Por Enrique Fernández
Si, hubo un tiempo en que los jueces no eran de izquierda. Fue aquel tiempo en que Chile era un “oasis de paz”, con una dictadura apoyada por el partido en el que milita el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín (foto derecha).
Ahora, en cambio, el Poder Judicial está infiltrado, según la apreciación ministerial.
“Si miran y analizan la estructura de los jueces se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, cuatro años hemos tenido gobierno de derecha y 24 años gobiernos de izquierda”, afirmó el ministro Larraín, hablando este fin de semana en un congreso de su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El revuelo que desató su grave acusación es sólo equivalente al vendaval de críticas que dejó el Cardenal Ricardo Ezzati, cuando comparó con perros y gatos a las personas que quieren modificar su identidad sexual. El Cardenal indicó después que fue mal interpretado mientras que el ministro explicó que su denuncia contra los jueces fue formulada en una reunión privada. Reunión privada… donde había micrófonos y periodistas de diferentes medios de comunicación.
Una explicación digna del diputado Florcita Motuda, pero no de un miembro del gabinete ministerial del Presidente de la República. Con esa visión de la realidad, si Larraín fuera Canciller en lugar de secretario de Justicia, le habría declarado la guerra a algún país vecino.
A diferencia de la hostilidad que siente hoy contra los magistrados el ex Presidente de la UDI, esa organización conservadora fue aliada durante 17 años del régimen que encabezó Augusto Pinochet, cuando la dictadura tomó el control absoluto de los tribunales, empezando por la Corte Suprema. Gracias a ese control el Poder Judicial rechazó 10.000 recursos de amparo o “habeas corpus” presentados en favor de quienes caían detenidos en manos de los agentes de la secreta DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y la CNI (Central Nacional de Informaciones).
Dentro de la lista de esas 10.000 peticiones rechazadas figuran los nombres de los miles de desaparecidos y asesinados. Por cierto, los miembros de las cortes de apelaciones y la Suprema no eran entonces jueces de izquierda.
Un ejemplo histórico del control dictatorial y la complicidad de los tribunales fue el juez Israel Bórquez, que asumió la Presidencia de la Corte Suprema en marzo de 1978. Semanas después los periodistas lo abordaron y la preguntaron cómo marchaban las investigaciones para localizar a más de mil detenidos desaparecidos. Su respuesta pasó a ocupar un lugar en la historia, cuando dijo:
“Me tienen curco con los desaparecidos”.
En su condición de máxima autoridad del Poder Judicial, el juez Bórquez tuvo un activo papel para evitar la extradición que pedía Estados Unidos del general Manuel Contreras, jefe de la DINA, por el atentado explosivo contra el ex canciller chileno Orlando Letelier, cometido en pleno centro de Washington. En cambio, al margen de cualquier proceso judicial que bien poco le importaba, Pinochet entregó a Estados Unidos al agente Michael Townley, quien luego confesó ante los tribunales norteamericanos haber recibido “órdenes superiores” para instalar la bomba bajo el auto de Letelier, que murió junto a su colaboradora estadounidense Ronnie Moffit el 21 de septiembre de 1976.
Cuando los jueces no eran de izquierda como ahora, tampoco investigaron el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en una calle de Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974. Autores del crimen fueron el agente Townley y el capitán Armando Fernández Larios, según determinó la jueza argentina María Servini de Cubría. Cuando en Chile se restableció la democracia, la justicia del país vecino pidió la extradición de Pinochet, como autor intelectual del crimen, pero la petición fue denegada. El caso se cerró en Buenos Aires –y no en Santiago- en agosto de 2004: El tribunal condenó a prisión perpetua a otro agente de la Dina, Enrique Arancibia Clavel, que tiempo después obtuvo su libertad condicional y murió apuñalado en la capital argentina.
¿Es posible concebir que existan jueces de izquierda o de derecha, como piensa el ministro? ¿A qué partido político pertenecen los miembros de las cortes de apelaciones, la Corte Suprema, la Corte Marcial o los tribunales de garantía?
“El partido de los jueces es la Constitución y la ley. Si eso es ser de izquierda, entonces somos de izquierda”, respondió el Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, al referirse a la acusación de Larraín.
“Creo que el ministro replica una caricatura que revela una confusión conceptual inapropiada para su cargo”, agregó el representante de los jueces.
Estimado Javier, muy buena tu columna. Precisa y concisa, pero que apunta a los aspectos esenciales del tema. Felicitaciones. Sólo agregaría que si bien, el ministro – posteriormente – explicó que su denuncia contra los jueces fue formulada en una reunión privada, y aunque así fuere, no deja de manifestar su pensamiento y convencimiento más profundo. Y como corolario diría que a la derecha siempre le gusta jugar con las cartas marcadas. La historia de nuestro país está plagado de dolorosos y sangrientos ejemplos de lo anterior.