Foto de Portada: Gerardo Blyde de la MUD

Voluntad Popular (VP), el partido fundado por el opositor venezolano bajo arresto domiciliario Leopoldo López;  Primero Justicia (PJ), partido del líder opositor Henrique Capriles;  y Acción Democrática (AD), no participarán en la elección de alcaldes que se celebrará en diciembre como una forma de protesta contra el sistema electoral del país, que la oposición califica de fraudulento.

«No seremos partícipes de un nuevo fraude contra nuestro pueblo, y responsablemente instamos a los demás partidos de la unidad a no participar de manera alguna en las mismas para no convalidar un fraude anunciado», dijo el coordinador nacional de la formación, el diputado Freddy Guevara.

Remarcó que ningún militante de VP podrá postular su nombre e instó a los partidos que integran la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a seguir esta línea de cara a las elecciones municipales, cuya fecha de celebración no ha sido anunciada aún por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El también primer vicepresidente del Parlamento venezolano reiteró su denuncia de que los últimos resultados electorales, -la votación del 15 de octubre en la que el chavismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones- constituyen un «fraude comprobado», por lo que insistió en la necesidad de «luchar» para cambiar las condiciones electorales.

En este sentido, VP dijo que no reconocerá otro gobernador en el estado Zulia (oeste) que no sea Juan Pablo Guanipa, que resultó electo en la reciente contienda pero que ha sido «destituido» por no prestar juramento ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano señalado de fraudulento.

Voluntad Popular asumió además como «corresponsable de los errores cometidos en la MUD», que actualmente atraviesa por una profunda división y crisis, e hizo votos para que se conforme una nueva alianza antichavista para «salir de la dictadura» que, entre otras cosas, no reconozca a la ANC, y trabaje para «afianzar la presión internacional y las sanciones contra la dictadura».

Primero Justicia

Más temprano, el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, ratificó que su partido no participará tampoco en las municipales, y llamó a los ciudadanos a exigir condiciones que permitan tener unos comicios libres.

«La decisión de Primero Justicia de cara a las elecciones de alcaldes es que no vamos a participar. Nuestra lucha implica conseguir elecciones libres, sin chantaje con puntos rojos, sin sustitución de puntos de votación, sin inhabilitaciones y detenciones injustificadas de candidatos”, indicó el también presidente de la Asamblea Nacional este lunes.

Igualmente, el partido opositor Acción Democrática (AD), el más antiguo de Venezuela y liderado por el expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup, también anunció este lunes a participar en las elecciones municipales de diciembre.

«Ratificamos que en esta oportunidad y en estas condiciones no vamos a participar», dijo Ramos Allup tras señalar que han tomado esta decisión pese a que consideran que la vía para salir de la «dictadura» es la electoral.

Acción Democrática obtuvo cuatro de las cinco gobernaciones que logró la oposición en los comicios regionales del pasado 15 de octubre, sin embargo, tomó la decisión tras realizar una consulta con otras organizaciones políticas y por considerar que  el Gobierno de Nicolás Maduro hace elecciones cuando le conviene.

En ese sentido, Ramos Allup dijo que seguirán «luchando por condiciones electorales» que consideren imparciales y alertó que se están registrando casos de militantes de varios partidos que se están inscribiendo para los comicios municipales. Aquellos afiliados a AD que decidan participar serán excluidos de la organización, sentenció.

Durante la rueda de prensa de este lunes, Ramos Allup se mostró abierto a postularse como aspirante en unas eventuales primarias de la oposición para elegir a un candidato que se presente a las elecciones presidenciales, que según la Constitución deben celebrarse a finales del año que viene.

Comunicado del alcalde de Caracas

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma de la Alianza Bravo Pueblo (ABP), por su parte, a través de un comunicado publicado por su esposa, Mitzy Capriles, indicó que «no es tiempo de apetencias personales sino de enmendar los errores cometidos en el pasado proceso comicial de gobernadores».

Consideró que fue insólito que la MUD  (Mesa de Unidad Democrática) decidiera ir a las regionales sin un debate previo y asegura que la participación en las regionales «ha causado daño irreparable a la Mesa dentro y fuera del país, que la redujo a un capitulo cerrado que nos demanda reinventar nuevos ejes frentistas para salvar la República».

Asimsimo, resalta que haber participado en los comicios regionales, con las complejidades e irregularidades del proceso, fue validar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Por lo tanto, insistió en que es necesario refundar la MUD y crear una nueva alternativa para los venezolanos.

Desde Ottawa habla el Presidente Santos

Entretanto, el  presidente de Colombia Juan Manuel Santos (la foto lo muestra junto a Maduro en otros tiempos más pacíficos) admitió este lunes que los intentos por encontrar una salida pacífica a la crisis que vive Venezuela han fracasado, según reporta el diario El Tiempo.

En declaraciones ofrecidas en la Universidad de Ottawa, en Canadá, Santos reconoció que “hemos estado muy activos tratando de buscar una solución pacífica a este problema, pero desafortunadamente hemos fracasado.

El presidente colombiano, que cumple una visita de estado de dos días a Canadá, dejó en claro que será necesario persistir para encontrar las medidas que permitan que el vecino país supere su actual crisis social y política.

Este lunes se supo que los partidos de oposición Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática anunciaron su decisión de no participar en los comicios municipales convocados por el régimen de Nicolás Maduro, que señalan como fraudulentas.

Venezuela enfrenta igualmente una severa crisis en lo social que se manifiesta no solo en los desabastecimientos, sino en sectores sensibles como la salud pública con falta de medicamentos y carencias elementales en servicios básicos.

A tono con la postura de la oposición venezolana en el enfrentamiento a las decisiones de Maduro y al reciente proceso de elección de gobernadores, Santos comentó que “no ha sido muy coherente o no ha estado muy unida” y eso lo ha aprovechado el régimen de maduro para dividir y vencer.

Manuel Rosales habilitado nuevamente: Es que quieren dividir más aún a la oposición

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suspendió la inhabilitación para ejercer cargos públicos del opositor y ex gobernador del estado de Zulia (noroeste) Manuel Rosales, al admitir un recurso de nulidad contra una decisión que la Contraloría le impuso en 2014.

En una sentencia publicada en el portal web del TSJ se señala que la Sala Político Administrativa declaró «procedente» una solicitud de amparo cautelar, suspendiendo la decisión de la Contraloría que dejaba a Rosales inhabilitado por un período de siete años y seis meses.

El Supremo señala además que se acordó suspender la decisión de la Contraloría «hasta tanto se dicte la decisión de fondo que resuelva el mérito de la presente controversia».

Rosales, que también fue candidato presidencial en 2006, indicó en su cuenta de Twitter que el recurso de nulidad y la solicitud de amparo cautelar contra la decisión de la Contraloría que lo dejaba inhabilitado lo introdujo en 2015.

Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo, se pronunció acerca de la sentencia 01169 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anula la inhabilitación política dictada en su contra desde hace tres años, afirmando por Twitter que la decisión se debe a la solicitud que introdujo en el año 2015 contra un procedimiento arbitrario de la Contraloría General de la República (CGR).

“Hace meses aparezco habilitado. El gobierno quiere dividirnos, porque es el único camino donde puede avanzar. ¡Venezuela está decidida a cambiarlos y eso requiere de todos!”, expresó.

El ex gobernador del Zulia fue inhabilitado el 8 de agosto de 2014 para el ejercicio de funciones públicas por un período de siete años y seis meses, por presuntamente otorgar contratos a empresas para administrar juegos de loterías de forma irregular.