La Operación Huracán impacta negativamente la imagen de Carabineros, cuya aprobación retrocede 22 puntos y alcanza su nivel más bajo (40%), según registra la encuesta N°212 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a primera semana de febrero, publicada este lunes en Santiago.

Fuentes especializadas indican también que la reiteración del ministro del Interior, Mario Fernández, de que  «no hay motivos para pedirle la renuncia al general-director de Carabineros Bruno Villalobos» respecto al escándalo originado tras la denuncia de la Fiscalía, que apunta a una posible falsificación de pruebas por parte de Carabineros en la Operación Huracán, sería también producto del resultado de esta encuesta.

En entrevista con El Mercurio,  Fernández sostuvo que la versión que aludía a una salida de Villalobos «emergió de los medios», puesto que el Gobierno respetará el procedimiento judicial.  En el seno de La Moneda la imagen de la Presidenta codo a codo con el general director fue considerada un “exceso”, “demasiado”, totalmente “innecesaria”, que rompió con lo que hasta entonces se había establecido internamente, en cuanto a que, más allá de no sacarlo del cargo para no descabezar a la policía uniformada, las señales de respaldo siempre debían ser a la institución y no a la persona, punto que fue tratado en varias reuniones al más alto nivel en la sede del Ejecutivo.

Lo que no se comprende bien es la incomodidad al blindaje de Villalobos pasa también en el Ejecutivo por la “sensación ambiente” de que la relación de confianza que el general tiene desde hace varios años con la Mandataria, ha pesado de cierta forma en la toma de decisiones, igual como sucedió en su momento con la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, y su ex brazo derecho, Rodrigo Peñailillo. Una tendencia que –internamente en la administración bacheletista– le reclaman a la Mandataria: no separar a tiempo las lealtades personales de las decisiones políticas.

Pero en este caso va más allá de un asunto ideológico, como algunos consideran en el Gobierno que es la relación de la centroizquierda con el mundo uniformado. En La Moneda sentencian, una y otra vez, que la Mandataria y el ministro Fernández tienen “la convicción absoluta y total” de que el general Villalobos carece de toda responsabilidad en lo sucedido al interior de Carabineros. Y, menos, que esté involucrado en alguno de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos de que se culpa a los oficiales encausados. Asimismo, valoran su esfuerzo por transparentar los hechos. Es más, son categóricos en recalcar que, si la Presidenta no tuviera esa certeza, no lo habría blindado como lo ha hecho. Sin embargo, la incomodidad interna en el Gobierno se sustenta en que no todos comparten la misma convicción irrestricta de la Presidenta Bachelet y el ministro Fernández hacia la figura del jefe de la institución policial. En el seno de La Moneda explicaron que en todo este caso hay “preguntas sin respuesta” ante el hecho de que el general Villalobos cumplió funciones como jefe de inteligencia de Carabineros, entonces, no les cuadra que no supiera nada y, si no lo sabía, consideran que significa que no cumplió correctamente sus funciones, como ha publicado la prensa santiaguina el fin de semana.

Entre los defensores del general en el Ejecutivo explican que ese argumento no tiene sustento, que refleja un desconocimiento de las funciones que cumple la unidad de inteligencia, abocada a materias como terrorismo y drogas, no a la fiscalización de asuntos internos de la policía. Pero en Palacio consideran un arma de doble filo haber hecho una defensa cerrada de Villalobos, porque, como el escándalo del “pacogate” se ha conocido por capítulos y ante la posibilidad de que aumente tanto el monto de la estafa como el número de involucrados en los próximos meses, al alero del trabajo de la comisión investigadora que estableció la Cámara de Diputados, temen que La Moneda pueda quedar salpicada erróneamente, como ya le ha sucedido en el pasado con este tipo de apoyos.

El tema es delicado, al interior del gobierno se trata con pinzas, precisamente porque todos reconocen que mucho margen de acción para la Mandataria no existía y haber apostado por sacar al general director, para instalar a uno nuevo, en el último tramo del mandato, generaba un escenario más complicado aún. Remover a Villalobos, advirtieron en el Gobierno, solo iba a debilitar más a Carabineros, la institución –hasta antes de este caso– más respetada por la ciudadanía, la responsable directa de la seguridad interna y ciudadana, es decir, habría sido un riesgo demasiado alto.

La encuesta

El sondeo de Cadem señala que un 81% de los encuestados supo o escuchó hablar del conflicto que mantienen la Fiscalía con Carabineros por la llamada “Operación Huracán”. Entre ellos y frente a la acusación de manipulación de pruebas, un 46% dice creerle a la Fiscalía, un 42% a ninguno de los dos y sólo 1 de cada 10 chilenos dice creer en la versión de Carabineros.

Ha sido tal el impacto del conflicto por la “Operación Huracán” que logró acaparar la agenda mediática y un 62% la identificó como la principal noticia de la semana, un porcentaje incluso más alto del que tuvo la visita del Papa en la tercera semana de enero (57%). En segundo lugar, esta pérdida de credibilidad en Carabineros afectó de forma muy significativa su aprobación, retrocediendo 22 puntos, pasando de un 62% en enero a un 40% en febrero, siendo por primera vez superada por el nivel de desaprobación (48%).

Finalmente, y al compararse con las otras instituciones a cargo de la lucha contra la delincuencia, un 69% aprueba la labor de la PDI, siendo la segunda institución mejor evaluada después de las radios. De lejos, siguen la Fiscalía con un 25% de aprobación (7 puntos menos que en enero) y los Tribunales de Justicia con sólo un 14% de aprobación, siendo la institución con la peor imagen entre las 23 instituciones evaluadas.

Frente a la Presidenta la encuesta  agrega que a pesar de toda la gestión de los últimos días, Michelle Bachelet llega a un 39 por ciento y un 49% la desaprueba, 3 puntos más que la semana anterior.

En otro tema, la evaluación mensual de las principales instituciones del país también muestra un retroceso importante en la aprobación de la Iglesia Católica. A menos de un mes de la visita del Papa Francisco, su imagen positiva retrocede 13 puntos, de un 34% en enero a tan sólo un 21% en febrero. Esto se le puede cargar a las declaraciones realizadas por el Santo Padre en Chile sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica, en el entorno del ex cura Karadima, dentro del cual se involucra al Obispo de Osorno Juan Bustos (ver Archivo de Kradiario).

Demanda marítima boliviana

Un 74% cree que Chile no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia y sólo un 9% considera que el gobierno de la Presidenta Bachelet debiese dar una salida soberana al mar, también aparece como resultado de la encuesta Cadem esta semana. Frente a esto un 47% considera que no hay que darle nada a Bolivia (+3 puntos), un 31% está por dar más facilidades comerciales a través de los puertos chilenos (-6 puntos) y un 11% opina que se les debe dar una salida al mar sin soberanía.

Frente a las expectativas ciudadanas sobre el fallo que emitirá la Corte Internacional de La Haya, un 50% cree que se resolverá de manera dividida y parcial entre ambos países, un 32% piensa que se fallará completamente en favor de Chile y solo un 7% cree que el fallo emitido será en favor de los intereses bolivianos.  A su vez, un 50% aprueba la forma en que la Presidenta Bachelet y su equipo de gobierno están llevando las relaciones con Bolivia y un 59% cree que Chile está defendiendo sus intereses de mejor manera que los bolivianos.

Un 74% cree que Chile no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia y sólo un 9% considera que el gobierno de la Presidenta Bachelet debiese dar una salida soberana al mar. Frente a esto un 47% considera que no hay que darle nada a Bolivia.