Por Hernán Ávalos Narváez (*)
Esta máquina denostada por la oposición al gobierno de Michelle Bachelet desde luego que resulta útil en los movimientos de tierra. Ahora está siendo empleada en derribar el muro de siete cuadras del antiguo cerco perimetral de la Embotelladora Andina (Coca Cola), en cuyos terrenos en 2011 el Gobierno de Sebastián Piñera levantó 244 viviendas que componen la Villa Jardines de San Joaquín, en la comuna del mismo nombre.
La retroexcavadora también será utilizada para demoler 124 casas expropiadas de las 1.093 que forman la contigua población Legua de Emergencia, utilizadas como bodegas u oficinas del verdadero “supermercado de las drogas” en que fue transformada esta última por los narcotraficantes santiaguinos.
Este emblemático barrio está ubicado en el cuadrante formado por avenida Santa Rosa al poniente, calle Mataveri y el muro en demolición por el norte, calle San Gregorio por el oriente y calle Alcalde Pedro Alarcón por el sur.
Una franja del terreno y el espacio que dejará el muro será usado para prolongar y ensanchar a dos pistas e iluminar la calle Mataveri, que nace en avenida Santa Rosa, dándole conectividad a los pasajes Sánchez Colchero, Santa Catalina, Francisco Zárate, Karl Brunner, Sánchez Pinzón, Nuño Da Silva y Santa Elvira los cuales dejarán de ser ciegos y serán transformados en calles, permitiendo el tránsito peatonal y vehicular en ambos sentidos, como las rondas policiales, terminando con el “ghetto narco” en que fue transformado el barrio de 15 hectáreas, 1.093 viviendas, 4.915 habitantes (2 personas promedio de hacinamiento por casa), el 70% viviendo en la pobreza multidimensional y otro 20% en la indigencia.
La remodelación urbana debiera finalizar en febrero próximo. Entretanto, las 22 viviendas más expuestas de la cercana Villa Los Jardines de San Joaquín están siendo protegidas de eventuales balaceras, dotándolas de blindaje de acero en sus ventanas, para reemplazar el muro de 2,5 metros de altura y siete cuadras de extensión que les daba protección. “Una medida transitoria, necesaria y solicitada por los mismos vecinos que se oponían al retiro del muro”, dijo el subsecretario de Interior Madmud Aleuy.
Los disparos entre bandas rivales que disputan el mercado de la cocaína, la pasta base y la marihuana, han sido frecuentes en la Legua de Emergencia durante las últimas décadas, dejando muertos, heridos, entre ellos mujeres y niños, daños en las viviendas y una sensación de indefensión y desamparo entre la población afectada, como entre los habitantes de los populosos barrios aledaños.
“Este es un proceso irreversible de intervención social, policial y urbana” explicó Aleuy.
Sólo que analistas y observadores coincidente en su apreciación que trascurridas tres décadas de surgido el narcotráfico en la Legua de Emergencia, la intervención del Estado ha sido reactiva, burocrática e insuficiente.
Es cierto que en la Región Metropolitana hay otras poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad social, penetradas por el narcotráfico y la violencia, como El Castillo en la comuna de Puente Alto y Parinacota en la comuna de Quilicura. Pero la Legua de Emergencia es la más antigua, data de 1951, cuando fue entregada “de emergencia” a 200 familias de extrema pobreza erradicadas desde una vetusta e insalubre edificación en demolición ubicada en la avenida Matucana, comuna de Estación Central.
Una medida radical esperada
El cura Gerard Ouisse de la parroquia San Cayetano de la Legua, logró conmover al ministro del Interior del Presidente Piñera, Rodrigo Hinzpeter, en la carta que le envió sobre los estragos causados por el narcotráfico, revelando su apreciación de que los jóvenes de la Legua de Emergencia prefieren ser narcos que pobres.
Es sabido que la lógica perversa del narcotráfico es la misma en los barrios marginales del mundo. La compraventa de drogas otorga a los narcos allí asentados dinero, bienes, poder y respeto. Y es evidente que en la Región Metropolitana hay consumidores de drogas, es decir demanda del producto, o en caso contrario, el negocio no existiría. Así surgen los narcotraficantes y su organización para comprar, transportar, almacenar, distribuir y vender al menudeo. En la población donde operan ayudan con dinero a los enfermos, a los cesantes; gastan fuertes sumas en sobornos, aportando a los niños de cumpleaños, en las fiestas de novios. También embanderan el barrio para Fiestas Patrias, distribuyen comida gratis y regalos para Navidad y tejen redes de complicidad con los pobladores. Así los neutralizan, los deslumbran conduciendo autos de lujo o los atemorizan con sus armas de fuego.
Adicionalmente, en la Legua de Emergencia hay utilización de técnicas insurgentes aprendidas de sus otros vecinos de la población Legua Vieja o Villa Santa Rosa, formada en su mayoría por familias de mineros curtidos en las luchas sindicales del norte grande chileno, llegados a la comuna de San Joaquín por la cesantía que sucedió a la crisis del salitre en la década del 30.
alcanzó notoriedad en la década del 60 con el liderazgo de Manuel Fuentes Cancino, apodado “El Perilla”. Este comenzó como ratero en Santiago Centro y escaló rápido a connotado lanza internacional en Europa. Con algún dinero regresó a Chile estableciendo su domicilio en la cercana población El Pinar de la comuna de San Miguel. Y el negocio de la compraventa de drogas lo instaló en la Legua de Emergencia. Desde entonces los propietarios de las estrechas casas de 18 metros cuadrados arriendan o subarriendan a los narcos en sumas que hoy bordean los 900 mil pesos. Estas son algunas de las propiedades que serán demolidas por distintas irregularidades con las normas legales o administrativas. “El Perilla” hoy cumple condena en la cárcel de Alta Seguridad y tiene su salud quebrantada por la diabetes. El liderazgo ha sido asumido por distintas bandas, como el clan familiar de “Los Gálvez”, pero ninguno con la capacidad operativa y el poder de corrupción que alcanzó Manuel Fuentes Cancino.
Intervención trasciende los gobiernos
El 23 de septiembre de 2001 murió alcanzado por disparos efectuados por desconocidos desde un vehículo en marcha y mientras conducía su auto el narcotraficante de la Legua de Emergencia José Manuel Ortega, apodado “Guatón Ceni” de 28 años de edad, sobrino de María Lara Sandoval, autodenominada “ Reina de la Pasta Base”. En el funeral la mujer amenazó con tomar venganza por su mano, porque según ella era el quinto de sus sobrinos asesinado por la banda rival liderada por Ricardo Antonio Riffo, apodado “El Chancho”. Este fue detenido semanas después junto a otros dos inculpados del homicidio de Ortega y María Sandoval purgó una condena de 10 años por tráfico de drogas.
El crimen fue el “punto de quiebre” en la situación de la emblemática población y motivó la reacción inmediata del Gobierno de Ricardo Lagos. El subsecretario de Interior Jorge Correa Sutil, consideró inaceptable tales sucesos y dispuso la intervención social, policial y urbanística del Estado con una inversión de $21 millones. Fue reabierta la Escuela Básica, reorganizado el Centro Comunitario San Gregorio, instalado el Centro de Asistencia Social y Judicial de la Universidad Diego Portales y facilitado el funcionamiento de ONGs dedicadas a la capacitación laboral, rehabilitación de drogas y orientación juvenil.
En el 2000 el gobierno aumentó la dotación de Carabineros elevando de categoría la unidad policial con jurisdicción en la Legua de Emergencia, poniendo en funciones la 50.a Comisaría de San Joaquín, dotándola de los recursos humanos y materiales para mantener el orden público y elevar los niveles de seguridad ciudadana.
En paralelo estaba en ejecución el “Plan Candado” de Carabineros dispuesto por el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, consistente en la fiscalización de peatones y conductores (un cerco contra vendedores y compradores de drogas) en los accesos oriente y poniente de la Legua de Emergencia, por la calle Jorge Canning, la vía principal que cruza el barrio. Pero llama la atención que en esta arteria funciona hasta hoy dos veces a la semana la feria libre de frutas y verduras, bloqueando los pasajes ciegos donde operan los narcotraficantes, facilitando la compraventa de drogas y armas, burlando la vigilancia policial. Los esfuerzos municipales por trasladarla han sido infructuosos.
Y fue la vigencia del nuevo sistema procesal penal y el empoderamiento de los fiscales del Ministerio Público lo que dio nuevos bríos a las investigaciones por narcotráfico, especialmente con las nuevas medidas intrusivas como son el agente encubierto, la delación compensada y las intercepciones telefónicas, logrando terminar con una docena de bandas criminales que operaban desde la precariedad habitacional.
No obstante, Paulo Álvarez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de La Legua consideró que hasta ahora el plan de intervención policial de su población constituye un fracaso, ya que lejos de erradicar el narcotráfico, los enfrentamientos armados y la violencia callejera, facilita el abuso de la policía en contra de los vecinos, manteniendo en suspenso la convivencia pacífica que anhelan. “La sensación que permanece es que los carabineros no están para los pobladores y cuando hay problemas (balaceras) desaparecen. Se han vuelto actores ante los cuales hay que tener cuidado”, dijo.
Recientemente el Alto Mando de Carabineros respondió a esta imputación, anunciando la revisión de su protocolo de actuación frente a los enfrentamientos armados y reforzando las labores de inteligencia policial.
La intervención de la Legua de Emergencia continuó durante el primer gobierno de Michelle Bachelet apoyando los programas de asistencia social en ejecución, en especial aquellos destinado a superar los elevados índices de deserción escolar y las mejoras en infraestructura y alumbrado público ya detectadas en 2006 en el acucioso estudio y evaluación integral de la Legua de Emergencia efectuada en conjunto por la Subsecretaría de Interior y la Municipalidad de San Joaquín.
Luego el Gobierno de Sebastián Piñera sensibilizado por las revelaciones del párroco Ouisse, adoptó una de las medidas radicales esperadas e invirtió $19 millones en la expropiación de la franja de terreno de la Embotelladora Andina (Coca Cola), para abrir una vía de tránsito público, de modo de terminar con los siete pasajes ciegos del sector copado por el narcotráfico, transformándolos en calles para facilitar la vigilancia policial.
Y esta segunda administración Bachelet comprometió $100 millones para derribar el muro perimetral del terreno expropiado, construir la doble vía que prolonga la calle Mataveri hasta empalmar con calle Venecia, dotándola de iluminación, bandejón central, paraderos de buses, jardines y mobiliario urbano.
Pendiente la remodelación de viviendas
Para mejorar las condiciones de vida de los pobladores está pendiente la remodelación de sus estrechas casas de un piso características de la Legua de Emergencia, las cuales tienen 3,5 metros de frente por 20 metros de fondo, las que fueron construidas unidas entre sí en bloques compactos de una cuadra, con entrada y salida directa a los pasajes ciegos señalados. Estos últimos conforman el único espacio público en donde transcurre la vida social, por tanto está por verse el efecto en la comunidad que producirá el tránsito vehicular, luego que esos pasajes sean abiertos al tránsito peatonal y vehicular.
Asimismo, el proyecto arquitectónico diseñado en el estudio del 2006 mencionado más arriba, considera construir segundos niveles en forma de “U” sobre las construcciones existentes, aumentando la habitabilidad de las casas y al mismo tiempo, creando nuevos espacios públicos entre las nuevas estructuras así levantadas. Pero como era de suponer, esta acertada iniciativa aún carece de financiamiento.
(*) Periodista
