El Gobierno de Perú reconsideró la participación de Venezuela en la Octava Cumbre de Las Américas a realizarse en este país entre el 23 y el 25 de marzo próximos. Así, la decisión de no recibir a Maduro en la Octava Cumbre se basó en la declaración de Quebec que determina que cualquier alteración o ruptura institucional de orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de Las Américas.
La crisis económica venezolana es tan profunda que ha llevado a este país caribeño a perder nuevamente el derecho a voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por incapacidad de pagar sus aportes a esta organización internacional, lo que aislará más aún a este país en el escenario mundial.
La pérdida de su derecho ocurrió este lunes y su vigencia es temporal mientras no reanude sus pagos.
Las normas de Naciones Unidas establecen ese castigo para los países miembros que tienen pagos pendientes por una cantidad igual o superior a las contribuciones que les correspondían durante los dos años anteriores.
Lo mismo le ocurrió a Venezuela el año pasado. Tras saldar parte de su deuda, logró recuperar el derecho a votar tiempo después. Es una incógnita si podrá conseguirlo ahora, que enfrenta una crisis financiera mucho más profunda.
Stéphane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas, dijo que otros seis países estaban en la misma situación que Venezuela. Todos enfrentan crisis catastróficas: República Centroafricana, Dominica, Guinea Ecuatorial, Granada, Libia, Surinam y Yemen.
La ONU admite excepciones a su regla bajo condiciones específicas. Fue el caso de Comoras, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Somalia, a pesar de figurar en la lista negra de deudores.
La crisis venezolana se agrava más y más a medida que pasa el tiempo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) había estimado en octubre de 2017 que el PIB venezolano bajaría 6% este año. Sin embargo esta visión ya ha sido superada por otros indicadores que señalan un desplome de 15% y una inflación de hasta 13.000%. De confirmarse esta previsión, el país sudamericano experimentaría una contracción de casi el 50% en los últimos seis años.
La crisis de PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) explica parte del deterioro económico venezolano. El Fondo apuntó que este escenario en Venezuela es resultado de «significativas distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos exacerbados por el colapso de la exportación petrolera». Los títulos de deuda emitidos por Venezuela se encuentran técnicamente en situación de default, de acuerdo con una nota emitida el pasado 8 de enero por la Asociación de Corredores de Mercados Emergentes (EMTA, en inglés).
Estas obligaciones son consideradas desde ahora flat trading, es decir, que ya no interesan, y su precio es únicamente su solo valor nominal.
La situación real
Comprar hoy un kilogramo de carne, si la hay, o un pedazo de queso en Venezuela es una verdadera odisea. Todo por culpa de la hiperinflación, la recurrente escasez de productos básicos y el aparatoso desplome de la economía que atraviesa el vecino país.
De allí que el astronómico aumento de los precios se haya convertido en una peligrosa ruleta a la cual le apuestan a diario los hogares cuando acuden a los supermercados.
Un ejemplo típico de esa galopante espiral alcista se refleja cuando alguien compra un artículo en la mañana por 50.000 bolívares, pero al anochecer el mismo cuesta 80.000 bolívares, o más. Eso rompe cada 24 horas y sin contemplación, el bolsillo de las personas que dependen del salario mínimo (foto derecha, venezolanos buscando comida en los basurales).
Mientras tanto en el mercado cambiario paralelo el dólar se paga a 100.000 bolívares, pues en el oficial hay permanente sequía de esa divisa.
A pesar que el Gobierno chavista-socialista de Nicolás Maduro reajustó en seis ocasiones el salario mínimo en 2017 y decretó un alza del 40% a principios del 2018, de nada ha servido para atajar la hiperinflación.
En las dos últimas semanas, alrededor de 300 supermercados y tiendas han sido blanco de los saqueos por parte de turbas en varios estados venezolanos.
Ante la aguda escasez de alimentos, la desesperación llevó a muchos venezolanos —arriesgando sus vidas— a saquear tiendas y pequeños negocios en los últimos días, porque no hay dinero y el poco que ganan no les alcanza para satisfacer a sus familias.
Otros bloquearon carreteras de acceso a las ciudades para robar camiones que transportan azúcar y harina.
En solo el Estado de Mérida, en enero murieron diez personas, baleadas por la Policía Bolivariana que repelía saqueos.
Situaciones similares se presentaron en los estados de Trujillo, Aragua y Guarico.
Un asombroso 87% de los venezolanos dice que no tienen dinero para comprar suficiente comida, según la más reciente evaluación del nivel de vida de la Universidad Simón Bolívar. Aproximadamente el 72 por ciento del salario mensual se gasta sólo para comprar alimentos, según el centro de documentación y Análisis Social, un grupo de investigación asociado a la Federación Venezolana de maestros. En abril, encontró que una familia necesitaría el equivalente de 16 salarios mínimos salarios para alimentarse correctamente. El propio gobernador de Mérida, Ramón Guevara, relató que la crisis alimentaria también ha precipitado a las personas a asaltar haciendas para sacrificar reses a pedradas para obtener su carne, un alimento que es un verdadero lujo en Venezuela.
Según el investigador de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, la magnitud de la crisis “es un abismo sin fondo, pues siempre se puede estar peor” en ese país.
Y entre las peores cosas está la pérdida de valor del bolívar, al punto de que en Cúcuta, en plena zona fronteriza, no se pagan más de 0,035 pesos por cada uno. De allí que muchas familias venezolanas dependan de lo que les envían sus parientes en Colombia.
Hace poco una familia caleña envió $50.000 a Venezuela (1.750.000 bolívares), pero en los cajeros solo se les permite retirar 5000 bolívares al día.
El investigador Rodríguez resalta que por ello, es un verdadero dilema saber cuándo frenará la aparatosa caída económica de ese país, pues solo en el 2017 el Producto Interno Bruto, PIB, retrocedió 15 %, el más drástico en América Latina.
La crisis económica en paralelo ala crisis política
El canciller chileno Heraldo Muñoz participó este martes en una reunión del denominado Grupo de Lima (conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) que en República Dominicana intento una solución política negociada y pacífica a la crisis política venezolana. En este contexto el ministro declaró en Lima que este había sido el objetivo intentado en República Dominicana. «Eso es lo que intentamos y a eso fue México y Chile de buena fe» para lograr un diálogo entre la oposición venezolana y el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. «De hecho el documento que se negoció tuvo el aporte sustancial de ambos cancilleres que estuvimos allí, pero lamentablemente no hubo la voluntad política de llevar esto a buen término», indicó.
Muñoz fue enfático al decir que «nunca vamos a estar a favor de la intervención militar» en Venezuela, agregando que «»hay que descartar cualquier mención del uso de la fuerza», asegurando que «nunca vamos a estar a favor» ni de esa ni de cualquier otra acción de «otra naturaleza». Agregó que este grupo busca «una salida pacífica, electoral, una salida política (…) hay que descartar cualquier mención siquiera del uso de la fuerza».
Las palabras del Canciller se relacionan con la denuncia del Fiscal general de Venezuela de un plan de «invasión militar» desde Colombia.
Perú convocó al Grupo de Lima para analizar las polémicas elecciones en Venezuela, adelantadas por el Gobierno de Maduro y en contra de la oposición. El canciller puntualizó que se buscará entregar un «mensaje claro» de lo que piensa la «mayoría de la comunidad latinoamericana», en el contexto de los comicios que «ha llamado unilateralmente» el Gobierno de Nicolás Maduro para el próximo 22 de abril. En ese sentido, afirmó que las elecciones «no cumplen con ninguna de las condiciones democráticas, libres, transparentes y con las garantías que todo el mundo conoce en una elección democrática», y que pensarán en «cómo podemos contribuir todavía a que Venezuela salga de esta situación tan grave en que está, y que no es sólo política, sino que es social, humanitaria, económica».
La tarde de este martes, a través de una declaración pública, los cancilleres del Grupo de Lima rechazaron las elecciones anticipadas a las cuales el Gobierno de Venezuela convocó para este 22 de abril.
Según los jefes de las diplomacias latinoamericanas, no existen las garantías para asegurar que éste sea un proceso democrático y que no puede haber “elecciones libres” con presos políticos y son la participación plena de todos los partidos políticos.
De esta forma, la instancia no avaló los comicios organizados por la administración del presidente Nicolás Maduro, a quien llamó a reconsiderar su decisión y a formular un nuevo calendario electoral.
En la declaración -que no tuvo sanciones para la nación caribeña- también aclararon que debido al “continuo deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela”, el Gobierno de Perú reconsideró la participación de Venezuela en la Octava Cumbre de Las Américas a realizarse en dicho país, con los miembros del grupo respetando la decisión.
La decisión de no recibir a Maduro en la Octava Cumbre se basó en la declaración de Quebec que determina que cualquier alteración o ruptura institucional de orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de Las Américas.
Éstos, además, confirmaron que tomaron nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación
