Por Walter Krohne

La afirmación del comandante del Ejército Brasileño, general  Villas Bôas, de la semana pasada de que el mando militar «comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad» ha sido respondida por varios medios de comunicación y dirigentes políticos diciendo que Brasil debe celebrar elecciones en un clima de estabilidad y que políticos, jueces y militares están obligados a conseguirlo.

La poco afortundada declaración del militar fue realizada vía twitter a  pocas horas del inicio de la sesión del Supremo Tribunal Federal (STF), que envió definitivamente a la cárcel al ex Presidente Lula da Silva en Brasil.

El pronunciamiento del comandante del Ejército es un verdadero salto en la intromisión de las Fuerzas Armadas en la política brasileña. El objetivo de Villas Bôas (en la foto a la izquierda aparece saludando al Presidente Temer)  con estas declaraciones no fue otro que el de presionar sobre la decisión del Supremo Tribunal, adelantando que no aceptaría que confirmen el habeas corpus para Lula. Es decir, que el Ejército no aceptaría otra resolución que la de prisión para Lula, comentaron sectores políticos opositores  a Temer en Brasil.

Ministro de Temer se candidatea

Con la clara intención de beneficiarse con el vacío de poder que se registra en Brasil tras el encarcelamiento del ex presidente Lula da Silva, el actual  ministro brasileño de Hacienda, Henrique Meirelles, confirmó que dejará su puesto para competir en las elecciones presidenciales y parlamentarias  de octubre, en las cuales también se elegirán nuevos gobernadores.

Meirelles, recién afiliado al Movimiento Democrático Brasileño (MDB), partido del presidente Michel Temer, dijo solamente que participará en las elecciones, pero sin precisar si será para el cargo de Presidente de la República. Su base política no está en el partido sino en el hecho que ha conseguido sacar al país de la recesión y de las cifras en rojo.

“Hoy termino un ciclo muy importante en mi vida. Siempre estuve al servicio de Brasil, sin importar el partido que estuviera en el gobierno. He tenido el placer de ayudar al país a salir de  graves crisis económicas en dos momentos”, declaró.

El ministro defendió su propio legado, afirmando que, después de asumir el cargo en 2016, tuvo que enfrentarse al desempleo, al aumento de la pobreza y a la disminución de los ingresos. “Tuvimos el coraje de someter Brasil a las decisiones económicas correctas. Hoy, la inflación se ubica en los niveles más bajos de la historia; superamos la recesión y comenzamos a generar empleos”, agregó a la Agencia de Noticias del Brasil.

Eduardo Guardia, secretario ejecutivo de la cartera, reemplazará a Meirelles. Guardia tiene el aval de Temer para avanzar en los planes de ajuste fiscal y recuperación económica.

Meirelles asumió la titularidad del Ministerio de Hacienda en mayo de 2016, después que Temer ascendió a la presidencia tras el juicio político contra Dilma Roussef.

Sin embargo, frente al Gobierno  de Temer, una encuesta divulgada  por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) muestra que el porcentual de los brasileños que describen el gobierno como bueno o excelente disminuyó del 6% al 5% en comparación con la encuesta anterior, realizada en diciembre de 2017. “Los cambios están dentro del margen de error”, explicó Renato da Fonseca, gerente ejecutivo de Investigación y Competitividad de CNI.

Aquellos que calificaron el gobierno de malo o pésimo pasaron del 74% al 72%, mientras que los que lo describieron como regular ascendieron al 19% en diciembre de 2017 y ahora suman el 21%. El 2% no sabían o no quisieron responder. El sondeo se realizó entre el 22 y el 25 de marzo y entrevistó a 2 mil personas en 126 municipios del país. El margen de error es de 2 puntos porcentuales hacia más o menos y el nivel de confianza es del 95%.

De acuerdo con la encuesta, el 87% de la población desaprueba el estilo de gobierno de Temer, el 9% lo aprueba y el 4% no supieron o no quisieron responder. En cuanto a la confianza en el presidente, el 89% dijeron que confían en Temer, el 8% declararon lo contrario y el 3% no supieron o quisieron responder.

En todo caso, las  noticias relacionadas con la corrupción siguen como las más recordadas por parte la población. De acuerdo con la CNI, el 19% de los entrevistados mencionaron al menos una noticia sobre el tema. Otros temas candentes incluyen la intervención en la seguridad de Río y la reforma al sistema de pensiones.

La prisión de Lula

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, recluido desde el sábado en una celda en Curitiba para cumplir la pena a 12 años de prisión a la que fue condenado por corrupción, está bien pero indignado por su situación, dijo hoy su abogado tras visitarle en la prisión.

“Está bien aunque indignado con esa situación”, afirmó Cristiano Zanin, uno de los miembros de su equipo de defensa, en un vídeo divulgado por el Partido de los Trabajadores (PT) que grabó poco después de reunirse con el exgobernante en su celda en la sede de la Policía Federal de la sureña ciudad de Curitiba.

Zanin ha sido hasta ahora la única persona, fuera de carceleros y policías, con la que el considerado líder más carismático en la historia de Brasil ha tenido contacto desde que se entregó a la Policía en Sao Paulo y fue trasladado a Curitiba.

Pese a que numerosos dirigentes políticos se han concentrado en Curitiba para presionar por la puesta en libertad del actual líder,  por ahora Lula sólo podrá recibir la visita de sus abogados.

Según Zanin, la indignación del antiguo dirigente sindical obedece a que considera totalmente injusto tanto el juicio en el que fue condenado como la orden de prisión dictada el jueves para que comience a cumplir la pena.

“Evidentemente la prisión fue ordenada sin fundamentos jurídicos, bien sea porque fue condenado sin base legal o porque la Constitución no admite la anticipación del cumplimiento de la pena”, dijo el abogado, que se negó a hablar con la prensa al salir del edificio policial, pero grabó el vídeo pocos minutos después en el taxi que abordó.

Mientras tanto, el ex presidente sigue en prisión en Curitibia y sin posibilidades aparentes  de evitar los 12 años de cárcel al que fuera condenado por corrupción en el famoso caso de la multinacional Odebrecht que manchó la imagen de honestidad estatal en varios países de América Latina, además de Brasil, como Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana y Ecuador entre otros.

En una democracia nadie está por encima de la ley, se comentó este fin de semana en Brasil y en otros países latinoamericanos y europeos. El cumplimiento de esta y las resoluciones de sus tribunales no puede convertirse en algo excepcional, sino que se inscribe en la normalidad democrática independientemente de quién sea afectado.

Lula, que durante su etapa como presidente contribuyó a sacar de la pobreza a 20 milllones de brasileños y a modernizar el país, ha gozado de las garantías establecidas por la ley para su defensa, incluido el último recurso para evitar su entrada en prisión, pero el Supremo por apenas un voto de margen —seis contra cinco— ha decretado esta semana su encarcelamiento. Y la ley debe cumplirse. La negativa inicial de Lula, apoyada por numerosos simpatizantes, ha antepuesto los intereses electorales del Partido de los Trabajadores (PT) al respeto al Estado de derecho en un año crucial para su país, editorializó el diario El País de España.

Aunque la ejecución de la sentencia no inhabilita a Lula para continuar la actividad política —al menos hasta el próximo agosto, cuando se debe formalizar oficialmente la candidatura—, supone un durísimo revés para el histórico líder político y su partido ante las elecciones.

Pero en la polémica por el recurso de Lula se ha introducido un factor preocupante: la irrupción en el debate político de altos jefes militares en activo, incluyendo al comandante en jefe del Ejército, Eduardo Villas-Bôas. Que dirigentes del Ejército utilicen un lenguaje amenazante a través de las redes sociales es de todo punto inaceptable. Brasil es una gran democracia consolidada que, a pesar de sus vicisitudes, no necesita unas Fuerzas Armadas que abandonen su papel constitucional y pretendan tutelar a los políticos o a los jueces, agregó El País..

No se trata de un episodio aislado, sino de una tendencia que ha venido adivinándose desde hace un tiempo y que ha incluido alabanza pública de ex altos mandos a conocidos torturadores de la dictadura (1964-1985), la petición pública del citado general Villas-Bôas para que el Ejército desplegado en Río de Janeiro no sea escrutado en sus acciones o diversos actos del candidato presidencial de extrema derecha Jair Bolsonaro realizados en algunas instalaciones militares.