El Gobierno de Michelle Bachelet habría «accedido a las presiones de los comuneros mapuches en huelga de hambre» al declarar que “recalificará las medidas tomadas” contra los cuatro detenidos, que aparecen como imputados del atentado incendiario de una iglesia Evangéelica en el sector de Niágara. El templo fue incendiado cuando en el interior había mujeres y niños, hecho ocurrido en junio de 2016. Los supuestos autores de este atentado terrorista son Alfredo Tralcal Coche, Ariel Trangol Galindo, Benito Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo.
El ministro del Interior, Mario Fernández, declaró esta noche que el Gobierno pidió la recalificación de la Ley Antiterrorista en la querella contra comuneros mapuches que se mantienen en ayuno desde hace 116 días.
Dijo que «el Gobierno ha procedido a interponer un recurso de apelación, cautela de garantías y un recurso de amparo para insistir en la sustitución de las medidas cautelares». «Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno ha instruido a su equipo jurídico (…) que se proceda a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la causa para someterlas al régimen de los delitos que corresponde dentro del código penal».
El Gobierno lamentó que el Juzgado de Garantía de Temuco se negara a rebajar la medida cautelar de prisión preventiva, para los cuatro comuneros, manteniendo en forma cautelar las prisión preventiva (Lerr nota separada en Kradiario). Se trataba en realidad de la sustitución de las medidas cautelares actuales por una de menor intensidad.
La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, entregó la postura de La Moneda frente a la decisión adoptada por el juez de garantía, Mauricio Torres, quien rechazó la solicitud de Gobierno y mantuvo la prisión preventiva para los comuneros en huelga
En este sentido, Narváez dijo que “al hacer esta solicitud, se estaba poniendo, por sobre todo, nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas“.
La Presidenta Bachelet se reunió con familiares de comuneros en huelga de hambre en la tarde de hoy, después que por la mañana lo hicieran también el ministron Fernández y la jefa de Gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte. En el Palacio estuvieron durante casi todo el día los familiares del lonco Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol Galindo.
La idea ahora es solicitar el retiro de la querella por la Ley Antiterrorista, «recalificando las conductas de objeto de la causa».
Sobre si esto significaría el fin de la huelga de hambre, Fernández añadió que la información fue comunicada a los afectados y a sus familiares «quienes han visto positivamente esta decisión y espero que la reacción que ellos tengan sea de deponer la huelga de hambre». Agregó que se presentará un recurso de protección y un recurso de amparo a favor de proteger la salud de los comuneros y señaló además que el actual Gobierno no volverá a querellarse por la Ley Antiterrorista.
El Ministerio Público, por su parte, señaló que no se referirá a la medida anunciada por el ministro Fernández.
