La presidenta Michelle Bachelet  reafirmó este viernes su compromiso con la educación pública y manifestó que esperaba que se aprobara el Presupuesto para el 2018 para seguir avanzando en los alcances de la gratuidad.

“Esperamos que el Parlamento nos apruebe la ley de Presupuesto, porque queremos llegar al 60% de los alumnos con educación gratuita”.

“Esto lo haremos con la ley de Presupuesto, pero cuando tengamos aprobada la ley de Educación Superior definiremos la gradualidad de cada año”, añadió.

En ese sentido, reafirmó que la educación debe ser de libre acceso para todos y criticó a quienes piensan lo contrario. “No hay que dejar a nadie atrás y sin apoyo. En esa sociedad quiero vivir”, manifestó.

Sin embargo, el problema no es de falta de voluntad sino que no  hay dinero para poder financiar el proyecto emblemático de la presidenta, porque nuevamente se cometieron errores, los cálculos están mal hechos y no se pensó que en Chile, además de la educación, hay que mejorar la salud, las pensiones y el sector laboral. En este sentido la anunciada gratuidad ha quedado sólo en el papel y está apareciendo como otro anuncio “populista”.

El episodio dejó además en evidencia esta semana una descoordinación entre la ministra vocera de La Moneda, Paula Narváez y su par de Educación, Adriana Delpiano.

Si bien la vocera dijo el martes que esta situación afectaría de manera “marginal” a un “número minoritario de colegios”, Delpiano sostuvo este miércoles que se trata de dos millones de alumnos y que, por lo tanto, “el volumen es muy grande”. Y agregó: “La situación que se genera no es deseable”. La diferencia sería de unos $2.398 por alumno lo que representaría unos $ 4.796.000.000, tratándose de 2 millones de alumnos como lo mencionó la ministra de Educación.

El Ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, fue enfático ayer desde  Washington, donde se encuentra,  que  “se puede conversar si eventualmente pudiera hacerse un gesto adicional, pero yo quiero dejar completamente claro que no nos vamos a mover ni una décima del 3,9% (de crecimiento del gasto público), porque eso es lo que necesitamos para reducir el déficit fiscal y mantener la credibilidad de la economía chilena”. Eyzaguirre participa en Washington  en el encuentro anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y esto lo dijo ante un grupo de empresarios estadounidenses interesados en invertir en Chile.

El ministro aclaró  que los recursos “no están congelados”, porque  “la subvención general sigue subiendo, con un reajuste que excede el costo de la vida. La subvención preferencial ha venido subiendo más allá de la inflación y la subvención para los grupos medios, que fue introducida por la presidenta Bachelet, también ha seguido subiendo”.

Respecto del aporte por gratuidad, el secretario de Estado indicó que lo que se planteó en el Presupuesto 2018 es que “los recursos sigan creciendo, pero a tasas moderadas”.

En cuanto a la posibilidad de revisar los aspectos de gratuidad indicó que “siempre vamos a estar disponibles, porque el Presupuesto es un proyecto que se debe debatir en el Congreso”.

En la misma línea, añadió que “cualquier adición que podamos hacer a este aporte por gratuidad tiene que ser sobre la base de definir qué vamos a tener que reducir en otro lado (salud, pensiones etc). Y eso no es fácil, porque hoy día se pone la luz sobre esto, pero si hubiéramos bajado otra cosa, se pondría la luz sobre lo otro. Insisto en que no se pueden pedir milagros en esta materia, no es un buen síntoma”.

La controversia

Eyzaguirre enfrentó ayer desde Washington, la controversia que se abrió en los últimos días por la decisión del Ejecutivo de no aumentar en 2018 el aporte fiscal a los colegios subvencionados y municipales que se sumaron a la Ley de Inclusión.

En una de las glosas del presupuesto para el próximo año se establece que recibirán $ 8.393 por cada estudiante, mismo monto que este año. Esto, pese a que la Ley de Inclusión -que eliminó el lucro, el copago y la selección en esos establecimientos- señala que esa cifra iba a subir en 2018 a $10.791.

La decisión ha originado un complejo escenario para La Moneda. Por un lado, amenazas -del oficialismo y de la oposición- de que se rechazaría esa glosa en la tramitación de la Ley de Presupuestos; y, por otro lado, gatilló críticas transversales, incluyendo no sólo a la Nueva Mayoría y al Frente Amplio, sino que también a Chile Vamos, pese a que ese sector fue el que se oponía originalmente a la eliminación del copago y la selección.

El episodio dejó en evidencia además una descoordinación grave entre la ministra vocera de La Moneda, Paula Narváez y su par de Educación, Adriana Delpiano.

Si bien la vocera dijo el martes que esta situación afectaría de manera “marginal” a un “número minoritario de colegios”, Delpiano sostuvo este miércoles que se trata de dos millones de alumnos y que, por lo tanto, “el volumen es muy grande”. Y agregó: “La situación que se genera no es deseable”.