El director nacional de Inteligencia de Carabineros, general inspector Gonzalo Blu (foto izquierda), defendió la denominada Operación Huracán, a pesar del revés que tuvo este jueves la Fiscalía con el fallo unánime de la Corte Suprema que ordenó  la liberación de los ochos imputados.

Blu aseveró que en esta diligencia “se utilizó la facultad que otorga la ley, liberando información categórica y contundente al Ministerio Público, lo que en conformidad al principio de legalidad, implicó la detención de ocho individuos quienes se presume estarían implicados en, al menos, tres atentados incendiarios y dos atentados frustrados”, manifestó, como informó Radio Biobío.

Con respecto a la ejecución de Huracán, aseguró que “se realizaron conforme a los protocolos institucionales y legales en el más irrestricto respeto a los derechos humanos».

En cuanto a la liberación de los acusados que se mantenían en prisión preventiva, sostuvo que “quiero dejar en claro que el fallo de la Corte Suprema no ha cuestionado la información recopilada por Carabineros de Chile, que es relevante y concluyente de los ataques. “Los hechos de este año, que dañan profundamente a nuestra sociedad, han presentado características de mayor violencia en su ejecución, que da cuenta de una planificación y coordinación de los ataques por parte de las orgánicas radicales Weichan Auka Mapu, Coordinadora Arauco Malleco y Resistencia Mapuche Malleco”, expresó Blu.

Además, el jefe de Inteligencia anticipó que continuarán realizando un trabajo serio y profesional, que las diligencias recién comienzan y su objetivo es encontrar a todos los integrantes de esta “organización criminal”.

Discusión sobre el procedimiento judicial

Héctor Llaitul  vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) dejó este jueves la Cárcel El Manzano de Concepción sin referirse a la resolución del máximo tribunal, que permitió la libertad también para los otros imputados como presuntos responsables de ataques terroristas que quedaron sin ninguna medida cautelar: Ernesto Llaitul (su hijo), Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva.

El único que se refirió a la situación fue Fidel Tranamil, quien es sindicado por la policía como uno de los líderes del grupo Weichan Auka Mapu. “Estamos contentos,  porque se cae este montaje y es necesario que quede claro que las comunidades van a seguir en un proceso que es legítimo de lucha, de recuperación de tierras, y nosotros, como mapuches, le entregamos el mensaje de que no tenemos miedo.”.

El ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, explicó que “el tema no pasa por el mérito de la investigaciones. Nosotros corregimos una deficiencia de un tribunal (problema meramente formal de una resolución judicial) y no hay un análisis de si los antecedentes son suficientes para una investigación. Están formalizadas las personas, la indagatoria sigue su curso, lo único que ha pasado es que no ha sido posible justificar una medida de prisión preventiva”.

Para el jefe de la unidad de Corte Suprema de la Defensoría Nacional, Claudio Fierro, “la jueza no se hizo cargo de los argumentos de las defensas, que eran bastante relevantes para considerar y resolver una situación distinta o al menos ponderar”.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, valoró que el fallo sólo se refiriera a vicios en la resolución y no a los antecedentes recopilados en el caso. “Aquí hay un problema meramente formal de una resolución judicial. Lo que ocurre con alguna habitualidad y, en consecuencia, simplemente nosotros seguiremos adelante nuestra investigación. Y reiteraremos si corresponde, y lo resuelve así el fiscal regional, la petición de la prisión preventiva”, señaló. Sin embargo, Abbott advirtió una situación que podría ocurrir con la liberación de los imputados: “Si quedan en libertad, hay un peligro de fuga y que fue una de las justificaciones al solicitar la prisión preventiva. Esperamos que ello no ocurra”, como publica La Tercera.

La reunión secreta de Huenchumilla

Entretanto, Radio Villa Francia publicó un video que reveló una presunta reunión secreta organizada en 2014 por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) y que contó con la participación del entonces intendente de La Araucanía, y hoy candidato a senador por la misma región, Francisco Huenchumilla (DC), y una serie de empresarios del sector forestal.

En el registro, de forma confidencial y acordada por los presentes, Huenchumilla confiesa los más íntimos detalles de su gestión política para lograr los objetivos que la ciudadanía solicita y para obtener el bien común, teniendo en cuenta el principal problema que existía cuando cumplía su ex función era  el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche.

Además, el candidato a senador revela detalles de conversaciones privadas con personas relacionadas a la CAM, donde asegura que las exigencias de comuneros mapuche en cuanto a hectáreas es mucho más de lo que en realidad necesitan

Incluso revela que, para solucionar el problema que generó la instalación de la Central hidroeléctrica Ralco, “les pagamos a todos (…) el Estado pagó mucha plata para llegar a arreglos”.

Todo lo anterior en acuerdo de secreto confidencial (off the record). Así se corrobora por las veces que Huenchumilla pregunta en la reunión si se está grabando lo que está diciendo. Algo que otros integrantes de la instancia también quisieron asegurar, y a lo cual incluso Bernardo Larraín, presidente Sofofa, responde: “no se está grabando”.

Sin embargo, 3 años después de la reunión realizada en El Golf 40, comuna de Las Condes en Santiago, el registro de esta conversación sale a la luz pública sin el consentimiento de los involucrados, bajo secreto de “off the record”, algo que es ilegal en territorio nacional y que ha dejado en medio de una gran polémica al exintendente a un mes de las elecciones que podrían llevarlo al Senado.

Según la persona que denunció los hechos y que envió el video para que se publicara, hay un solo responsable. Felipe Valenzuela es la persona que entregó el video en bruto de la reunión y quien, además, detalla cronológicamente los hechos; cómo fue que se grabó una reunión que se suponía era confidencial, señala una versión difundida por Radio Biobío.

Valenzuela fue parte de “Mediastream”, la empresa contratada en ese entonces para realizar las producciones audiovisuales de Icare.

Según éste, el 29 de agosto de 2014 fue como cualquier otro día a trabajar a Icare, hasta que durante la reunión se pidió que el equipo audiovisual saliera de la sala para cumplir con las peticiones de “off the record”.

Para sorpresa de Valenzuela, al salir y volver a su oficina (switch) donde por cámaras podían ver lo que todavía ocurría en la reunión, su compañero de trabajo estaba grabando todo a través de una cámara “robótica” que había quedado instalada durante la mañana.

Cuando Valenzuela le preguntó a su colega por qué estaba grabando, advirtiéndole de lo que eso significaba, este respondió en voz quebradiza que un alto mando de la organización (Icare) había llegado a la oficina a pedir expresamente que se reanudara la grabación.

Al respecto, Icare realizó una declaración pública donde confirma que se acordó el “off the record” y asegura que “por impedimentos físicos en la sala, no pudo ser retirada la cámara robótica que es monitoreada por el proveedor (Mediastream) desde una mesa de control ubicada fuera del salón, realizándose desde allí la grabación no autorizada” y rechazando su difusión.

En tanto, Huenchumilla también publicó un comunicado de prensa, mediante el cual aclara sus dichos en la reunión confidencial y en cuanto a responsabilidades señaló: “Icare debe responder por haber quebrantado un off the record, por haberse comprometido a no grabar y seguir grabando. La palabra la tiene Icare, para aclarar, por ejemplo, por qué se difunde esto a un mes de las elecciones. Es Icare, y no yo, quien debe dar explicaciones”.

A pesar de que el video se realizó hace 3 años, Felipe Valenzuela (exMediastream) ha decidido publicarlo justo a un mes de las Elecciones 2017 que incluye la de senadores, a la Huenchumilla va de candidato.

Icare anunció que ha solicitado asesoría legal para “estudiar las implicancias legales derivadas de esta situación”, mientras que Huenchumilla todavía no se ha pronunciado al respecto. El analista de políticas públicas de Derechos Digitales Pablo Viollier, explica que la grabación de esta reunión secreta, y su posterior divulgación, podría infringir el artículo 161 del Código Penal, el cual “castiga con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa (…) al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado”.

Sin embargo, Valenzuela señala en su declaración pública que fue un alto mando de Icare quien ordenó la grabación de la reunión, pese a su carácter secreto acordado, lo que trasladaría la responsabilidad a los directivos de la organización, según Viollier.