El presidente argentino  Mauricio Macri quiere combatir la corrupción por vía de los decretos como prohibir por ejemplo que los ministros designen a familiares en el aparato estatal.

La experta alemana  Claudia Zilla, de la Fundación Ciencia y Política de Berlín (SWP), dijo que la acción del presidente no es una ley, sino un decreto del Ejecutivo, es decir, algo así como un decreto de emergencia. El Congreso todavía puede manifestarse en contra. En todo caso, el alcance de la ley es menor al descrito: se trata de impedir la designación de parientes por parte de los ministros, y no algo general que evite que los familiares de los funcionarios del Estado puedan trabajar en el aparato estatal..

El presidente Mauricio Macri quiere prohibir que los ministros designen a familiares en el aparato estatal y ha invitado a gobernadores y alcaldes a sumarse a este decreto. Y la provincia de Buenos Aires ya ha dicho que sí lo hará. De hecho, ya actúa siguiendo la línea del decreto, aunque éste no obliga a la provincia a hacerlo.

¿Es este decreto un instrumento para lograr mayor transparencia y mejorar la lucha contra la corrupción?

Zilla dicho a la Deutsche Welle que “desde mi perspectiva, esta medida tiene dos dimensiones. Una es la lucha contra el nepotismo, esto es, contra la preferencia por los parientes. La otra es la reducción del aparato estatal, que creció mucho durante el gobierno anterior. Sin embargo, debe decirse que también Mauricio Macri, cuando asumió el mando, creó nuevos puestos en el Poder Ejecutivo. Y eso no es extraño”.

¿Por qué?

“Porque es mucho más fácil instalar a tu propia gente en lugar de despedir a la gente del gobierno anterior. Los seguidores de Macri -académicos con ideas liberales- se sintieron muy decepcionados por esto, pues creían que este hombre, como es un empresario, sabe lo que es la eficiencia. Pero, pese a ello, ha hecho crecer y crecer la estructura del Ejecutivo”, opina Zilla.

Entonces, ¿este decreto es un pretexto para deshacer los propios errores?, consula la Deutsche Welle.

“Siempre debe haber una razón para despedir personal o impulsarlo a renunciar. Al final, se van diez personas y se puede contratar a cinco nuevas. Eso implica que se ahorran cinco puestos”.

¿Cómo reaccionó la sociedad argentina ante el anuncio del decreto?

“Se dice que dos hermanas del ministro del Trabajo, Jorge Triaca, presentaron ya su renuncia y que su esposa hará lo mismo después de las vacaciones de verano. También el hijo de la ministra de Seguridad Pública y el padre del ministro del Interior hicieron lo propio, según informa la prensa”.

¿Qué tan normal es que familiares de altos cargos estén empleados por el aparato estatal?

“En Argentina, pero también en el resto de América Latina, es usual que los funcionarios y políticos instalen o ayuden a instalar en el aparato público a familiares y amigos. Este decreto en Argentina, sin embargo, solo alude a familiares y no a amigos. Es fácil demostrar la pertenencia a una familia, pero que uno es conocido o le están pagando un favor político es más difícil de probar. Decir que los ministros no pueden instalar a familiares, es apenas la punta del iceberg. La medida va en la dirección correcta, pero abarca solo una pequeña parte del total”.

En Alemania también las amistades y las redes juegan un rol importante. ¿Qué tan distinto es esto en América Latina?

“En Alemania la administración estatal tiene una larga tradición y son pocos los puestos políticos otorgados sin competencia. Son los partidos altamente institucionalizados los que tienen voz y voto para nombrar funcionarios. En consecuencia, el círculo de amigos es menos relevante que en América Latina, aunque también juegan un rol”.

En toda América Latina la corrupción es un tema. ¿Ve usted que hay más acción en la lucha contra ella?

“Sí y no. La corrupción es un tema central en la prensa. Es también un tema central en las elecciones y los ciudadanos están muy sensibilizados al respecto. La tolerancia a la corrupción ha disminuido. Es un problema sobre el que se habla y los gobiernos han tomado medidas para combatirlo. Y los tribunales son más duros a la hora de castigarlo”.

“Lo que me preocupa es que solo se ven afectadas personas que ya no están en el poder. Por ejemplo, me parece muy sospechoso que la justicia durante 12 largos años no hiciera nada contra el kirchnerismo y ahora que gobierna Mauricio Macri sí actúe. No digo que la Justicia no actúe o que se trate de persecución política. Solo encuentro extraño que no siempre la Justicia sea tan activa”.

¿Podría tener eco este decreto en otros países de la región?

“Sí. De cualquier modo, pienso que este decreto tendría más legitimidad si fuera una ley del Congreso. En segundo lugar, pienso que una ley o decreto por sí sola no basta. No en Argentina y tampoco en otros países de la región. El aparato estatal debe profesionalizarse y hacerse más eficiente, hay que construir una administración más competente, donde los puestos de trabajo sean licitados y llenados por medio de un proceso competitivo. Los mejores deben tener la oportunidad de triunfar en esos concursos laborales, y no aquellos que tienen parientes influyentes”.

(*) –  Claudia Zilla es cientista política argentina y directora del Grupo de Investigación para América de la Fundación Ciencia y Política (SWP) en Berlín.