Ya lo dijimos: Todos los corruptos quedarán libres. Así se demuestra una vez más con la petición del fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez que pidió al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseer 58 casos de imputados en la investigación contra Soquimich por platas para la política captadas ilegalmente a través de boletas y facturas ideológicamente falsas.

El tema es que entre los implicados y ahora favorecidos figuran personas e instituciones vinculadas al ex presidente Eduardo Frei,  al ex ministro y senador Pablo Longueira y a la presidenta Michelle Bachelet.

Esta emisión o facilitación de boletas fueron realizadas a SQM S.A. SQM SALAR S.A. y SQM industrial S.A.. Estos hechos son delitos o ilícitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 Nº 4 inciso final del Código Tributario. La audiencia para «el gran e histórico sobreseimiento» quedó fijada para el 22 de marzo en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago con el argumento de que los hechos «estarían prescritos».

Todos los delitos están penados con cárcel de cinco años, pero como el tiempo de investigación «transcurrió muy rápido o se extendió excesivamente», estos delitos están ahora en condiciones de ser sobreseídos como casos penales que es lo que se haría el 22 de marzo.

En la indagatoria, iniciada en 2015, la fiscalía persigue presuntos delitos tributarios vinculados a la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas a SQM y sus filiales por servicios inexistentes. Con ese dinero, según antecedentes del caso, se habrían financiado campañas políticas.

En el texto se explica que para tomar esta decisión la fiscalía consideró cuatro criterios: la fecha del último documento tributario ideológicamente falso emitido por el imputado; el efecto suspensivo de la prescripción de las denuncias y querellas presentadas por el SII el 2 de abril y 11 de mayo de 2015, el 12 de abril de 2016 y el 16 de abril de 2017; los informes de Policía Internacional para verificar los días en que los investigados estuvieron fuera del país; y el análisis de sus antecedentes penales. Luego de revisar todos estos puntos, el Ministerio Público llegó a la conclusión que respecto a  58 personas “la acción penal se encuentra prescrita”, según informó el diario La Tercera.

A esta decisión adoptada por Gómez se suma la tomada en enero, cuando él pidió también al tribunal suspender condicionalmente el procedimiento en contra de SQM y sus filiales Nitratos y Salar. Esta causa se basa, según los antecedentes del Ministerio Público, en los cerca de $ 700 millones que habría recibido el entorno de Pablo Longueira mientras era senador en el marco de la tramitación de la Ley de Royalty minero.

El acuerdo se selló el 27 de enero, y a cambio la empresa se comprometió a pagar $ 2.550 millones (una parte para el Fisco y otra a beneficio de instituciones) y a no ser objeto de otra investigación penal, agrega La Tercera.

Este hecho fue parte de las razones que dieron los ex fiscales del caso Penta Carlos Gajardo y Pablo Norambuena para renunciar a sus cargos el 19 de enero.

Vínculos políticos

Entre los casos con sobreseimiento definitivo está el de Diego Perry Aldana, representante legal de Servicios y Publicidad La Clínica Limitada, empresa que en 2013 facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de Michelle Bachelet. Los gastos fueron declarados ante el Servel el 3 de septiembre de 2013. De acuerdo a la denuncia del SII, del 2 de abril de 2015, Perry emitió en diciembre de 2009 una factura ideológicamente falsa por $ 58 millones a SQM.

Gómez también solicitó lo mismo para la ex contadora de Frei, Clara Bensan como representante legal de Publicidad Los Andes S.A. por una factura ideológicamente falsa a SQM mencionada en la querella presentada por el SII el 16 de abril de 2017. En su caso, sin embargo, ella fue condenada en marzo del año pasado, en un juicio abreviado, por facilitar boletas falsas a través de su empresa Asesores en Gestión Integral Limitada para conseguir aportes para la campaña presidencial de Frei en 2009.

Además, se pidió sobreseer a personas ligadas al círculo de Longueira. Entre ellos, su hijo Jose Tomás Longueira Brinkmann, quien el 21 de agosto de 2009 emitió, según el SII, una boleta ideológicamente falsa a SQM por $ 4.450.333.

Junto a ellos, también aparecen entre los 58 mencionados en el escrito Marco Antonio Quintanilla, dueño de imprenta Imaginarium Ltda., quien fue proveedor de la campaña para senador de Fulvio Rossi en 2009. Además, figura María Valentina Martínez , ex asesora de Rossi.

El abogado querellante Mauricio Daza dijo que “en cualquier causa criminal donde se alega la prescripción, primero se deben investigar los hechos, establecer lo sucedido y después aplicarla, en caso que proceda”. Y agregó que “establecer toda la verdad de lo sucedido es precisamente lo que se ha evitado desde que Gómez asumió la dirección de la causa”, escribió La Tercera.