¿Qué pasa en Chile con la Justicia?, ¿Qué ocurre con los jueces, los fiscales o las policías?, ¿No dan garantías para una real administración de Justicia?

Son todas interrogantes que surgen  tras haber escuchado este miércoles  la sentencia del tribunal de Temuco en el caso del matrimonio formado por Werner Luchsinger (75) y su esposa Vivian MacKay (69), a quienes dispararon (hasta hoy desconocidos), luego rociaron la casa con combustible y la quemaron con el matrimonio en su interior, el que murió carbonizado. La mujer alcanzó a efectuar llamados telefónicos a su hijo Jorge y a Carabineros.

Las mismas preguntas del comienzo han sido planteadas este miércoles en medios de comunicación del extranjero como se puede ver en el video.

Pero nada de eso sirvió.  La fiscalía tituló este delito como «incendio terrorista con resultado de muerte», eso fue en enero de 2013. Sin embargo hoy, los once encausados fueron absueltos y están en libertad.

¡Lo sucedido  es una vergüenza nacional y una derrota que deja en suspenso hasta la credibilidad en el Estado chileno!

Esto ocurre porque a veces pareciera y con mucha razón  que pertenecemos a un Estado que realmente no responde, especialmente después de haber escuchado los gritos de un matrimonio que se quemaba vivo una madrugada en el interior de su propia casa sin que ningún otro ser humano pudiese ir en su ayuda;  es algo realmente tenebroso, brutal y muy terrible. Nos parece que estamos solos sin ninguna seguridad y con la violencia en las puertas de nuestras casas.

¿Cuándo los políticos chilenos se van a tomar en serio el papel para el cual han sido elegidos?

Mientras esto ocurre, estos políticos ni siquiera asisten a las sesiones parlamentarias, porque dicen que están en sus distritos (en campaña), y los que quedan discuten sin vergüenza proyectos inútiles  o buscando vías para pasarle a la television nacional pública TVN millones de dólares para que sus dirigentes, también políticos, tapen un hoyo gigantesco producto del despilfarro y de las malas decisiones de administración que han tomado. «Hay que darles más plata, para que lo sigan pasando bien», dicen algunos columnistas.

Hoy fueron nueve minutos los que ocupó el juez presidente de la Segunda Sala del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, José Ignacio Rau Atria, para comunicar la resolución absolutoria a la que él y sus colegas Patricia Abollado Vivanco y Luis Torres Sanhueza adoptaron tras la  investigación del crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay. En su alocución, el magistrado trató de explicar por qué decidieron otorgar la libertad inmediata a los 11 imputados en la causa, incluidos entre ellos a la machi Francisca Linconao (foto izquierda).

La decisión marca el mayor fracaso del Ministerio Público desde el denominado caso Bombas del 2011 en el que todos los imputados fueron absueltos de los cargos de colocación de artefactos explosivos y financiamiento para el terrorismo. Años más tarde, dos de ellos -Francisco Javier Solar y Mónica Andrea Caballero- fueron arrestados por un atentado en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, ciudad en la que gozaban de la libertad plena que les había concedido la justicia chilena. En esa ciudad europea los dos chilenitos fueron procesados en serio, condenados y expulsados de España, los que hoy deben encontrarse escondidos, sin dar la cara, en algún rincón de Chile.

¿Que pasa con la justicia chilena? ¿Son los jueces los que vienen «de otro planeta»? o  ¿los fiscales que no saben como respaldar los cargos contra los delincuentes?

La resolución de hoy de los jueces de Temuco señala que una vez presentadas las pruebas, si bien se acreditó el delito de incendio con resultado de muerte, éstas no fueron suficientes para demostrar el carácter de terrorista.

Esto quiere decir o da al menos para pensar que el problema de la no condena era por tratarse de una causa terrorista, pero el crimen se cometió igual con o sin terrorismo, pero los supuestos culpables del hecho son absueltos. Perdonen, pero lo que estoy pensando, deben estar pensándolo también millones de personas.

Según el tribunal, el fiscal  no pudo comprobar que el hecho hubiera sido planeado con anterioridad y que hubiera tenido el afán de causar temor general en la población. Resolver así es un trabajo «burdo y pacotillero», ya que hasta la ciudad de Santiago estaba aterrorizada con lo que había ocurrido en la Araucanía.

El fiscal de la causa Roberto Garrido dijo que no compartía esta resolución porque «primero hay prueba directa, es decir una confesión de una persona que participa en los hechos y este antecedente se ve ratificado con otros medios de prueba que se presentaron en el juicio y que  el tribunal no ha valorado imponiéndonos un estándar de convicción prácticamente inalcanzable». Visiblemente ofuscado, el fiscal añadió que el tribunal exige «que se presenten testigos presenciales, fotografías o videos de personas cometiendo estos delitos, lo que nos parece que no es ese el estándar que consagra el Código Procesal Penal y en definitiva lo que hace es consagrar la impunidad para cierto tipo de delitos, porque las únicas personas que podían dar cuenta de lo que sucedió ese día son las que fallecieron en el lugar, por lo tanto no es esperable contar con otros medios de prueba que los presentados en este juicio», añadió.

Repito ¿no será falla del sistema judicial chileno que permitiría a sectores interesados filtrar o actuar con influencias no permitidas en las decisiones de los jueces?

El tribunal  llegó a la conclusión de que las pruebas aportadas en el juicio tampoco fueron suficientes para comprobar la participación de ninguno de los 11 imputados en la causa, a quienes el magistrado le concedió la inmediata libertad. Ellos son:  la Machi Francisca Linconao Huircapán, José Peralino Huinca, José Arturo Córdova, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel y Luis Tralcal Quidel.

El tribunal se centró en la  prueba consistente en la declaración de José Peralino Huinca, el denominado «testigo clave» de la fiscalía, que definio como «la única fuente de información de la que derivan todas las demás probanzas de imputación, respecto de la participación de los acusados,», que para peor todavía,  luego este declarante se desdijo. En este sentido el magistrado añadió que «tales testimonios de referencia, así como el resto de la evidencia de cargo proveniente de la misma fuente de información, sólo pueden hacer fe respecto de la circunstancia de haberse prestado la referida declaración por parte del acusado Peralino, del contenido y formalidades de la misma, y de la identidad de quien las emitió, mas no respecto de su veracidad y confiabilidad. Máxime cuando dicha información presenta serios vacíos y contradicciones con el resto de la prueba rendida por el persecutor fiscal». «Atendido lo anterior, resultaba imprescindible la existencia de elementos de prueba, obtenidos a través de otras fuentes probatorias, diferentes y autónomas, que permitieran corroborar el contenido de dichas afirmaciones, lo que no ocurrió en este juicio».

Todo esto significaría entonces que no es un problema de los jueces sino de los fiscales que no son capaces de presentar pruebas contundentes para demostrar que evidentemente el matrimonio víctima, cuyos gritos de auxilio están grabados,  fue un asesinato, pero el tribunal dice lo contrario a pesar que los  gritos de la pareja retumbaron  en el silencio de la noche del crimen.

La clase magistral en este caso la dictó el presidente de la Suprema Hugo Dolmestch quien dijo que «el problema básico es que la comunidad y todos partimos de la base de que aquí hay que condenar; o sea, no le cabe duda a la gente que a alguien había que condenar, y como resultan todos absueltos entonces ahí viene la extrañeza», atreviéndose además a pedir que hay que tener «confianza en lo que la justicia está haciendo» y esperar que el caso «se conozca en todos los niveles procesales.   Yo no podría asegurarles que , ‘oiga, esto se va a revertir’… eso no lo conozco, no sé cuáles son los antecedentes; porque puede ser también que la investigación haya sido insuficiente y tampoco puede quedarse usted con la idea de que se ha condenado a inocentes», señaló.

Pero es evidente entonces que hay un problema grave con el actual sistema judicial chileno, porque cuando la causa llegue a la Suprema, para que esta Corte  resuelva finalmente,   pasarán varios años,  cuando el feroz crimen ya esté completamente olvidado.

Consultado Dolmestch si había que mejorar el trabajo de la fiscalía y las policías en las investigaciones, solo se limitó a decir: «Todo hay que mejorarlo».

El fiscal nacional, Jorge Abbott, reconoció sin tapujos de ninguna índole o especie que el caso Luchsinger Mackay es «un fracaso del Estado» de Chile, explicando que «discrepamos con el tribunal de haber desechado el carácter de terrorista de la conducta, puesto que es inexplicable que un grupo de personas se reúne para incendiar una casa donde hay personas dentro y permiten que mueran y no sea con el propósito de generar terror en el resto de la comunidad, simplemente que haya dolo de incendio, nos parece, un poco incomprensible».

¿Otro legado para la Presidenta o para quién ?