Por Walter Krohne
La gran noticia en el caso de la aplicación de la Ley de Aborto es que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, resolvió el caso de la objeción de conciencia como lo debe hacer todo Estado moderno y que se respete como tal, obligando a aplicar la Ley como se formuló en los organismos democráticos y se decidió por mayoría de votos come ocurre en una verdadera democracia.
Eso de que “no quiero el aborto de ningún tipo» porque soy religioso no corre ya para un estado laico como Chile, y simplemente no corre porque la Ley indicada se ha hecho para resolver un problema de las mujeres en tres causales que, además, era y todavía es un problema que tenía o tiene el Estado de Chile.
En este sentido los gritos de “ganamos” escuchados ayer en el Congreso son realmente absurdos y no venían al caso, porque en un tema tan serio como este no se trata de ganar o perder, hay que buscar la fórmula más adecuado para resolver un grave problema que se arrastraba por años y que está dentro de las tres causales del aborto. El fútbol y los clásicos se juegan en la cancha entre dos arcos rivales. En política el Gobierno y la oposición tienen como primera tarea luchar por el desarrollo del país y de sus habitantes, y no son rivales en el estricto sentido de la palabra ni tampoco tomando el vocabulario futbolero.
El ministro Emilio Santelices cometió un grave error al aprobar un «nuevo» protocolo de aplicación de la objeción de conciencia consagrada en la ley de aborto. La Contraloría fue concluyente: “el protocolo impulsado por el Ejecutivo no se ajusta a derecho”, puesto que, “además de aprobar meras instrucciones operativas, aprueba un instrumento que reviste las características propias de un reglamento, sin cumplir con las formalidades del artículo 35 de la Constitución Política y sin haber sido remitido a esta Contraloría General para su control preventivo de legalidad”.
Ahora está todo mucho más claro: Las instituciones privadas que invoquen la objeción de conciencia simplemente no podrán mantener más convenios con el Estado y tampoco recibir financiamiento de éste por la sencilla razón de que no están cumpliendo con las obligaciones estatales.
“Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador. En consecuencia, solo las entidades privadas pueden acogerse a la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina”, dice claramente el dictamen de la Contraloría.
Al gobierno no le queda otra cosa que acatar porque así lo resuelve la estructura de un Estado democrático (el compromiso con el estado de derecho). La demostración más clara fue la declaración ayer de la vocera Cecilia Pérez “no compartimos pero acataremos”.
Quien tiene aquí la última palabra política es el Presidente Sebastián Piñera frente al hecho inminente de si se dicta un nuevo protocolo o se acoge el original que igualmente ha sido cuestionado por la Contraloría por no ajustarse tampoco a derecho. Ambos no cumplieron las formalidades constitucionales y no fueron sometidos al control previo de legalidad que efectúa el organismo. El nuevo protocolo deberá llevar la firma de Pîñera, a quien la Contraloría le ha encomendado ordenar esta “curadera o pesadilla del aborto” que parece interminable en Chile y que todos esperan un pronto final-final.
