intensidad y los ciudadanos realizaron varias marchas con tranquilidad. El sector privado, por su parte, convocó a una marcha el 23 de abril. Cientos de miles de personas participaron en Managua, la capital, y también en varias ciudades. A su vez, la Iglesia Católica convocó a una peregrinación el 28 de abril que resultó más multitudinaria que la anterior con un estimado de más de un millón de personas solamente en Managua, sin contar miles de participantes en acciones similares en el resto del país.

Las manifestacione se enfocaron en dos temas: el restablecimiento de la democracia en Nicaragua y la justicia para las víctimas de la represión del gobierno. El 30 de abril el gobierno convocó a una movilización de apoyo en Managua, en la que participaron principalmente empleados estatales. El propósito era hacer una demostración de fuerza frente al movimiento social. Sin embargo, no lo logró. Muchos empleados estatales no asistieron aun cuando fueron amenazados con represalias.

En los primeros días de mayo se desató un segundo brote de represión por parte de la policía y los paramilitares, cuando grupos de manifestantes pintaban monumentos históricos con los colores de la bandera nacional, grupos que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas policiales. La cantidad de personas asesinadas aumentó a un poco más de 50, mientras que la cantidad de heridos solamente en esos días alcanzó a más de 300 personas. En muchas de las ciudades, la Iglesia Católica intervino tratando de mediar para conseguir el cese de la represión y en la mayoría de los casos los sacerdotes también fueron atacados por la policía. Todo esto es parte del relato de la analista Elvira Cuadra Lira

El presidente Ortega compareció en público el 21 de abril acompañado por varios de sus ministros, la directora de la Policía y el Jefe del Ejército. Atribuyó la responsabilidad de la violencia a los manifestantes y trató de establecer una comparación entre ellos y las maras o pandillas existentes en otros países centroamericanos. Al día siguiente compareció nuevamente, esta vez acompañado por un grupo de inversionistas extranjeros, y aunque insistió en atribuir la violencia a los manifestantes, anunció la revocación del decreto que había desencadenado las protestas y ofreció un diálogo con la mediación de la jerarquía católica.

La propuesta de diálogo fue acogida tanto por la iglesia como por el sector privado, los estudiantes universitarios a la cabeza de la protesta y diversos sectores sociales del país, quienes plantearon que éste debía ser amplio, inclusivo y basado en una agenda que recogiera los dos puntos planteados por la sociedad nicaragüense: justicia y restablecimiento de la democracia. Luego de un complejo proceso de selección de los representantes y de un entendimiento básico con el gobierno, la Conferencia Episcopal a la cabeza de la Iglesia Católica, convocó a una primera sesión para el 16 de mayo a la que asistieron el propio Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. En la sesión, los representantes del movimiento estudiantil le demandaron, a viva voz, el cese de la represión y su salida del gobierno.

El ejército es también clave en Nicaragua

Como también parece ser en Venezuela, uno de los actores claves en cualquiera de los escenarios es el Ejército. Aunque ha mantenido un fuerte protagonismo político a lo largo del tiempo, su perfil público siempre ha sido bajo. En esta ocasión se han mantenido al margen de la situación y solamente se pronunciaron el 12 de mayo afirmando que ningún efectivo militar ha participado en actos de represión y tampoco lo harán apegados a la Constitución y las leyes del país. El posicionamiento generó opiniones a favor y en contra, porque para algunos sería una decisión sensata, ya que una intervención de la fuerza militar significaría escalar los niveles de violencia y cerrar la oportunidad para una salida pacífica y democrática a la crisis.

El ciclo aun no se ha cerrado. Todos los escenarios de desenlace son altamente complejos e inciertos. Casi todos pasan por el diálogo como mecanismo de solución si el Ejército se mantiene al margen y porque la estrategia del gobierno de contener la movilización social con la represión antes del inicio de las negociaciones, no funcionó.

De manera que tanto el gobierno como los representantes de la sociedad, los estudiantes, el sector privado y la misma Conferencia Episcopal, tienen un gran reto planteado. Mucha gente desconfía de sus resultados, pero han decidido darle el beneficio de la duda con la esperanza de que se pueda lograr una salida pacífica y democrática a la crisis. El gobierno lee estos escenarios a partir de lógicas políticas totalmente diferentes a las de los actores sociales. Pero, tanto para unos como para otros, está claro que la insurrección de abril transformó a Nicaragua y el país nunca más será el mismo.

En los dos casos – Venezuela y Nicaragua – la siempre temible  acción de los militares está hoy muy cerca de los confusos acontecimientos políticos.