El Parlamento amenaza con convertirse en el gran dolor de cabeza del nuevo Presidente, ya que ningún bloque político por sí solo cuenta con votos suficientes para imponer sus términos.

Difícil será para el presidente electo Sebastián Piñera su relación con el Congreso Nacional contando con  72 cupos en la Cámara: RN 36, la UDI 30 -que perdió la hegemonía frente a sus socios- y seis Evópoli

En  la Cámara Alta se avizoran también dificultades.   Contará con 19 senadores: 10 UDI, siete RN y dos Evópoli, aunque el gremialista Iván Moreira hoy está desaforado. La Nueva Mayoría alcanzó 21 representantes y el FA tendrá a su primer senador, que será clave para inclinar algunas balanzas, al igual que los dos senadores independientes: Carlos Bianchi y Pedro Araya, que participa del comité de su ex partido, la DC.

“Ya se dijo antes de la elección, nadie la tiene fácil en el próximo gobierno, sea quien sea elegido, porque el Congreso, como consecuencia de este sistema proporcional más amplio, generó total diversidad”, explicó el senador UDI Hernán Larraín. El parlamentario agregó que en el caso de Chile Vamos se “tienen que buscar votos de centro, moderados, independientes, con quien pueda articular una mayoría en la que se puedan aprobar las cuatro o cinco reformas cruciales que va a querer impulsar un eventual gobierno de Sebastián Piñera, de manera de poder juntar esos votos en forma sólida, estable y que le permitan sacar adelante su programa”.

Chile Vamos se verá forzadas a tender puentes en el Parlamento para sacar adelante la agenda de Piñera.

El ABC económico de Piñera

En abril de este año, más de mil expertos, profesionales y académicos, distribuidos en 20 comisiones y 60 subcomisiones, comenzaron a colaborar en el trabajo programático de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. El proceso -que incluyó encuentros ciudadanos y hasta la recepción de ideas, sugerencias, propuestas por la vía online- resultó en un programa de gobierno 2018-2021 en cuya confección, desde el punto de vista económico, participaron los ex ministros Felipe Larraín y Juan Andrés Fontaine, además del ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara, la subdirectora de Políticas Públicas de LyD Susana Jiménez y el socio de Econsult, José Ramón Valente.

Costo del programa

El programa de gobierno 2018-2022 contiene 745 medidas, con un costo fiscal total estimado en US$ 14.000 millones o 5,5% del PIB para todo el período presidencial. A eso, afirman en su equipo económico, se suman los US$ 381 millones anuales que costaría la gratuidad para el 90% de la educación técnico-profesional. El programa, en todo caso, aclara que la decisión de seguir con las medidas y cambios contemplados en el programa -después de una eventual segunda administración Piñera- implicará un gasto en régimen de US$ 4.800 millones adicionales, es decir, un 1,8% del PIB, para los años posteriores al 2022.

Fuentes de financiamiento

De acuerdo a los autores del programa de gobierno de Piñera, US$ 7.000 millones del programa serán financiados vía reasignaciones presupuestarias, eliminación o cambios a programas mal evaluados, recorte de gasto público (bienes y consumo) y mayor racionalización del uso de recursos fiscales, lo que incluye reducir las nuevas contrataciones, viáticos, viajes, horas extras y asesorías. La segunda mitad provendrá de los ingresos tributarios adicionales generados por el mayor crecimiento (PIB de tendencia pasaría de 2,6% previsto en el Presupuesto 2018 a 3,5% hacia el 2022), fuerte control de la evasión y perfeccionamientos al actual sistema, y mayor eficiencia de las empresas públicas (reflejada en sus aportes al Fisco).

Política fiscal y deuda pública

Controlar las finanzas públicas está en el eje del programa de Piñera, siendo un objetivo generar espacio para recuperar la nota soberana por parte de las clasificadoras de riesgo. El compromiso es converger gradualmente desde el actual déficit fiscal estructural hacia un equilibrio en un período de seis a ocho años, con una regla explícita, transparente y creíble. La idea es que hacia el final del próximo gobierno se tienda a “normalizar” el nivel de deuda pública bruta, hoy de 23,8% del PIB. “Todo lo anterior permitirá ingresos fiscales adicionales del orden de US$ 7 mil millones”, cita el texto.

Crecimiento y empleo

La primera administración Piñera estimó un crecimiento promedio de 5,8% del PIB durante su gestión, pero en esos cuatro años, el crecimiento promedió 5,3%. Hoy, los técnicos del comando basan el programa de gobierno en una moderada expectativa de recuperación: duplicar la tasa de crecimiento promedio del actual gobierno. Hacienda estima para este año una expansión de 1,4%, y con eso, en la segunda administración Bachelet el país habrá crecido 1,8% promedio.

La agenda de desarrollo económico para un “País que Crece y Crea Empleos de Calidad” de Piñera tiene un costo de US$ 2.800 millones y propone duplicar la capacidad de crear nuevos puestos de trabajo, “mejorando su calidad y aumentando significativamente la tasa de incremento de los salarios”. La meta es que hacia el final del mandato (marzo de 2022), nueve millones de personas estén trabajando, aunque no precisa en qué categoría (asalariados, independientes, cuenta propia, etc.). Hoy, 8.297.150 personas tienen empleo, según el INE. Un gobierno de Piñera buscaría, entonces, generar poco más de 702.000 nuevas ocupaciones. También reducir la pobreza por ingresos -de 11,7% de la población, según la Casen 2015- en un tercio en cuatro años y a la mitad en ocho años.

Sistema tributario

“Recuperar la confianza para que las empresas vuelvan a invertir, aumentando la tasa de inversión en tres puntos porcentuales hacia el final de nuestro gobierno”, compromete Sebastián Piñera en su programa. El Banco Central estima que este año la inversión caerá 2,5% respecto de 2016, y para 2018 subiría 3,1%. También que la tasa de inversión llegaría a 21,1% del PIB este año y lo mismo en 2018.

Claves son los cambios que impulsaría al sistema de impuestos creado con la reforma de 2014. Se mantendría la carga tributaria global, pero derogaría el llamado régimen integrado con atribución de renta, para volver a un sistema que integre 100% los impuestos a la renta de las empresas (primera categoría) y personas (segunda categoría y global complementario). Para eso, se reduciría gradualmente la tasa de impuesto de primera categoría, de 27% desde enero próximo, a los niveles promedio de los países de la Ocde, de 25%. La corrección tributaria, que incluye incentivos al ahorro y la inversión, costaría al Fisco US$ 2.700 millones, lo que en el comando apuntan a financiar, básicamente, con mayor crecimiento económico.

Pensiones y sistema de salud

Con un costo fiscal estimado de US$ 3.000 millones para fortalecer el Pilar Solidario creado en 2008 -cuyo gasto actual es de 0,8% del PIB y en cuatro años subiría a 1,14%-, un eventual segundo gobierno de Piñera abordaría la demanda ciudadana por reformar el actual sistema previsional. Su plan es elevar entre 10% y 150% el valor de los beneficios que entrega dicho pilar (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario, bono por hijo nacido vivo) para subir el monto de las pensiones autofinanciadas, apoyar el ahorro previsional de la clase media e incentivar aplazar la jubilación.

También propone la creación de un Plan de Salud Universal que terminaría con las discriminaciones por edad, género o preexistencias en las isapres. Este se basaría en una red de hospitales públicos siglo XXI y la modernización del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Hace una semana anunció la creación de un nuevo seguro universal para enfermedades catastróficas, cuyo tope máximo por deducible sería de hasta tres sueldos o $ 1.400.000. Por arriba de eso, el seguro absorbería el costo.