Por Walter Krohne

Todo parece indicar que con el “descalabro” ocurrido hoy en el tribunal de Temuco en la audiencia sobre la “operación Huracán”, el director de Carabineros, general Bruno Villalobos, que hace una semana estaba dispuesto a comenzar vacaciones con su familia a bordo de un crucero que lo iba a pasear por el Caribe mientras en Santiago y precisamente en su institución “ardía Troya”, tendría ahora sí sus  días contados, como repetían esta tarde distintas voces de la política nacional.

Ya en la postrimería del gobierno de Michelle Bachelet no hay más voluntad de acción ni siquiera deseos de seguir estirando un elástico que podría cortarse en cualquier momento con consecuencias peores para la historia o el “legado” de este Gobierno que los que ya padece y que los cerebros de La Moneda no han sido capaces de resolver.

En medio de la crisis en la institución policial, el ministro del Interior, Mario Fernández, indicó que el pedido de salida de Villalobos «emergió de los medios» y que el actual Gobierno esperará los resultados de la investigación antes de tomar medidas, indicó a  La Tercera hace algunos días. ¿Tomará entonces ahora las medidas que correspondan?

La verdad es que este viernes el Gobierno sufrió un muy serio revés en el tribunal, luego de que el juez rechazara reabrir la investigación de la indagatoria que buscaba resolver una serie de atentados en el sur del país. Precisamente la Intendencia de La Araucanía había solicitado continuar con la investigación que intentaba esclarecer las responsabilidades en los ataques incendiarios y que tenía como imputados a diez comuneros mapuches.

Hay que resaltar que la decisión del juez Federico Guitérrez fue dejar libre de toda culpa a los  imputados por delitos terroristas, afirmando que no existen medios probatorios para consignar la responsabilidad de ellos en los hechos que se les imputaban. Es decir, si los diez liberados fueran realmente terroristas, se les habría dado hoy luz verde para poder seguir planeando acciones que estén fuera de la ley, porque si son terroristas, con orientación o sin ella, continuarán siendo terroristas y punto.

El de la Araucanía es un conflicto o, mejor dicho una crisis humana nacional e histórica, muy aguda y donde ningún gobierno de la nueva democracia ha podido diseñar o esbozar siquiera una solución de largo plazo, con la única excepción del Presidente Patricio Aylwin quien tenía un proyecto en esa dirección pero que  contó con el rechazo de la oposición de derecha entonces y sectores de la ex dictadura pinochetista.

El presidente electo Sebastián Piñera calificó de “muy grave” el hecho que la justicia decretara en el tribunal de Temuco el sobreseimiento definitivo de los imputados en la denominada Operación Huracán, luego de considerar que los antecedentes que fundaban la investigación carecían de anomalías, con base en la presunta manipulación de información (teléfonos celulares de los ex imputados) que habría realizado Carabineros. Sin embargo hay que preguntarse si ¿no pasaron cosas similares a estas en el primer Gobierno de Piñera en relación a nuestros pueblos originarios o relacionados con el mundo del terrorismo? ¿Hubo algún plan o acción que cambiara la cara de la Araucanía bajo su administración?

«Que dos instituciones que deben estar al servicio de la seguridad de los chilenos se estén acusando mutuamente de la comisión de delitos es algo que no conocíamos en nuestro país», dijo Piñera.

El defensor público Juan Pablo Alday estaba en las puertas del tribunal más contento que nunca señalando que ninguno de los diez acusados podrá ser investigado por este caso nuevamente.  Caso cerrado y bien cerrado, entonces!

Este conflicto va más allá y preocupa  más de la cuenta o de lo que le corresponda en la actualidad al gobierno entrante de Piñera y hoy la futura vocera de La Moneda Cecilia Pérez  sostuvo que la permanencia del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, a partir del 11 de marzo (día de la asunción de Piñera), será una decisión que el Ejecutivo tomará al conocer todos los antecedentes del escándalo Huracán.

«Lo que vamos a hacer es que, cuando podamos tener acceso a toda la información, podremos formarnos una opinión, dar a conocer una decisión con respecto a este caso», agregó Pérez.

La audiencia de hoy del tribunal  se extendió por siete horas y la defensa, para pedir la resolución que declara como terminado el proceso penal de los 10 imputados, detalló situaciones a su juicio irregulares en torno a la evidencia.  Una de ellas fue el hecho que los teléfonos celulares de los ex acusados Héctor Llaitul, Claudio Leiva y Martín Curiche contuvieran conversaciones en un formato «que no corresponde a mensajería». Los intercambios estaban almacenados como archivos de texto (.txt), cuando las conversaciones de extremo a extremo se guardan en .db.  Además mencionaron la multiplicidad de archivos idénticos en diferentes carpetas y el detalle de que, en algunos casos, las rutas de almacenamiento no correspondieran a las utilizadas por el sistema operativo.

La defensa de los mapuches se concentró en la inexistencia de otro tipo de antecedente biológico, químico, georeferencial o de cualquier otro tipo que pueda dar a los imputados el carácter de asociación ilícita terrorista.

La abogada de Martín Curiche,  Manuela Arroyo, fue más al fondo del asunto: «Esto es una gran farsa, y no solo una gran farsa, sino una gran vergüenza para todos los que estamos aquí», afirmó, agregando que el software utilizado para obtener las conversaciones fue hecho por «un chanta» (un inexperto o entrometido sin conocimientos técnicos reales). «Negar el hecho de que se está imputando terrorismo a personas solo por el hecho de ser mapuches es tapar con un dedo el sol», agregó.

¿Será este el último capítulo «Araucanía» de la actual administración? Lo veremos.