Por Walter Krohne

Ciertamente lo que ha ocurrido esta semana con los comuneros mapuches en huelga de hambre en la Araucanía es al menos un escándalo de proporciones en el esquema de un gobierno que ha demostrado debilidad, es dubitativo y que deja toda la impresión de no tener ninguna claridad ni en sus objetivos ni tampoco en sus principios,  porque parece haber intentado resolver este caso más bien por intereses políticos que por el bien de los comuneros en huelga de hambre y del país .

La verdad es que las vocerías parecen bromas de mal gusto por la escasa seriedad de sus contenidos. Si hacemos una cronología de las últimas horas vividas en La Moneda por este caso, nos encontramos con los siguientes episodios:

1.- Primera declaración del Ministro del Interior Mario Fernández:

“Respecto a la querella por la Ley Antiterrorista, no hay ninguna modificación por nuestra parte” (27 de septiembre en la noche).

Después de 114 días (hoy 117) de huelga de hambre de los cuatro imputados por el atentado incendiario de una Iglesia Evangélica en Padre Las Casas perpetrado en un momento en que en su interior había mujeres y niños rezando, el ministro reacciona anunciando cambiar el Código Procesal para limitar el arresto preventivo (o adaptarlo para resolver la situación actual de los comuneros) como también dar urgencia a cambios a la ley antiterrorista, resolviendo acudir a los tribunales de la IX Región para que se rebaje la medida cautelar contra estos imputados. Actualmente están en prisión preventiva y el gobierno estaría buscando,  en el fondo, que los cuatro pudieran esperar en sus respectivas casas el inicio del juicio oral, se comentó esa misma noche en La Moneda. Los imputados son: Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol. El ministro dijo que “esta decisión buscaba producir las condiciones para que los cuatro pongan fin a la huelga de hambre que arriesga su salud e integridad”. Añadió que “con esto el gobierno no está demostrando debilidad, sino todo lo contrario. Un gobierno democrático como éste debe, simultáneamente, garantizar el estado de derecho y cautelar la vida de las personas. Con esta decisión se están cautelando ambos deberes”.  Esto de las huelgas de hambre se ha convertido ya en una «verdadera costumbre» o precedente  en la Araucanía, porque por este camino los imputados han estado evitando la aplicación de la Ley antiterrorista,  como no debería ser el caso, por lo menos así ocurre en países bien estructurados y donde se respetan las leyes.

En este punto no hay que desatender que el ministro, como buen Opus Dei  tiene como idea fija la próxima visita que hará el Papa Francisco a la Araucanía en enero próximo. ¡No lo olvidemos! Hay que tratar de mostrarle al Santo Padre una casa al menos cristianamente ordenada.

2.- Los cambios a la Ley Antiterrorista vigente:

Fernández dijo también  en la misma declaración que “dada esta situación (la huelga de hambre) y los antecedentes que vinculan este proceso con determinadas normas deficitarias de nuestro ordenamiento jurídico, el gobierno ha determinado enviar al Congreso dos iniciativas legislativas: Se dará urgencia a los cambios de la Ley Antiterrorista, ingresados por el ex ministro Rodrigo Peñailillo en 2014 y que actualmente se encuentra en el Senado, trasladando completamente los delitos que ella contempla, así como los procedimientos respectivos al Código Procesal Penal”. Esto implica que los delitos terroristas sean incorporados a ese cuerpo legal y se definan sus normas conforme al ordenamiento jurídico actual.

3.- El Tribunal hace caso omiso al ministro.

El Juzgado de Garantía de Temuco se negó a rebajar la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro comuneros mapuches que se mantienen en huelga de hambre. El  juez Mauricio Torres Contreras, resolvió mantener la medida cautelar tras rechazar la solicitud del Gobierno.  La Fiscalía se había  manifestado ya un día antes contraria a la postura de La Moneda y había insistido en la prisión preventiva. En la misma audiencia, Pamela Nahuelcheo, abogada del lonko Alfredo Tralcal (uno de los implicados en el atentado contra la Iglesia) advirtió la contradicción en la que se encuentra el Gobierno al mantener la invocación de la Ley Antiterrorista.

4.- Intervención de familiares de los comuneros con el círculo más cercano de Bachelet.

Este viernes, el ministro Fernández recibió a los familiares de los mapuches en el Palacio de la Moneda (ver foto de portada); por la tarde también lo hizo personalmente la Presidenta. En estas reuniones intervino igualmente la influyente jefa de gabinete Ana Lya Uriarte (quien también intervino antes en el caso Caval, en la renuncia del ministro del Interior Jorge Burgos y también en la crisis ministerial del 31 de agosto cuando renunció todo el equipo económico encabezado por el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés). Las reuniones Gobierno-Mapuches han sido interpretadas en los sectores políticos y de algunos analistas como una abierta presión de los comuneros huelguistas ante las máximas autoridades del país con el objetivo de lograr ser juzgados por la Ley común y no por la Antiterrorista.

5.- Segunda declaración del ministro desde La Moneda del 29 de septiembre:

“Ante su precario y riesgoso estado de salud se procederá a solicitar (al tribunal) la recalificación de las conductas objeto de la causa para someterlas al régimen de los delitos que corresponda dentro del Código Penal”. Agregó que se presentará un recurso de protección y un recurso de amparo a favor de proteger la salud de los comuneros y señaló además que el actual Gobierno no volverá a querellarse por la Ley Antiterrorista.

En otras palabras se trata de pedir la recalificación de la Ley Antiterrorista en la querella contra comuneros mapuches que se mantienen en ayuno desde hace 117 días.  Dijo que “el Gobierno ha procedido a interponer un recurso de apelación, cautela de garantías y un recurso de amparo para insistir en la sustitución de las medidas cautelares”. “Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno ha instruido a su equipo jurídico (…) que se proceda a solicitar la recalificación de las conductas objeto de la causa para someterlas al régimen de los delitos que corresponda dentro del Código Penal”. Fernández añadió que la información fue comunicada a los afectados y a sus familiares “quienes han visto positivamente esta decisión y espero que la reacción que ellos tengan sea de deponer la huelga de hambre”.

En fuentes del Ministerio Público se comentó que la huelga de hambre de los imputados no sería motivo para aplacar el requerimiento de la Fiscalía, y su posición sólo se fundamenta en los antecedentes que maneja, estimándose que la libertad de los imputados es peligrosa para la seguridad de los testigos que declaran en el proceso y no hay ninguna variación en cuanto a la seguridad para la sociedad, en cuanto al peligro para ella, se explicó.

En estos episodios falta uno que es la definición de lo que es terrorismo. Hay si en esto algo que estaría medianamente aclarado: El objetivo de esta actividad, estrategia o acción es el de amedrentar o causar terror en la población. Y ¿no es eso lo que quisieron hacer los cuatro comuneros mapuches en junio de 2016 cuando le prendieron fuego a la Iglesia Evangélica en Padre las Casas?

Es lamentable, pero en estos momentos este concepto no está claro o claramente definido ni para el Gobierno, ni tampoco para algunos políticos y partidos y lo peor de todo,  ni tampoco para algunos candidatos presidenciales. Mientras la ministra vocera de La Moneda Paula Narváez opina que «lo que hemos dicho es que en Chile pueden existir hechos, actos, conductas, que pueden revestir el carácter de terrorismo. Desde el punto de vista judicial se ha actuado en concordancia con esa tipificación». Entretanto, el ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza es más tajante: «Chile no tiene terrorismo» (entrevista en El Mercurio 30 de octubre de 2017).

Y otra pregunta ¿qué es una medida cautelar?

Es una medida restrictiva o privativa de la libertad personal o de disposición patrimonial del imputado, que decreta el  tribunal con competencia penal a solicitud de la parte interesada y siempre que concurran fundamentos que justifiquen su aplicación y que tienen como objetivo velar por la seguridad de la sociedad o la víctima y asegurar los procedimientos de investigación. ¿No es esto lo que se está haciendo en la Araucanía?