Los tiempos modernos han llegado a Chile para quedarse. Todos ya sabemos que le democracia es el sistema político más adecuado, aunque no perfecto. Sin embarco este sistema, que debería evitarnos cualquier desvío totalitario,  es caro y el Estado debe costear los costos, no sólo en materia de sueldos (dietas) para quienes son elegidos para un cargo público, sino también  los electorales como son las campañas y también las promesas de los candidatos realizadas en sus programas,

Este elemento económico debe motivar una reflexión más profunda hacia el futuro. La candidatura del ex presidente Sebastián Piñera tuvo dificultades para explicar los nuevos ingresos para financiar los US$ 14.000 millones que cuesta su programa (sin considerar la inclusión de la gratuidad para el 90% de los estudiantes técnico-profesionales, medida conocida durante la segunda vuelta), principalmente porque US$ 7.000 millones provendrán de reasignaciones de programas públicos. Es un desafío mayor cerrar programas en ejecución –aunque estén mal evaluados- sin reemplazarlos por otros, que por buenos que sean, requerirán inyección de recursos.

Por su parte, el senador Alejandro Guillier tuvo también  serias dificultades para dimensionar los costos de su programa en la recta final, no solo por la promesa de condonación del CAE al 40% más vulnerable (también conocida en la segunda vuelta –que buscaba atraer votantes del Frente Amplio-, abriendo un flanco de discusión pública entre el candidato y su equipo económico. Es muy probable que no solo los partidarios del abanderado de la Nueva Mayoría llegarán a las urnas sin conocer el compromiso fiscal que su programa implica con un costo de US$ 10 mil millones, suma que quiza ya esté sobrepasada. Piñera declaró en el último debate de Anatel que el programa de Guiller podría llegar a costar $ 40.000 millones.

Es un hecho que la preocupación por las cuentas fiscales seguirá presentes. El déficit estructural con el que cierra esta administración será de 1,5% del PIB –lejos del 0% del PIB comprometidos en el inicio de este gobierno para 2018- y los compromisos públicos adoptados difícilmente permitirán resolver la situación deficitaria que muestran las finanzas públicas en el corto plazo. La deuda pública, por su parte, casi se duplicó en el último cuatrienio, hasta alcanzar niveles en torno al 25% del PIB, como lo señala hoy La Tercera.

La campaña electoral que hoy cierra debe motivar, tanto a las nuevas autoridades como al resto de los actores políticos, a retomar una discusión razonable, técnica y dialogante en la búsqueda de soluciones a las demandas de la ciudadanía, privilegiando el interés del país por sobre los triunfos ideológicos de corto plazo, agrega el diario.

La candidatura ganadora de hoy  tendrá plena legitimidad para ejercer su mandato y tendrá la difícil misión de devolverle al país un sentido de unidad, que se volvió esquivo en los últimos meses, y la necesidad de instalar un sueño común que termine con la lógica de trincheras y polarización.

Esta campaña probablemente ha dejado un sabor amargo en muchos. La sensación de estar asistiendo a ratos a un punto de inflexión histórico ha generado una polarización más acentuada de lo razonable, lo que no ha facilitado el ambiente para un debate sereno. Efectivamente el país delibera hoy sobre dos visiones distintas, ninguna de las cuales se plantea desde una óptica extrema -algo que debe ser valorado por la ciudadanía-, lo que no debería servir como justificativo a las coaliciones para no haber puesto mayor empeño en un debate programático, antes que en descalificaciones efectistas, concluye La Tercera en su comentario.