José Ortega y Gasset: «Cataluña es un caso de nacionalismo particularista, o deseo de vivir aparte de los demás que no se puede resolver, solo se puede conllevar».
En un interesante intercambio de cartas, el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y quien funge de líder del planeamiento secesionista catalán, han fijado sus respectivos cursos de acción en los días inmediatamente siguientes; una nota curiosa, el mascarón de proa del secesionismo decidió firmar su carta con su nombre completo: Carles Puigdemont i Casamajó,
Puigdemont, acompañado por Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Ada Colau, Carmé Forcadell, entre otros, han lanzado un «virtual chantaje» al Estado español y su legítimo gobierno, o se acepta su demanda de iniciar diálogo político inmediato en los términos fijados por los secesionistas, o procederán a la proclamación unilateral de independencia.
Por su parte, Mariano Rajoy ha rechazado el chantaje secesionista, como era previsible. Desde los comienzos de la sorprendente aventura lanzada por el antecesor de Puigdemont, Artur Mas, la respuesta de Rajoy ha tenido firme anclaje en dos matices relacionados: «España no se romperá», afirmación compartida por los líderes de las otras comunidades autonómicas, particularmente las dos Castillas, Andalucía, Galicia, y el País Vasco. El segundo anclaje, es la exigencia de llevar todo cuestionamiento de la institucionalidad vigente dentro de los marcos de la Constitución de 1978, de las instituciones y leyes de la Monarquía Constitucional española, así como de las instituciones y leyes de la autonomía de Cataluña. Este planteamiento, en apariencia impecable, tiene un problema.
Al centrar su argumento en el marco de referencia de las legítimas instituciones y leyes de la España democrática, legado de la Transición y de la Constitución de 1978, Mariano Rajoy se ha colocado en un curso de acción rígido, sin flexibilidad, cuya única solución de continuidad es la intervención de la Autonomía catalana. En en sentido estricto, el Presidente Rajoy lleva razón, corresponde a los dirigentes secesionistas ofrecer alternativas a la ruptura implícita en una declaración unilateral de independencia, tal vez convocar a elecciones generales autonómicas inmediatas, a fin de darle a Cataluña autoridades legitimadas democráticamente.
Mariano Rajoy anunció en Madrid la convocatoria de reunión extraordinaria del Consejo de Ministros del Gobierno para este sábado, en parte para evaluar la situación, también para adoptar las medidas tendientes a decretar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución de 1978 (*), es decir la intervención del gobierno e instituciones de la Autonomía de Cataluña; de acordarse hacerlo, Rajoy deberá informar al Senado pidiendo ratificación de la decisión, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, de todas maneras ha gestionado y obtenido el apoyo del PSOE, y de Ciudadanos. En un aspecto de su reciente declaración, Rajoy afirma: «Urge frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña», se trata de las consecuencias de la salida de Cataluña de mas de ochocientas empresas catalanas, en especial financieras, trasladando parte importante de sus operaciones a otras regiones de España. Puigdemont, con él sus seguidores, han olvidado aquel viejo refrán español: «El dinero es muy cobarde». Los líderes secesionistas todavía están a tiempo de actuar como políticos responsables, no como una banda de farsantes y saltimbanquis.
(*) Artículo 155:
1.- Si una comunidad Autonoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare en forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento fozoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2.- Para la ejcuciíón de las medidas previstas, en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónomas.
