Foto de Portada – Protesta contra la delincuencia en barrios de Santiago

Por Hernán Ávalos Narváez

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) correspondiente a 2016 realizada por el INE reveló que de las cinco comunas con mayores niveles de victimización en la Región Metropolitana, tres de ellas pertenecen a la zona suroriente de la capital.

Se trata de La Granja, La Cisterna y San Miguel, donde más del 30% de sus hogares ha sido víctima de algún delito contra las personas y sus bienes, superando el promedio de la región, de 25,1%.

Para el experto en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, estos resultados revelan una mala distribución de efectivos policiales en la capital. “Tenemos desigualdad en la distribución de carabineros, así como en los medios con que cuenta cada comuna para ayudar a prevenir el delito”, sostiene.

Araya, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, sostiene que la policía uniformada concentra la mayor parte de su dotación en la zona nororiente de Santiago, en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Providencia y La Reina, Las Condes, las cuales presentan tasas de victimización más baja, con un 22,7%.

“Esas comunas tienen una mayor vigilancia policial y, normalmente, el mando de Carabineros justifica su mayor presencia en esos municipios porque hay más bancos e instituciones financieras”, explica el especialista. “En las comunas de menores ingresos, hay una menor presencia de carabineros, objetivamente”, reitera.

En su análisis de fondo Jorge Araya estima que la ENUCH,  revela una faceta de la desigualdad del país, porque esas comunas de la zona nororiente tienen municipios con recursos suficientes para financiar sistemas de prevención y vigilancia: cuentan con vehículos y guardias o vigilantes municipales; tienen calles bien iluminadas, alarmas, protección, drones y tele vigilancia, recursos que no disponen o son mínimos en las comunas del sector suroriente de la capital.

Recortan presupuesto para prevención

Para el profesor Araya, parte importante del control de la delincuencia común está en el ámbito de la prevención. Sin embargo, lamenta una disminución sistemática de recursos en el Presupuesto de la Nación para efectuar estas labores.

“Se advierte una situación francamente escandalosos. De 2016 a 2017, se rebajaron los recursos para la Subsecretaría de Prevención del Delito en un 50%. En los recursos contemplados para el periodo 2017-2018, la baja proyectada es del 60%”, sostiene. “Tenemos un problema estructural. Lo que se está destinando en el Presupuesto Nacional para prevención es muy poco, alrededor del 14%”, agrega.

Para el experto, el argumento para reducir el presupuesto, sería que el programa “Planes Comunales” estaría con una baja evaluación de gestión, lo que a su juicio representa una excusa, ya que no está diseñado para obtener resultados en el corto plazo, sino en un periodo entre cinco y diez años.

“Los Planes Comunales han permitido que los municipios desarrollen programas de alarmas comunitarias o equipos de vigilancia, y todos esos recursos y experiencia que se ha ido desarrollando en el tiempo, todos esos programas psicosociales de rehabilitación de drogas y otros muy valiosos, se van a quedar sin financiamiento”, advierte.

Por lo tanto, Araya considera necesario aumentar el porcentaje del presupuesto destinado a prevención a un 25%. De lo contrario, “tendremos consecuencias graves, lo que significa que en cinco o diez años más, vamos a ver un aumento de la delincuencia común, con todas las manifestaciones de violencia que comprende”, concluye.