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Una jornada de violencia en las inmediaciones del Congreso argentino y de protestas y cacerolazos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, se registró cuatro horas después de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el mandatario expresó que “toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la Justicia para saber quiénes son los responsables; no fue algo espontáneo”, sostuvo.

“Claramente fueron hechos orquestados. Los jueces Sergio Torres y ClaudioBonadio, están investigando. Confío en lo que están haciendo. Queremos una Justicia que cada vez despierte más respeto y lo va a lograr si hace pagar los costos de lo que han hecho”, aseguró.

Macri dijo que quienes protagonizaron hechos de violencia “han destrozado la ciudad y ya han sido hospitalizados 80 policías”. También afirmó que “los cambios (en las jubilaciones) generan incomodidad, pero son “necesarios”.

“Siempre se puede mejorar, pero lo más importante es entender que yo no vine a estar en una situación cómoda, a esconder los problemas debajo de la alfombra. Aposté a que poniendo todos energía y ganas vamos a ir resolviendo los problemas, como lo hicimos estos dos años”, agregó.

El Presidente acusó también a “diputados que incitaron a la violencia”.

La controvertida reforma

La reforma, que  eleva la edad de jubilación, fue  rechazadas por la oposición por contemplar una reducción de las pensiones para unos 17 millones de argentinos, más de un tercio de la población. En la ley se modifica la fórmula de cálculo para las actualizaciones de las pensiones y eleva la edad de jubilación de manera optativa de los 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a los 63 años para las mujeres, entre otros cambios.

El trámite legislativo se hizo en una maratónica jornada de 17 horas sin interrupciones que finalizó esta mañana a las 7.05 horas (hora de Argentina).  La Ley de la Cámara de Diputados fue aprobada por 127 votos a favor, 117 en contra y 2 abstenciones.

La medida afecta a jubilados (mujeres y hombres mayores de 60 y 65 años, respectivamente), pensionados, trabajadores registrados que reciben ayuda del Estado por maternidad, nacimiento o adopción, así como ayuda escolar o por matrimonio. También a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una asistencia estatal para los cabeza de familia desempleados o que cobran menos del salario mínimo.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) es el organismo a cargo de ejecutar las políticas adoptadas por el Estado Nacional en materia de seguridad social y sostener el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que desde 2008 tiene como objetivo garantizar el pago de las jubilaciones en coyunturas negativas o problemáticas. Para ello destinó en los últimos años parte de su dinero a inversiones de producción e infraestructura que, a la vez, promovieran el empleo formal y generaran de esa forma mayores contribuciones al sistema de seguridad social.

El pasado 30 de octubre Macri sostuvo durante una reunión con empresarios de Argentina, donde concluyeron que se debía “empezar una discusión adulta y honesta sobre el sistema de jubilaciones”, del que dijeron que no era sustentable y que escondía irregularidades. A criterio del Mandatario, la Anses paga más dinero del que recibe. Según cifras oficiales, poco menos del 40% de los gastos anuales de la seguridad social se cubren con fondos derivados de impuestos.

El proyecto de reforma impulsado por el Gobierno y aprobado esta mañana (a las 7 horas tras 44 horas de debates) introduce cambios en la fórmula que se aplica hasta ahora para aumentar las jubilaciones, pensiones y programas de asistencia social. En lugar de incrementar los montos de forma semestral, lo hará por trimestre y en base a la inflación mensual y al salario promedio de los trabajadores registrados. Así, el aumento que recibirán los beneficiarios el próximo marzo será menor que el establecido con el sistema vigente en estos momentos: 5,7%, al tomar como referencia el período de julio-septiembre de 2016, en lugar del 12% que resultaba del cálculo derivado de semestre julio-diciembre. La modificación en la fórmula de pago significará para Macri un ahorro de 100.000 millones de pesos (US$5.705 millones).

Para compensar la pérdida de dinero que sufrirán los beneficiarios de pensiones,  Macri se comprometió a un pago único de un bono a quienes reciben las prestaciones más bajas de hasta 10.000 pesos (571 dólares) y que significará para el Estado un desembolso de 4.000 millones de pesos (228 millones de dólares). La cifra representa el 4% de lo que el Gobierno intentará ahorrar con la aprobación de la ley.

Según la oposición, si se aplica la nueva fórmula, en 2018 un jubilado que cobra una pensión de 10.000 pesos perderá 6.200 pesos (354 dólares), frente al promedio de sólo 750 pesos (42 dólares) del bono de compensación del Mandatario. En el caso de los beneficiarios de la AUH, la pérdida será en un año de 870 pesos (49 dólares). En este caso el Gobierno ofrece compensarlos con 400 pesos (22 dólares) por hijo, algo menos de la mitad.

Además de las modificaciones en la fórmula de cálculo de subida de las prestaciones, la norma estipula que las mujeres de 60 años y los varones de 65 años -en ambos casos con un mínimo de 30 años de aportes realizados al sistema previsional- podrán optar por extender su vida laboral hasta los 70 años si se desempeñan en el sector privado y están registrados formalmente como trabajadores. El proyecto de ley del Gobierno contempla además garantizar una pensión equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil, que es de 8.860 pesos (506 dólares), para quienes hayan realizado aportes jubilatorios durante 30 años.

Así, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, el Estado ajustará los pagos.

Según el conocido periodista argentino Jorge Lanata, “el Gobierno hizo abuso de poder con los jubilados, ¿por qué? Porque no están organizados y son los únicos que no pueden romperle las pelotas”.

Para Lanata, los jubilados no tienen poder de representación, como sí lo tienen los movimientos sociales, que a través de la presión en las calles consiguen negociar con el Ejecutivo.

“Los jubilados son pobres tipos que laburaron toda su vida por dos mangos y se jubilaron por uno. Abusan de su poder frente a gente que no se puede defender y que no los pueden extorsionar como (Juan) Grabois, o como los extorsionan otros”, dijo en referencia al referente de la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Además, cuestionó la “autoridad moral” del gobierno de Cambiemos para llevar adelante un ajuste mediante la reforma a los jubilados.

“Acá hay que ajustarse. Estamos de acuerdo. Pero cuando vos ajustás, te tenés que ajustar vos primero. Lo más importante no es el ajuste en sí, es la autoridad moral para llevarlo a cabo”, remarcó. Y se preguntó, por ejemplo, “por qué no cortan las jubilaciones de privilegio”.