Los “Paradise Paper” comienzan a dar dolores de cabeza a las autoridades fiscalizadoras chilenas como el Servicio de Impuestos Internos (SII) que confirmó ya estar trabajando con la red JITSIC (Red de Trabajo Internacional Conjunta sobre Inteligencia Compartida y Colaboración) — compuesta por 37 administraciones tributarias — para reunir los antecedentes derivados de esta investigación periodística que puedan involucrar a Chile o contribuyentes chilenos.

Hasta ahora se ha señalado que la filtración de información desde la empresa Appleby contendría cerca de 13,4 millones de registros con antecedentes informales de diferentes contribuyentes a nivel global que estarían utilizando esquemas para eludir o evadir la carga tributaria respectiva, por la vía de ocultar su patrimonio y las rentas que este genera.  La investigación “Paradise Papers” divulga justamente información internacional relacionado con la compañía de asesoría legal Appleby, marco en el cual se está haciendo un seguimiento a las empresas que operan en Chile y que aparecen mencionadas en esas bases de datos, como por ejemplo Nike, Uber y Apple, entre otras.

La filtración recoge documentación de los buffetes de abogados Appleby y Asiaciti Trust, además de 19 jurisdicciones opacas. De acuerdo al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, Appleby es una firma de abogados ‘offshore’ creada en 1898 que cuenta con distintos premios, como el galardón a la firma de abogados corporativos en 2015, y que forma parte del Offshore Magic Circle.

Appleby, fundado en las Bermudas, tiene unos ingresos de 100 millones de dólares anuales y cuenta con más de 700 empleados en todo el mundo. La firma de abogados trabaja en Estados Unidos, Hong Kong, y en paraísos fiscales como las Islas Caimán, lsla de Man o las Islas Mauricio.

La firma es reconocida como uno de los estudios jurídicos más prestigiosos del mundo para constituir y administrar sociedades o entramados offshore. Pero también facilita la apertura de cuentas bancarias para clientes que quieren evadir impuestos o mantener sus finanzas en las sombras.

Sin embargo, como ya se ha recalcado,  la creación o utilización de sociedades Offshore en regímenes fiscales preferenciales no constituye en sí misma una conducta ilegal en materia tributaria, mientras ello no implique una vulneración de la normativa vigente, lo que necesariamente se debe corroborar en un análisis caso a caso.

El círculo de Trump

La filtración masiva recientemente conocida desnudó parcialmente a los más poderosos económicamente hablando  desde integrantes del gabinete de Donald Trump, de los gobiernos argentino y brasileño, la Reina Isabel de Inglaterra, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo, poderosos empresarios y millonarios como es el caso de Apple, pero también a famosos como es la cantante colombiana Shakira o de Bono, líder de la banda U2. Todos ellos recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países.

Es que la masiva filtración sobre la red financiera offshore dada a conocer en los Papeles del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió esta semana a miles de clientes de la élite mundial –tanto del ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares es, sobre todo, el secreto.

Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes del presidente de EE UU,  Donald Trump, fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

Más aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular a inversionistas rusos ligados al gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, lo que echa más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadounidense. Y hay más: uno de esos ricachones rusos invirtió 850 mil dólares en Cadre, una empresa de bienes raíces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Otros miembros del círculo Trump que están involucrados en este sistema offshore son Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, asesor económico en jefe del presidente, y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, entre otros. Se supone que todos ellos están detrás del lema de Trump “América primero”, que tiene por objetivo lograr el regreso de las inversiones que se han “escapado” de EE UU a otros lugares del mundo para que justamente paguen los impuestos en el país que les corresponde como ciudadanos. Pero también hay demócratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker y el multimillonario George Soros, entre otros.

A la vez, en los archivos aparece toda una gama de personajes, como la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, el cura  fundador de los Legionarios de Cristo; los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; inversiones de la monarquia británica y hasta de la reina Noor, de Jordania; del ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles; del ex general y ex comandante de la OTAN Wesley Clark, entre cientos más o las acciones de Madonna en una empresa médica.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la élite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales.

La filtración

El matutino alemán Suddeutsche Zeitung  fue el medio que comenzó a obtener la información compartida con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un año. Este domingo empezaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados al consorcio. El ICIJ fue el responsable también de los Papeles de Panamá divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía lo revelado el año pasado.

El ICIJ, en la presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones de dólares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos a tesorerías nacionales.

Hay un grupo pequeño de personas que no están sujetas a las leyes como el resto de los ciudadanos, y eso es a propósito, declaró al ICIJ Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhage y autora del libro Capital sin fronteras. Puntualizó que cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos y eso está profundizando la desigualdad de la riqueza.

La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby, junto con Estera (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los cerca de 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos que involucran a unas 25 mil empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluido México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas en Hong Kong, Shanghai, Islas Caimán e Islas Vírgenes.

Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiaciti Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países, desde Asia hasta el Caribe.

Los latinoamericanos no se quedan atrás

 

Entre los latinoamericanos en la lista, están el mexicano Alejando Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de Jano, Ltd, empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la policía del entonces Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil; José María Figueres, ex presidente de Costa Rica, y Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros.

El presidente colombiano “en concreto, aparece hasta el año 2001 -por entonces era ministro de Hacienda- como director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Después, el cargo quedó en manos, entre otros, de la familia de César Gaviria, ex presidente de Colombia”, señala el diario El Mundo de España. En los documentos también sale a la luz otra compañía aseguradora de ese país del Caribe, Nova Holding Company Limited. “Ambas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A., una compañía tradicional que financia gastos educativos de colombianos en el exterior. Santos fue miembro de la junta directiva Global Education Group Colombia en 1998”.

El presidente Santos señaló que en la sociedad Global Tuiton le “ofrecieron una participación minoritaria a la cual renuncié en 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía. En dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby (exembajador norteamericano en Colombia) y Luis Guinot”.

La filtración incluye igualmente al ministro de Finanzas del presidente argentino Mauricio Macri, Luis Caputo, como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales. En su defensa, Caputo aseguró que se desvinculó de los fondos en los que aparece señalado –y que no figuran en su declaración jurada– antes de ingresar en la función pública y juró que no existe conflicto de intereses.

Los Panama Papers ya habían involucrado al presidente Mauricio Macri en dos offshore en Panamá y las Islas Bahamas, pero el sumiso Poder Judicial argentino se ocupó de sobreseer al Presidente en diversas instancias. En este nuevo caso, la principal fuente de información es el estudio Appleby, fundado en Bermudas y con sedes en las Islas Caiman, Shangay, Hong Kong y otras ciudades.

Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caimán y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. Caputo también manejó este último fondo, Alto Global, inscripto en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares.

Estas empresas se ramifican mediante un esquema de cajas chinas con otras llamadas Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. Las últimas operaron en territorio argentino junto con Alto Global y se radicaron en el coqueto barrio de Puerto Madero. El financista argentino Martín Guyot, radicado en Miami, figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”. Guyot aparece como su socio en las distintas sociedades.

“Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la verdad es que no lo sé. Si fuera así, me trago este teléfono y me tiro por la ventana”, aseguró Caputo ante los medios que publicaron la investigación. Ninguno de los fondos figura en su declaración jurada. Caputo aseguró que es porque no fue accionista de los fondos (“hasta donde yo sé”, aclaró). la investigación también incluye al financista Ignacio Rosner, vinculado al gobierno e intermediario en el adquisición de activos por parte de capitales extranjeros.

El caso Shakira

Shakira, que reside en Barcelona con su pareja, el futbolista Gerard Piqué, y sus dos hijos, está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según develan los “papeles del paraíso”, que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31.6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.

Se trata del dinero conseguido por los derechos de autor de sus canciones, que gestiona en esos dos países con ventajas fiscales, señala el diario francés Le Monde, uno de los medios que ha participado en la investigación de los “papeles del paraíso”.

En declaraciones a este medio, Ezequiel Camerini, uno de los abogados de Shakira, aclaró que su clienta tiene una propiedad en las islas Bahamas, desde 2004. “Los años siguientes tuvo que viajar sin parar y ha pasado la mayor parte del tiempo en diferentes países. Como parte de la gira ‘Sale el Sol’, dio 110 conciertos por todo el mundo”, resaltó Camerini.

La Reina del Reino Unido

Los Paradise Papers revelaron que la monarca del Reino Unido invirtió unos 10 millones de libras (unos 13 millones de dólares) pertenecientes a la Corona en paraísos fiscales en las Islas Bermudas, sede central de Appleby, y en las Islas Caiman, cuya jefa de Estado es la misma Reina Isabel II.  El escándalo también alcanza a uno de los principales financistas del Partido Conservador, lord Michael Ashcroft.

Entre las compañías favorecidas por la Reina se encuentra la cadena de off-licence (venta de bebidas alcohólicas) Threshers y Bright House, un negocio de “renta por alquiler”. Threshers quebró dejando una deuda impositiva de 23 millones de dólares y seis mil personas en la calle, mientras que Bright House ha sido acusada de explotación de los pobres con su alquiler de productos y servicios a los más necesitados.

Está claro que la Reina Isabel II no está a cargo de la administración de su fortuna, estimada en unos 650 millones de dólares, con ingresos anuales. El ente que maneja su portafolio de inversiones es el Ducado de Lancaster, hoy en el centro de la tormenta. “Es obvio que si uno está a cargo del dinero de la monarquía tiene que invertirlo de una manera que no tenga la más mínima sombra y, desde ya que no tenga nada que ver con sitios que son sinónimo de opacidad, criminalidad, evasión y elusión fiscal”, dijo la presidenta de la comisión de finanzas públicas, la laborista Margaret Hodge, a la BBC

El otro gran protagonista fue Lord (desde 2001) Michael Ashcroft, uno de los principales financistas del Partido Conservador, quien abrió un fideicomiso en Bermudas, el “Punta Gorda Trust”, de más de 450 millones de dólares. La opacidad del fideicomiso de Lord Ashcroft era tal que abogados de Appleby expresan en varios mails su preocupación porque se les pedía que firmaran todo sin examinar nada. “No se nos informa nada, a pesar de que somos en teoría responsables de la administración del fideicomiso”, señala uno de los abogados “senior” de la firma.

La revelación deja otra vez mal parada a la primera ministra, Theresa May, que viene trastabillando con las negociaciones por el Brexit y el escándalo sexual que le costó el puesto al ministro de defensa Michael Fallon y que desde los Panama Papers el año pasado viene prometiendo que van a ajustar las tuercas a este mundo de la elusión y evasión fiscal, pero por el momento no han dejado de dar marcha atrás con cada iniciativa que han tomado.

Chile: El transantiago

Alsacia, el mayor operador del Transantiago, se encuentra al borde de la quiebra. La compañía de capitales colombianos, peor evaluada por su frecuencia y regularidad, registra varios años de déficit patrimonial, problemas operacionales e incumplimientos con sus acreedores. Además, en junio pasado demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Central, por “incumplimiento de contrato”. Esto último, luego que en marzo de 2017 anunciara en Chile un proceso de reorganización y liquidación de deudas –que aún no se concreta–, responsabilizando al Ministerio de Transportes de su agonía financiera.

Una investigación de Ciper reveló cómo la concesionaria de capitales colombianos ha ocupado las Islas Bermudas –apetecida por su política “cero impuesto”– como pivote para sus negocios en en el país. Sin embargo, el deterioro financiero, que lo llevó a acogerse a reestructuraciones y a exigirle al Estado de Chile más inyección de recursos, está dada por las millonarias y poco conocidas transacciones de la propia concesionaria con distintas empresas relacionadas que le ofrecen servicios y que también operan en el país.

Debido a que el Transantiago es un sistema que recibe fuertes subsidios por parte del Estado, los negocios de Alsacia con sus empresas relacionadas encendieron las alarmas en el Ministerio de Transportes, cartera que estaría analizando el detalle de esas transacciones.

Sistema tributario complejo

Los principales paraísos fiscales del mundo

Desde la perspectiva nacional, la evasión tributaria chilena se produce por diversas razones de carácter económico, cultural y financiero, porque estamos al frente de un sistema tributario complejo, regresivo y mal gestionado fomenta la evasión tanto en la etapa de recaudación como en la asignación. Ello sin considerar la baja probabilidad de detección por los servicios de la fiscalización tributaria y el mínimo impacto sancionatorio en el supuesto caso de ser descubierto. Esta configuración de nuestra ciudadanía, en particular puesto el interés en aquellos que tienen la oportunidad de llevar sus ingresos a centros financieros internacionales, sean personas naturales o jurídicas, transforma la existencia de paraísos fiscales en una llamativa tentación para eludir o evadir el pago de tributos establecido por la ciudadanía y sus representantes como los que se ajustan a la realidad. Dicho sea de paso, sabemos que la redacción de las normas es dirigida o influenciada fuertemente por las presiones de la elite política y empresarial, por lo que no se entiende que ellos busquen vulnerar las normas a cuya formalización accedieron, a menos que busquen desarrollar competencia desleal en sus actividades económico financieras.

Estas cuantiosas fugas de dinero son una enorme pérdida para los territorios de los que salen, en particular para los países en vías de desarrollo, desde donde se estima que en el año 2014 salieron más de US$2.0 trillones por este concepto, incrementando fuertemente la brecha de desigualdad existente. Ello, porque los gobiernos con presupuestos siempre escasos de recursos se ven presionados para recortar el gasto social en programas de salud, educación, vivienda, obras públicas, previsión, etc.

En Chile esta situación es ampliamente conocida por los especialistas, tanto es así que el gobierno en su adecuación tributaria implementó una norma de blanqueamiento excepcional para la repatriación de capitales en el extranjero, pagando una tasa de un 8% por una única vez. Se presentaron 7.832 declaraciones voluntarias sumando más de US$18.700MM, es decir una recaudación superior a los US$1.500MM.  Si consideramos que las estimaciones más conservadoras desarrolladas por la Global Financial Integrity en su informe de diciembre del 2015 señalan que desde Chile más de US$54.000MM habrían salido rumbo a paraísos fiscales de manera ilegal entre los años 2004 al 2013.

Un  informe del Financial Flow and Tax Havens” destaca que el mayor receptor de fondos desde Chile entre el 2009 al 2012 fue Emiratos Árabes Unidos, seguido por Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán. En el caso de los fondos que ingresan a Chile provenientes de paraísos fiscales, éstos se concentran en Bahamas, Bermuda e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

Chile tiene vigentes 32 convenios para evitar la doble tributación internacional,  cuyo  objetivo esencial es prevenir la evasión y la elusión tributaria a través de diferentes cláusulas que limitan sus beneficios, así como más de una decena de convenios bilaterales específicos y automáticos de intercambio de información.

El ICIJ mostró los resultados de su investigación a J. Richard Harvey, profesor de derecho de la Universidad Villanova, y a Stephen Shay, profesor titular de la Facultad de Derecho de Harvard. En 2013, ambos testificaron ante un comité del Senado de Estados Unidos sobre la anterior estructura irlandesa de Apple. Los dos le dijeron al ICIJ que parecía probable que el fabricante de iPhone hubiera transferido activos intangibles a Irlanda.

“Si bien no está 100 por ciento claro cómo Apple ha reestructurado sus operaciones irlandesas, una gran posibilidad es que hayan transferido más de US$200.000 millones de activos intangibles valiosos… a una compañía residente en Irlanda, por ejemplo Apple Operations Europe”, dijo Harvey.

Shay agregó: “Al usar los alivios impositivos aplicados a la propiedad intangible irlandesa, Apple probablemente pagará poco o ningún impuesto irlandés adicional sobre los ingresos de Apple Operations International en los años por venir”, publicó Univisión.