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Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raul Romeva, Carles Mundó , Jordi Turull, Maritxel Borrás y Josep Rull llegan al tribunal a declarar. La jueza los dejo a todos en prisión.

La magistrado de la Audiencia Nacional Carmen Lamela  encarceló este jueves a nueve exconsejeros  del ex Gobierno catalán que presidía Carles Puigdemont en la causa iniciada esta semana por el acto de sedición tras el frustrado «proyecto independentista» que se desarrolló en los últimos meses en Cataluña. Entre ellos se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC (izquierda catalana), Oriol Junqueras.

La jueza el ingreso en prisión de los nueve exconsejeros del Gobierno catalán por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. Entre ellos se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras. Además de este último quedaron en prisión Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. En el caso del exconsejero Santiago Vila, la magistrada resolvió  prisión eludible bajo fianza de € 50.000.

Sólo  Vila aceptó contestar las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira.  Tiene a su favor el hecho de haber dimitido a su cargo antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado viernes.

Según el auto de la juez, Lamela considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y considera que no se puede obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país. En este sentido, la juez recuerda, en el auto, que ya varios querellados se han ido a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que puedan incurrir. Así lo expuso el fiscal durante la celebración de la vista para medidas cautelares

La magistrado considera que existen indicios de la comisión de un delito de rebelión por parte de los miembros del Govern y dado que conlleva una pena de prisión de hasta  50 años, es evidente la existencia de riesgo de fuga.  «Los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, 15 años de prisión por el de sedición y ocho años de prisión por el de malversación», dijo la magistrado. Su argumento consiste en que la actuación de todos ellos «fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia».

Agregó que basa la gravedad de los actos de los acusados en que «para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, estos se valieron de la población alertando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado ocupando al efecto carreteras, calles, o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso».

La instructora ya envió a prisión incondicional a los presidentes de las asociaciones  Asamblea Nacional Catalana ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por el delito de sedición por las concentraciones organizadas por ellos el pasado 20 de septiembre en la puerta de la Conselleria d’Economía mientras la Guardia Civil realizaba un registro bajo una orden judicial.

Tras esta decisión, ahora Lamela deberá resolver ahora si cita para otro día al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los cuatros consejeros citados y que no han acudido o si directamente emite una orden europea de detención, dado que se conoce que se encuentran en Bélgica.

La juez considera que estos hechos son suficientemente graves tras haberse proclamado la independencia de una parte del territorio fuera de las vías legales. El Govern se valió, según recoge la Fiscalía, de la Mesa del Parlament para aprobar leyes abiertamente ilegales e inconstitucionales; con unas asociaciones como ANC y Òmnium que actuaron como brazo civil de la Generalitat; y con unos Mossos d’Esquadra que habrían permitido las movilizaciones para apoyar el referéndum del 1 de octubre como antesala a esa declaración de independencia.

El delito de rebelión exige que exista un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Sin embargo, la Fiscalía ya apuntaba que esa violencia no tiene porqué ser física sino que tenga capacidad para ello. La capacidad de movilización de los independentistas generó una intimidación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destinados en Catalunya para defender la ley y cumplir las órdenes judiciales.

Asimismo, la Fiscalía entendía que el 1 de octubre hubo un alzamiento “violento”, con insultos, menosprecio y sillazos a policías y guardias civiles. Para la Fiscalía, esos hechos claros de una existencia de violencia para conseguir sus fines.

La Fiscalía ha valorado que ninguno de los consellers ni Junqueras hayan querido contestar a las preguntas del fiscal ni del juez. Menos Santi Vila, que sí lo ha hecho, los demás sólo han respondido a las preguntas de sus abogados, con unas comparecencias de una media de cinco minutos cada uno, como informó La Vanguardia de Barcelona.

El Documento EnfoCAT

La magistrada también tiene en cuenta el documento denominado EnfoCAT encontrado por la Guardia Civil en el domicilio del secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep Maria Jové, y que era el plan secreto diseñado milimétricamente por los partidos nacionalistas para proclamar la independencia de Cataluña. La estrategia, bautizada con el nombre de #EnfoCATs, vaticinaba que la declaración unilateral de independencia (DUI) que llegó a proclamar este Carles Puigdemont generaría un conflicto que bien gestionado podría conducir «a un Estado propio».

Este documento incluye «todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante más de dos años incluida la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)». «En ese documento se diseñó un plan estratégico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio (…) derivando si fuese necesario y como último recurso un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano orientado a generar inestabilidad política y económica».

En la descripción de estos planes la jueza asegura que «la actuación a través de los movimientos populares iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia».