LA COLUMNA DEL PERIODISTA FERNÁNDEZ

Por Enrique Fernández

Si los médicos le hubieran recetado una pastilla de “Ubicatex”, el general Bruno Villalobos habría suspendido a tiempo sus vacaciones en Miami, sin esperar a que el Gobierno se lo indicara. Porque el Gobierno le “indicó” que volviera y no se lo ordenó, como lo permite la Constitución.

El Ministerio del Interior, en un comunicado oficial, informó que “se le ha indicado a la autoridad policial que suspenda su feriado legal y retome sus funciones a la brevedad”. Obsérvese el tono del comunicado, donde sólo falta decir que el Gobierno le pidió por favor que volviera al señor General Director de Carabineros.

La desubicación es una enfermedad demasiado abundante en estos días.

Se desubicó el Gobierno al no usar sus atribuciones constitucionales y exigir derechamente la renuncia del general Villalobos. Se desubicó Villalobos al no prever lo que ocurriría, en circunstancias que desde hace 10 meses enfrenta una situación inconfortable, por el fraude con las cuentas corrientes de decenas de oficiales de la institución, que recibieron depósitos de origen irregular que, en conjunto, sobrepasan los 26.000 millones de pesos.

Se desubicó el servicio de inteligencia de Carabineros cuando el pasado 26 de enero impidió el allanamiento de sus instalaciones en Temuco, que ordenó el Ministerio Público después de suspender las investigaciones de la “Operación Huracán”. Se desubicaron los policías que trabajaban en esa operación -si es verdad lo que afirma el Ministerio Público- cuando implantaron sistemas de whatsapp en los celulares de comuneros mapuches a los que detuvieron, acusados de incendiar iglesias en la Araucanía.

Se desubicó el jefe de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar), general Gonzalo Blu, cuando quiso reafirmar la validez de sus investigaciones y acusó al Ministerio Público de “amparar” a terroristas.

“La situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo y daño en las regiones del sur del país”, declaró Blu, en una actitud de abierta deliberación que la Constitución le prohíbe en su calidad de uniformado.

Se produjo así un inédito choque institucional entre el Ministerio Público y la policía uniformada. Pasaron 48 horas y el lunes 29 Carabineros acató una orden del Ministerio del Interior, permitió el allanamiento en Temuco y entregó sus computadores a la Fiscalía. Pero algunos equipos venían sin sus archivos, en otra sorprendente actitud de desubicación.

“Es una situación grave, hay un problema de fiabilidad de la prueba, el sistema está siendo tensionado enormemente con esto y debe

preocuparnos a todos”, advirtió entonces el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.

Se desubicaron antes estos servicios de inteligencia policial, cuando en los últimos 10 años no fueron capaces de detectar la ola de violencia que se registra en la Araucanía.

¿Quiénes son los asesinos de los esposos Luchsinger – Mackay en el ataque incendiario a su casa, en enero de 2013?

En octubre último los 11 acusados de participar en ese ataque fueron liberados por la justicia, por falta de pruebas suficientes.

¿En qué cárcel pagan sus culpas los autores de decenas de incendios de camiones y templos religiosos? ¿Sólo son responsables de la violencia algunas organizaciones mapuches o también hay culpables entre los agricultores y empresarios forestales? ¿Quién era el director de la inteligencia de Carabineros entre los años 2008 y 2012, cuando se inicia esta espiral de violencia?: el mismo general que debió interrumpir su veraneo en Miami.

Todo se habría evitado con una pastilla de “Ubicatex”. La mala noticia es que aún ningún laboratorio la ha inventado.