Foto de portada: Ministro Mario Carroza, el caso sigue en sus manos
¡Cuando la crueldad humana llega a su nivel más bajo y despreciable….!
Los 13 acusados del “Caso Quemados” están en libertad con medidas cautelares de firma y arraigo nacional.
Después de sortear más de tres décadas de falsedades oficiales, intimidación a testigos y obstrucción a la investigación, los tribunales chilenos prometen justicia por la muerte de Rodrigo Rojas De Negri y las graves lesiones de Carmen Gloria Quintana, rociados con bencina y quemados por una patrulla militar, en los desórdenes callejeros ocurridos en la comuna de Estación Central, durante el paro nacional convocado por organizaciones sociales y la oposición política a Pinochet, el 02 de julio de 1986.
Como ninguno, el denominado “Caso Quemados” demuestra la insensatez, la crueldad, el odio, y el poder de la dictadura cívico militar y de sus herederos. Entre estos, la actual candidata a diputada por la comuna de El Bosque, Loreto
Letelier (UDI), quien desconoció la legitimidad del juicio para configurar la verdad jurídica, encontrando aliado en otro pinochetista irredento como el abogado Hermógenes Pérez de Arce.
La resolución judicial que avivó esperanzas en la justicia fue emitida el 22 de septiembre último por el el ministro Mario Carroza Espinosa, designado en visita especial por la Corte de Apelaciones de Santiago para aclarar violaciones a los Derechos Humanos. Ese día el magistrado dictó acusación contra 13 integrantes de la patrulla liderada por el ex teniente de Ejército, Pedro Fernández Dittus, por los delitos de homicidio calificado del fotógrafo Rojas De Negri y del homicidio calificado en grado de frustrado de su acompañante Carmen Gloria Quintana.
Con el apoyo de los abogados querellantes Héctor Salazar, Luis Toro, entre otros, de las familias y organizaciones de víctimas de la dictadura, hizo una acuciosa investigación antes de resolver en derecho. Contó con el auxilio de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI para la ubicación e interrogatorio de testigos presenciales, vecinos y soldados, algunos de los cuales habían buscado refugio en otros países, por la persecución y amenazas de que fueron objeto, dificultando las pesquisas, e impidiendo establecer la plena verdad de los hechos.
Según el procedimiento de la antigua justicia penal vigente al momento de los hechos investigados, en su resolución Carroza levantó el secreto del sumario y notificó a los intervinientes, querellantes y defensores, dándole acceso al expediente para hacer las observaciones y solicitar eventuales diligencias judiciales que estimen pertinente. Luego, Carroza dictará sentencia de primera instancia, la cual podrá ser apelable a los tribunales superiores. Sólo entonces los integrantes de la patrulla militar empezarán a cumplir las condenas asignadas a sus ilícitos, de entre cinco y 20 años de cárcel.
De los 13 acusados, 11 tienen calidad de autores de los delitos. Estos son Nelson Medina Gálvez, Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza, Francisco Vásquez Vergara, el ex teniente Iván Figueroa Canobra, el ex teniente Julio Castañer González, Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, el ex teniente Pedro Fernández Dittus y Pedro Franco Rivas. Sergio Hernández Ávila fue acusado de complicidad y el ex coronel René Muñoz Bruce, comandante del regimiento de caballería blindada “Libertadores”, como encubridor.
El vicecomandante del Ejército Santiago Sinclair, el comandante en jefe del Ejército Augusto Pinochet y el Secretario General de Gobierno Francisco Javier Cuadra, fueron las máximas autoridades militares, administrativas y políticas que conocieron del “Caso Quemados”, pero no contribuyeron a su esclarecimiento.
La investigación del ministro Carroza resultó coincidente con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitido en 1988.
COMIENZA A DEVELARSE LA VERDAD
Según está acreditado en el proceso, el día de los hechos tres vehículos militares a cargo de los tenientes Fernández Dittus, Castañer y Figueroa, salieron del regimiento de caballería blindada “Libertadores”, para resguardar el orden público durante el paro nacional. En la esquina de la calle Hernán Yungue con avenida General Velásquez, población Los Nogales, los militares sorprendieron a un grupo de personas que interrumpía el tránsito, procediendo de manera coordinada para despejar la vía, forzar la escapada de la mayoría, detener a Rojas Denegri y Quintana Arancibia, e incautar neumáticos y un bidón con gasolina dispuesto para levantar barricadas incendiarias.
La pareja fue reducida y allanada. Rojas obligado a permanecer en el suelo boca abajo con las manos en la nuca y la muchacha a su lado de pie, con las manos arriba apoyadas contra la muralla de una vivienda. Los testimonios de la propia Carmen Gloria, del ex conscripto integrante de la patrulla Fernando Guzmán, quien en 2015 rompió el pacto de silencio, como de otros tres vecinos testigos presenciales resultaron concordantes para establecer que los militares rociaron con el bidón de bencina que habían incautado a la pareja ya reducida y luego le prendieron fuego. “Creí que nos echaban bencina para intimidarnos. Pero cumplieron sus amenazas de prendernos fuego. Después me desmayé”, declaró la muchacha que por ese entonces tenía 18 años de edad.
Los integrantes de la patrulla envolvieron a los heridos en mantas y parkas. Después de intercambiar opiniones sobre cómo proceder, los tres tenientes estuvieron de acuerdo para que el grupo a cargo de Fernández Dittus llevara a las víctimas hasta el despoblado de Lo Boza, en la comuna de Quilicura, abandonándolas en un canal de regadío. Allí fueron halladas por campesinos que solicitaron auxilios médicos. Rojas murió cuatro días después en la Posta Central de la Asistencia Pública y Carmen Gloria sobrevivió en el Hospital del Trabajador y luego fue trasladada a Canadá, donde hasta hoy continúa en rehabilitación física y mental.
Rojas De Negri tenía 19 años de edad y residía en Washington DC junto a sus padres exiliados políticos desde 1973. Estaba comenzando su carrera como fotógrafo profesional en una agencia de noticias y había viajado a Santiago para captar las protestas sociales contra Pinochet. Carmen Gloria Quintana pertenecía a una familia obrera de la misma población Los Nogales.
LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES
Ocurridos los hechos en 1986, la Corte de Apelaciones de Santiago designó al ministro Alberto Echavarría Lorca para en calidad de visitante investigara la muerte de Rojas De Negri y las graves quemaduras de Carmen Gloria Quintana. Interrogó a 25 integrantes de la patrulla que el Ejército puso a su disposición y quiso creer la versión de que los dos jóvenes habían resultado quemados, accidentalmente, al derramarse el combustible durante el procedimiento militar. Luego dejó en libertad a 24 sin cargos y procesó a Fernández Dittus por negar asistencia médica a los lesionados y emitió una declaración de incompetencia enviando el expediente al 2.o Juzgado Militar de Santiago.
En 1993 la justicia militar condenó a Fernández Dittus a 600 días de cárcel, y después de un año en prisión recuperó la libertad por buena conducta.
En agosto de 2015 luego de las revelaciones del ex conscripto Fernando Guzmán, el ministro Carroza reabrió el proceso por estimar que los hechos eran constitutivos de una “crimen de lesa humanidad”. La defensa alegó “cosa juzgada” y que era improcedente la reapertura de la investigación y la Corte Suprema zanjó la disputa jurídica fallando a favor del ministro Carroza y de los querellantes, permitiendo el pleno esclarecimiento de los hechos y las condenas a sus autores, cómplices y encubridores.
En estos años el teniente Castañer ascendió hasta el grado de coronel y jubiló siendo comandante del regimiento de caballería blindada “Dragones” de Punta Arenas. El teniente Fernández Dittus ascendió hasta el grado de mayor y salió a retiro afectado de “estrés postguerra”, con una pensión de inutilidad de segunda clase reajustable que hoy es de $1.430.816 (un millón cuatrocientos treinta mil ochocientos dieciséis pesos). También integra la sociedad familiar Marta Dittus Bayer e hijos, responsable de administrar la escuela básica subvencionada N.o 172 ubicada en José Arrieta 6870, comuna de La Reina.
Los 13 acusados del “Caso Quemados” están en libertad con medidas cautelares de firma y arraigo nacional.
