La Comisión internacional Justicia Cuba divulgó una lista de 42 acusados de delitos de lesa humanidad del castrismo, encabezada por el presidente Raúl Castro, junto con evidencia “sólida” para que sean “juzgados y condenados” en tribunales nacionales, internacionales o especiales. La Comisión  presentó al Departamento de Estado en Washington una “lista negra” compuesta por militares y funcionarios al servicio del régimen cubano para que sus posibles cuentas bancarias o activos en EE UU sean congelados.

Se trata de un listado preliminar en el que aparecen los nombres de 42 personas, relacionadas con la dictadura de los hermanos Castro, por su participación en hechos violatorios de los derechos humanos y de otras libertades en la isla caribeña, que encabeza Raúl Modesto Castro Ruz, quien cumple 10 años en el poder, luego de servir 49 como segundo al mando de la dictadura castrista, del que se espera que entregue el manejo de la nación insular el próximo 19 de abril. Sin embargo analistas han comentado que esta presión ejercida por la mencionada Comisión Justicia  impedirá a la larga que se concreten en Cuba cambios políticos reales y sustantivos. Es decir, desde ya con esta amenaza permanente a los castristas, éstos perferirán permanecer indefinidamente en Cuba donde cuentan con  protección estatal.

Los nombres fueron dados a conocer  en Miami por el jurista mexicano René Bolio y el activista de derechos humanos y expreso político chino Yang Jianli, presidente y cofundador de la Comisión Justicia Cuba, respectivamente.

Asimismo, acorde con Bolio, se solicitó que si algunas de las personas que se mencionan en el listado tuvieran visa para ingresar a EE UU, sean revocadas de manera inmediata, al tiempo que si otras de esas personas se encuentran viviendo en esta EE UU se les investigue y condene por los delitos que hayan cometido a nombre de la dictadura de Cuba.

“Tenemos muy claro que estos crímenes contra ciudadanos, civiles, prisioneros políticos, personas desarmadas, son parte de una política de Estado para mantenerse en el poder, y no queremos que queden impunes”, subrayó Bolio.

Otro de los miembros de la comisión Justicia Cuba, el activista chino por los derechos humanos Yang Jianli, dijo que las personas que han estado vinculadas a las atrocidades cometidas por la dictadura cubana “deben saber que los vamos a perseguir y los vamos a llevar a prisión algún día”.

Además del presidente Castro, la “lista negra” incluye, a los funcionarios cubanos sindicados “directamente” de las muertes de 37 personas tras el hundimiento del remolcador “13 de marzo” en 1994 y de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, dos años después.

Quince de ellos además están vinculados con la muerte de Orlando Zapata Tamayo, fallecido hace ocho años tras una huelga de hambre en una cárcel cubana y considerado uno de los principales símbolos de la disidencia cubana dentro y fuera de la isla.

Bolio dijo a la agencia española efe que se trata de casos bien documentados y con evidencia sólida de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad que pueden ser juzgados en cortes de países que “tienen legislación que lo permite” como Alemania, España, Bélgica y también en cualquier corte nacional “porque se trata también de homicidios”.

Señaló que sólo dos de los acusados ya han sido “juzgados y condenados”: los tenientes coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez, quienes enfrentaron en ausencia a la Justicia en Estados Unidos por derribar las dos avionetas de la organización del exilio Hermanos al Rescate por cazas cubanos en 1996.

El jurista mexicano y Jianli explicaron que la idea es hacer uso de una gran variedad de mecanismos legales internacionales ya existentes para acabar con la impunidad que ha permitido que “actores del Estado”, en este caso de Cuba, violen los derechos humanos de “cubanos y venezolanos”.

Ello, mientras la Comisión avanza en la creación de un “tribunal especial”, que, según Bolio, tendrá como sede un país europeo y a la que se someterán cada vez más casos a medida que “vayan consolidando evidencias claras y sólidas”.

Bolio señaló que está en conversaciones con países europeos que pueden patrocinar la constitución de ese tribunal y que espera tener este año “acuerdos serios” al respecto.

Precisó que la idea es que los de la lista enfrenten “sanciones administrativas preliminares”, amparados en leyes estadounidenses que castigan a violadores de derechos humanos.

Con la publicación de los nombres de los 42 acusados de delitos de lesa humanidad, los integrantes de la Comisión pretenden también que Interpol, la policía internacional, los incluya en su “lista roja”.

En ese sentido, Jianli se lamentó que la Interpol esté “politizada” actualmente al estar presidida por el viceministro chino de Seguridad Pública, Meng Hongwei.

En menos de un año desde su creación, la Comisión Justicia Cuba para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Castrista ha realizado dos audiencias públicas, una en Miami y la otra en Washington.

Para este año están previstas otras dos audiencias, dijo Bolio a Efe, en la que comparecerán más víctimas y testigos de delitos que corresponden a la categoría de lesa humanidad.

Ambos además hicieron un llamado a los funcionarios cubanos que no han cometido dichos crímenes para que se inhiban de hacerlo si no quieren enfrentar en el futuro juicios y sanciones internacionales.

Entre tanto, Silvia Iriondo, presidenta de Madres y Mujeres contra la Represión (MAR), quien acudió a la rueda de prensa, resaltó que ningún cubano hace parte de la Comisión, que fue creada por activistas de derechos humanos y políticos en marzo del 2017 “tras el aumento de represión” en la isla, particularmente contra mujeres opositoras y sus familias.

La Comisión la integran diez abogados de diez naciones de Europa, América y Asia.