Por Walter Krohne

Lo que ocurre en la Araucanía y en su entorno, en Carabineros en Fiscalía y en sus víctimas,  es como el famoso poema del recientemente fallecido Nicanor Parra: Todo es imaginario.

El Ministerio Público confirmó que cerró la denominada Operación Huracán y acusó a la dirección de inteligencia de Carabineros de falsificar pruebas en el marco de la investigación en lo que coloca al país nuevamente frente a un hecho gravísimo e irregular y todo ocurre en la institución que llegó a ser la más creíble en las encuestas de opinión pública.

Ahora sabemos que la “Operación Huracán” en la Araucanía fue un nuevo “bluff” o mentira porque Carabineros habría inventado las pruebas contra los ocho imputados por asociación ilícita y atentados en el caso. Según la Fiscalía, los mensajes de wahtsapp, tal como reclamaron una y otra vez los comuneros mapuches  no serían de ellos: habrían sido puestos después en los celulares incautados”.

La investigación se cierra y se da vuelta “la tortilla” porque la causa ahora no es contra los siempre humillados comuneros mapuches sino contra los “leales” y “competentes” funcionarios policiales por delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia.

Está demás decir que el daño es mayúsculo considerando que la institución Carabineros de Chile ha sido ya fuertemente golpeada con el desfalco de miles de millones de pesos por los oficiales administrativos y otros implicados que por años se dedicaron a desfalcar a la entidad policial y por ende al Estado de Chile.

La Fiscalía destacó además la “prudencia que tuvo la Corte Suprema al revocar la prisión preventiva porque no había justificación necesaria de las pruebas y tampoco de la necesidad de mantener la detención, además de la imprudencia de quienes criticaron al máximo tribunal y asumieron culpables antes de ser juzgados a los ocho comuneros.

Cerró su declaración expresando que en “ocasiones como ésta se hace más necesario que nunca entender que la presunción de inocencia y el debido proceso deben regir para todos y no sólo para nuestros cercanos”.

El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, presentó ya ayer una querella contra quienes resulten responsables, pero enfocada específicamente en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), en el marco de la arista filtraciones de la denominada “Operación Huracán”.

Posteriormente el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, abrió una investigación en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, en el marco de los antecedentes que entregó la institución policial al Ministerio Público en septiembre de 2017 en la denominada Operación Huracán. Paredes, asegura que “hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos, después de que éstos fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos”.

El fiscal sostuvo que se trata de un hecho gravísimo debido a que es la primera vez que esta fiscalía regional recibe una información de parte de Carabineros que se desarrolló íntegramente conforme al estatuto previsto en la Ley de Inteligencia, lo que significa que las diligencias investigativas fueron realizadas por la policía uniformada en forma autónoma y sin el control de los fiscales.

Inteligencia de Carabineros

Este viernes, el jefe nacional de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, Gonzalo Blu, dijo que  era “preocupante que una investigación de ocho meses (Operación Huracán) se pretenda cerrar con una de tres semanas (querella de la Fiscalía)”.

Además, acusó a la Fiscalía de “amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo en regiones del sur del país” y que la querella “deslegitima a dos importantes instituciones del Estado las cuales deberían solamente estar preocupadas por la lucha contra la delincuencia”.

También señaló que la detención, de los comuneros mapuche imputados, fue con total convicción de que los antecedentes que, en ese momento mantenían, eran sólidos.

Finalmente, Blu declaró que toda la investigación de la llamada “Operación Huracán” está amparada en la legislación vigente, rechazando el presunto montaje y reiteró que espera que el Poder Judicial no acoja la querella ni el cierre de la investigación para que se sigan esclareciendo “los delitos terroristas por el bien de la comunidad”.

Tras meses de seguimientos e intervenciones a los aparatos telefónicos de los comuneros, Carabineros entregó a la fiscalía el oficio 130, el cual contenía supuestas conversaciones vía WhatsApp y Telegram entre comuneros, en las que coordinaban eventuales acciones violentas.

El oficio fue entregado el 20 de septiembre y en él se advertía, entre otros, que los comuneros preparaban un atentado en contra de la empresa de transportes Riquelme Correa, en las afueras de Temuco. Por ello, el Ministerio Público solicitó tres días después las órdenes de aprehensión en contra de los comuneros, las que fueron ejecutadas ese mismo 23 de septiembre. Tras ello, Carabineros hizo peritajes a los teléfonos celulares que requisó de los comuneros y emitió nuevos preinformes y el oficio 202 a la fiscalía, que avalaban la información de inteligencia que habían entregado inicialmente a través del oficio 130. Fue precisamente en esa parte del proceso cuando los caminos de fiscales y carabineros comenzaron a separarse, comentó Radio Biobío.

Si bien Carabineros ha sido hermético frente a los cuestionamientos que ha hecho el Ministerio Público al trabajo relacionado con la Operación Huracán en los últimos días, fuentes ligadas a la institución aseguran que todas las pruebas recolectadas e ingresadas como los oficios enviados a los fiscales, son reales y obtenidas con las autorizaciones de las cortes de apelaciones, tal como exige la Ley de Inteligencia.

La tranquilidad de los equipos investigadores de Carabineros se basaría en el uso de nuevas tecnologías que les han ayudado, indicaron las fuentes policiales, a recolectar información de mensajería sin la necesidad de recurrir a las empresas extranjeras tales como: WhatsApp, Telegram u otras.

El sistema operaría a través de internet, vía con la cual se introducirían en el equipo y podrían tener copia “fiel” de las conversaciones o traspaso de material como audios, videos o fotografías.

Si bien la operatividad del sistema chileno la manejarían pocas personas y bajo reserva, aseguran los que la han visto dentro de Inteligencia de Carabineros que su funcionamiento está probado y por ende mantienen la convicción de que puede usarse como elemento de prueba en un juicio, si así se requiere, pero que por ahora se ha utilizado para obtener mayor información para análisis preventivo de seguridad.

Primeras diligencias

Las gestiones comenzaron esta mañana con una acción,  frustrada al parecer, de  allanamiento de dependencias de Carabineros en la ciudad de Temuco por parte de la PDI, en el marco de las indagaciones tras la grave denuncia de montaje en  la Operación Huracán.

Sin embargo, pasadas las 14:00 horas se dio a conocer que no fue posible realizar el allanamiento, puesto que desde Carabineros argumentaron que se debió avisar 48 horas antes para proceder con el procedimiento. De esta manera el cuartel se mantendrá “sellado”.

Pero esta historia suma y sigue, porque, entretanto,  el fiscal Arroyo está siendo investigado por el fiscal de Aysén, Carlos Palma Guerra, junto a su exabogada asistente, Mónica Palma (se describe como pareja del fiscal y eventual encubridora) después que un documento –el “oficio 202”– enviado por Carabineros al fiscal Nacional Jorge Abott se acusa al fiscal de haber filtrado, junto con un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)  antecedentes de la investigación a comuneros mapuches que eran objeto de seguimiento policial.

Sin embargo, y de acuerdo a la querella presentada por Arroyo contra Carabineros ante el Juzgado de Garantía de Temuco, los antecedentes que esta policía le entregó a Abott para vincularlo con el ilícito “son falsos”.

El General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, al ser abordado sobre el tema, se excusó de entregar detalles respecto a la investigación y las “diferencias” con la fiscalía. Escuetamente, señaló a Radio Bío Bío que “como institución hemos actuado conforme a la Ley. Hemos puesto a disposición toda la información obtenida y que creemos debe contribuir a esclarecer los hechos que se investigan”.

La pregunta que queda ahora por hacer es que es lo qué se piensa en el Gobierno, en el Ministerio del Interior  y en el alto mando de Carabineros. ¿Cuándo renuncia a su cargo el actual cuestionado director general Bruno Villalobos que, al parecer sigue contando con el apoyo de La Moneda? (foto izquierda)

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (foto arriba), se refirió a la tensión entre Carabineros y el Ministerio Público, luego que esta última institución no perseverara en la investigación de la “Operación Huracán” y abriera una indagatoria en contra de la policía por un posible montaje de pruebas. El hecho desencadenó, además, que el Gobierno ordenara una indagación interna en la policía uniformada.

“Frente a los graves y complejos hechos denunciados, el Gobierno estima que no debemos hacer juicios apresurados”, comentó Aleuy en el Palacio de La Moneda. Sin embargo, sostuvo que “si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda”.