Un supuesto atentado incendiario en 1989 y la quema de archivos en enero de 2000 por parte de la Dine, son la base de una investigación que lleva adelante el ministro Mario Carroza. Exmilitares involucrados en los hechos fueron citados a declarar el pasado 10 de abril. Y un careo de 2015 que se practicó entre dos de ellos, y que Radio Bío Bío publica íntegramente por primera vez, da cuenta de que el Alto Mando fue informado de la destrucción de microfilms de la CNI mientras se desarrollaba una Mesa de Diálogo.

El 14 de noviembre de 1989, cerca de las 2 de la madrugada, la Escuela de Educación Física del Ejército, ubicada en Valenzuela Llanos 40, comuna de la Reina, sufrió un atentando incendiario. En esas dependencias estaban los archivos de la subsecretaría de Guerra que contenían los expedientes de los Consejos de Guerra tras el golpe militar de 1973, una información clave en diversas causas de derechos humanos.

La investigación en la época, a cargo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), determinó que se trató del impacto de un cohete Low, lanzado desde unos 300 metros. Incluso se encontró un cartucho que habría tenido la sigla FMR, en alusión al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Un testigo, el sargento Jorge Améstica, hoy fallecido, aseguró que cuatro sujetos con pasamontañas salieron arrancando tras la detonación.

Pero casi 30 años después, el caso podría tener un vuelco. El ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, tras un primer informe de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos (BRIDEHU) de la PDI, al que tuvo acceso en exclusiva Radio Bío Bío, citó a declarar 13 exuniformados que se encontraban de guardia el día del supuesto ataque con el cohete Low, para indagar qué pasó efectivamente la madrugada de ese 14 de noviembre de 1989.

Además, ordenó interrogatorios para Eduardo Quiroga Cortés, que estaba a cargo del resguardo de los documentos, y Bernardo Castro Rojas, oficial que ocupaba el cargo de director de la Escuela de Educación Física del Ejército. A estos exuniformados se suma la citación para Aida Segovia Crisóstomo, archivera (S) de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).

En la investigación de Carroza aparece como querellante la fundación Londres 38. Su vocera, Gloria Elgueta, llamó a las actuales autoridades a que ejerzan su mando sobre el Ejército para que identifiquen responsabilidades.

“Las Fuerzas Armadas deben responder respecto de su responsabilidad y de la información que nosotros positivamente sabemos que ellos poseen y de los archivos que nos consta que aún mantienen, a pesar de los archivos y documentos que también sabemos que han destruido”, dijo Elgueta.

Fuente: Radio Biobío