Las dos partes en el conflicto por la independencia de Cataluña se acusan mutuamente de orquestar un golpe de Estado. Pero, ¿está realmente justificado comparar la crisis actual con el intento de golpe militar de 1981?

Los frentes entre Madrid y Barcelona se han endurecido y el gobierno español ha dado luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que le permite asumir el Gobierno en Cataluña para llamar a nuevas elecciones. Ambas partes, en el conflicto por la independencia catalana se acusan mutuamente de orquestar un golpe de Estado.

Es cierto que los frentes entre Madrid y Barcelona se han endurecido más de la cuenta. Los eurodiputados catalanes han solicitado la declaración de independencia del Parlamento regional. Y el primer ministro, Mariano Rajoy, ha pedido al Senado en Madrid que disuelva el gobierno regional catalán.

El tono entre las partes del conflicto es cualquier cosa menos conciliador: ambas se han acusado mutuamente de querer provocar un golpe de Estado.  La Izquierda Republicana de Cataluña acusó a los principales partidos españoles de rechazar en un «golpe institucional» a los catalanes por la independencia, y el presidente regional Carles Puigdemont habló de un «golpe» contra su gobierno.

El término «Golpe de Estado» pesa mucho en España porque recuerda el fallido golpe militar de 1981, en que el entonces comandante de la Guardia Civil teniente coronel Antonio Tejero ocupo la sede del Parlamento en Madrid.

Soldados armados en el parlamento español

La cámara baja del parlamento español- el Congreso de Diputados en el Palacio de las Cortes-  fue tomada por asalto el 23 de febrero de 1981 por 200 policías militares  uniformados y armados de la Guardia Civil, durante la votación para la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, de la Unión de Centro Democrático. Esto ocurrió cuando la democracia española tenía solo tres años de vida. Los militares leales al ex dictador Francisco Franco dispararon al aire y tomaron rehenes. Su objetivo era instalar un nuevo gobierno militar «para toda España», como reconoció posteriormente el cabecilla Tejero. Paralelamente a lo que ocurría en Madrid  se registró la ocupación militar de la ciudad de Valencia en virtud del estado de excepción proclamado por el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar española.

El rey Juan Carlos I, entonces jefe de estado y comandante en jefe de las FF AA, adoptó una posición firme al lado de la democracia. En un discurso que pronunció  en la noche del día del intento golpista, llamó al Ejército y a la población española a defender la joven Constitución con todos los medios legales posibles. El golpe fracasó y sus cabecillas fueron arrestados al día siguiente. Para muchos analistas e historiadores este grave incidente, ocurrido hace 36 años,  fue una señal de que España había terminado la transición del régimen autoritario de Franco a una democracia real.

Un desafío para la democracia

Distinta a la de 1981, España está hoy en una nueva crisis política grave y se espera que esta vez también sea el Rey de España el que impida una peligrosa mayor escalada de la difícil actual situación,  aunque debe reconocerse que la fortaleza y decisión de Juan Carlos I no era la misma que la del actual monarca Felipe VI. Además la época y circunstancias de la actual crisis son también diferentes.

Para algunos analistas europeos la crisis actual es el resultado de una constitución española demasiado rígida. El movimiento independentista catalán no quiere abolir la democracia española, como era el caso en 1981.

Por ejemplo, para Sebastian Balfour, profesor emérito de la London School of Economics y experto en política española, la actual Constitución no puede reflejar identidades y lealtades cambiantes,  porque lo que ocurre es que los intereses de estas identidades se han ido modificando en las últimas décadas desde que se adoptó la Constitución española en 1978, que le otorgó autonomía a las distintas regiones españolas en diversos grados. Muchas de ellas parecen no estar contentas y considerar que es insuficiente lo que están recibiendo devuelta después de enviar gran parte de la recaudación fiscal a Madrid.

La independencia de las regiones españolas es vista históricamente en forma muy crítica por actores del espectro político de la derecha.  Muchos creen que el golpe de 1981 también se produjo porque la línea dura de la derecha dentro del aparato militar temía que las regiones autónomas, creadas en la Constitución de 1978 conducirían con el tiempo a una disolución del Estado español.  Hay que recordar que Cataluña fue declarada provincia autónoma dos años antes del golpe de Estado de 1981.

La preocupación de los conservadores sobre la continuidad de la unidad nacional sigue siendo una fuerza motora en España. Para el Partido Popular (PP) del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la indivisibilidad de España es incuestionable. Sin embargo, los socialistas, que actualmente son los segundos más fuertes en el parlamento, están «sorprendentemente» detrás de Rajoy. El Partido hasta ahora había hecho una reforma constitucional necesaria para introducir un orden federal en España.

A diferencia de la crisis de 1981, no se puede esperar que el rey evite esta vez una escalada de la crisis. Felipe VI ya criticó duramente a los líderes del movimiento de independencia catalán y sugirió que apoyaría a Madrid para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Sin embargo su alocución no impacto como se esperaba ni tampoco llegó a influir en un diálogo político que no ha existido hasta ahora y lo único que ha pasado ha sido ahondar la crisis.

Si no hay salvación por parte del rey, la solución a la profundización de la crisis será respponsabilidad de los políticos.