Al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, le llueve sobre mojado, porque a su fallida candidatura para reelegirse el domingo como senador por un octavo período aparece ahora vinculado a una investigación en su contra por tráfico de migrantes y cohecho que realiza la Fiscalía Centro Norte.

Esta mañana, muy temprano, La Tercera informó sobre la espectacular investigación del Ministerio Público cuando se supo que le había pedido al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago “continuar con el monitoreo de un teléfono del imputado senador Andrés Zaldívar explicando que este operativo resultaba fundamental tanto para acreditar el hecho originalmente investigado de tráfico de migrantes como el de cohecho”.

En concreto, se solicitó extender las escuchas porque se estaba indagando el posible vínculo del político con el empresario Álvaro Jofré Cabezas, quien ingresó 32 ciudadanos chinos al país entre el 7 de junio y el 12 de julio.

Jofré, principal acusado, afirmó que los chinos eran sus invitados y que se quedarían en un hotel de Santiago. Sin embargo, la PDI lo denunció el hecho porque los extranjeros ingresaron a Chile con visa de turista.

El mismo matutino informó que el fiscal Marcelo Carrasco envió un oficio, en el cual señaló que Jofré Cabezas “además, se jactaba de tener amistad con gente del Gobierno. Así, el imputado habría tomado contacto con Rodrigo Sandoval, exjefe nacional del Departamento de Extranjería, y que también se comunicó con Diego Rivera López, quien es funcionario de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores que ostenta el cargo de primer secretario. A ambos, Jofré les habría manifestado de manera abierta que «tenía problemas con el ingreso de los ciudadanos chinos que quería traer al país, lo que estaría siendo obstaculizado por  el Consulado de Chile en Shangai”.

El empresario “se comunicó también con el senador Andrés Zaldívar Larraín, quien en al menos tres ocasiones le indicó que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontin, actualmente director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para revisar la gestión que le encomendó»: revisar la situación de las visas gestionadas por el imputado, según el diario La Tercera.

Junto con ello, el fiscal entregó audios en los que el presidente del Senado hablaba sobre una terna de jueces para un tribunal en Talca y una conversación con el director general de la PDI, Héctor Espinosa, referida a un funcionario.

Hasta aquí la denuncia. Sin embargo esta tuvo este miércoles nuevas repercusiones, ya que Zaldívar rechazó todas las acusaciones asegurando ante la prensa que tenía “las manos limpias” y que la filtración y publicación de los antecedentes de esta causa constatarían un delito. Toda esta acusación es  “absurda y no tiene fundamentos”, declaró el senador.

Estas filtraciones fueron publicadas en la página web del Poder Judicial, curiosamente inmediatamente después que el senador democristiano perdiera la reelección en la Región del Maule.

Desde la Fiscalía Centro Norte se declaró posteriormente que ya se habían iniciado indagatorias por la filtración de los antecedentes en contra del parlamentario. “Considerando la gravedad de los hechos publicados, se inició una investigación de oficio para determinar las razones por las cuales la información fue difundida en el Poder Judicial”, informó el fiscal Andrés Montes.

Este miércoles, el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, informó que había solicitado al Séptimo Juzgado de Garantía un informe sobre la tramitación de la causa.

El oficio del presidente Pfeiffer pide información al tribunal, al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la Fiscalía Centro Norte.

Todo lo anterior, se debe a que según una denuncia del Ministerio Público, la causa tenía carácter de reservada, pero -por razones que se deben investigar- una solicitud de la misma pudo ser vista desde el portal de tramitación judicial y luego publicada por el diario La  Tercera.

Además, durante esta jornada, la jueza presidenta del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, instruyó un sumario administrativo a fin de determinar eventuales responsabilidades.

El presidente de la Democracia Cristiana, Matías Walker, aseguró hoy no conocer los antecedentes de la investigación que lleva el Ministerio Público en contra de Andrés Zaldívar por tráfico de migrantes y cohecho.  “No he tenido la oportunidad de hablar con él, porque estamos votando la ley de presupuesto”, manifestó.  Es una situación personal que afecta al senador Zaldívar, que él tendrá que aclarar”.

Ante la posibilidad de que pase a algún tribunal interno, explicó que “nosotros tenemos un código de ética, de acuerdo con el cual, cuando los militantes son formalizados por la investigación de un delito, son suspendidos de su militancia, y cuando son condenados, son expulsados”.