Los diputados Karla Rubilar (IND) y Leopoldo Pérez (RN), y el vicepresidente de Amplitud, Mario Villalobos, entregaron hoy en la Fiscalía Nacional un informe de la Contraloría sobre la compra excesiva de leche en Salud Pública, con el fin de que se investiguen eventuales delitos.
La Contraloría obliga a devolver $420 millones de la Subsecretaría de Salud Pública, luego que se detectara un gasto improcedente de leche al adquirir 96 mil unidades, en vez de las 9 mil necesarias.
La diputada Rubilar precisó que «se trata de un informe extremadamente contundente y también desolador, el Programa Nacional de Alimentación Complementaria era el orgullo de nuestro país, el ejemplo para Latinoamérica, el que eliminó la desnutrición y hoy vemos como en este programa se han generado irregularidades de principio a fin».
La diputada además acusó que «es una de las cosas más graves que hemos visto en materia de salud pública. Creemos lamentablemente que aquí pueden haber delitos correlacionados, conflictos de interés y que puede haber alguna relación entre los que toman las decisiones públicas en la Subsecretaría de Salud Pública y esta compra excesiva para beneficiar a un laboratorio y además permitirle vender unas leches que tenían fecha de vencimiento corta».
«Aquí no basta con sólo devolver por parte de la Subsecretaría de Salud los $422 millones, aquí tienen que asumirse responsabilidad política (…) Es una cuestión de que el Gobierno deje de mentir o acepte su incapacidad para poder gestionar el sector salud», recalcó el jefe de bancada RN. A su juicio, «el hecho de que el señor subsecretario (de Salud Pública, Jaime Burrows) no renuncie hablaría muy mal (….) Yo creo que la Presidenta con una mano en el corazón debiera hacer un mea culpa y decir que este tipo de cosas en Chile no pueden estar sucediendo».
Asimismo, el diputado Pérez aseguró, como publica emol.com, que «nosotros independiente del proceso electoral seguimos siendo parlamentarios y tenemos el rol que la Constitución y las leyes nos faculta que es fiscalizar las acciones del Estado y del Gobierno de turno». Desde Amplitud su vicepresidente Villalobos, en tanto, acotó que «nos parece escandaloso lo que han hecho, este es un Gobierno que en Salud ha sido irresponsable y negligente, porque no han cumplido ninguna de las promesas de campaña (….) Nos parece que el subsecretario debe responder políticamente por lo que ha hecho».
La Contraloría que plantea en su informe que fue un error no admitir la oferta más económica para proveer las leches (de Nestlé, por $273 millones para 96.000 unidades), las autoridades de salud argumentan que declararon inadmisible esa propuesta porque dicha empresa no presentó toda la documentación necesaria. Sin embargo, la Contraloría determinó que los documentaos sí estaban, pero en un apartado distinto al requerido.
Otro aspecto cuestionado es el de almacenaje. La empresa Novofarma Service S.A,. debía despachar las leches directamente a los consultorios, entregando en 13 centros de salud 636 tarros y el resto a Cenabast que los almacenó sin tener permiso para esto lo que fue reprochado por el Instituto de Salud Pública. En estas condiciones Cenabast contrató el servicio de bodegas de Goildfrost S.A. por 14.969.384, que es donde se encontraron 22.931 unidades vencidas avaluadas en $111.334.591. La Contraloría consideró desadecuado el gasto de bodegaje por lo que Enabast debe reintegrar casi $15 millones de pesos.