Años y años se ha discutido en Chile sobre el precio de los medicamentos y el alto costo que tienen especialmente para los jubilados. Han pasado varios  gobiernos de centro, derecha  y de izquierda y no ha cambiado absolutamente nada, además de repetirse las colusiones de precios entre las cadenas de farmacias.

Ningún gobernante o sector político ha tomado “el toro por las astas” proponiendo alguna solución viable a este problema dentro de esta economía de mercado. Estos productos son cada vez más caros y a veces imposibles de adquirir para algunos bolsillos. El alcalde de una comuna popular Daniel Jadue sacó de pronto la cara y  tuvo que dar una solución parcial a este problema con la creación de las llamadas “farmacias populares”, que hoy aparecen como una estructura del mercado casi imparable, a pesar de que sectores mercantilistas o neoliberalistas se oponen tenazmente porque afecta al negocio que hacen las distintas cadenas de farmacias y otras más pequeñas.

Según una encuesta realizada por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastian, un 20 por ciento de los consultados asegura que gasta 50 mil pesos mensuales en la compra de medicamentos (estamos hablando de jubilaciones de 150.000 a 250.000 pesos). Un colega periodista tiene una jubilación de 211.208 (incluido el mísero aumento de un 1,5% anual recibido en diciembre) y está obligado a gastar 72.000 pesos mensuales en remedios.

Así, entonces, el mayor desembolso lo hacen los adultos mayores que son los consumidores extremos de fármacos en el país. El mismo sondeo pudo establecer que un 30% de las personas consultadas afirma que él o alguien de su familia ha tenido que suspender el tratamiento por no tener la capacidad para pagar los medicamentos.

Tampoco es significativa o segura la existencia de bioequivalentes ya que un 56 por ciento de los entrevistados dijo que repetidas veces solicitan este tipo de medicamentos en las farmacias pero éstos no están disponibles. La encuesta estimó que el 63% de los consultados trata de comprar  solamente bioequivalentes. Sabemos que es obligación que las farmacias deben disponer de los equivalentes, pero….¿quién o qué organismo controla esto? Ninguno.

Las cademas de famarmacias explican a su manera el problema de los precios culpando a los laboratorios que venden un mismo medicamento al Estado por un precio determinado, y otro, por un valor completamente diferente, a las farmacias. Y todo esto a vista y paciencia del Gobierno de turno, cada uno de ellos ha dado siempre como explicación que el Estado no puede intervenir en el mercado.

En una misiva de la cadena Salcobrand a la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF) se planteó que si los laboratorios les vendieran  a las farmacias al precio que le respetan al Estado, el valor al  público bajaría “significativamente”.

Y ¿por qué?

Los fabricantes internacionales venden el mismo medicamento a las farmacias, según Salcobrand, 1.000 veces más caro  que el valor que obtiene el sistema público de salud, lo que es discrimatorio para los “pobres” jubilados que deben adquirir sus medicinas en las farmacias comerciales.

¿Cuánto cuesta fabricar un medicamento y ¿por qué un mismo producto lo pueden vender con un 1000 por ciento de diferencia?

Aquí hay gato encerrado, pero al Gobierno parece que no le inquieta mucho este problema, quizá porque a esta altura  no le va a significar ni más votos ni tampoco un mayor apoyo ciudadano, ya que su imagen ya es mala y seguirá siendo así hasta marzo cuando venga el cambio de mando en La Moneda.