La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, resolvió dar «luz verde» al caso de la ex subdirectora técnica de Gendarmería, Myriam Olate, restituyéndole su millonaria jubilación de $ 5.607.000 a pesar de no cumplir con todos los requisitos laborales o previsionales, como se afirmó en su momento. Este bullado caso sacudió el año pasado varios sectores políticos, económicos y previsionales y el nombre de la beneficiada ex funcionaria estuvo en la palestra durante largo tiempo.

El fallo que beneficia a la ex esposa del diputado socialista Osvaldo Andrade  fue dictado por los ministros  Mario Rojas, Juan Cristóbal Mera y María Luisa Riesco, estableciendo que el actuar del ente contralor fue arbitrario al ordenar la invalidación de los pagos, afectando derechos fundamentales de los recurrentes.

Olate como también el resto de los afectados reclamaron que el actuar de la Contraloría General de La República fue «ilegal, arbitrario y afecta el legítimo ejercicio de derechos constitucionales». En este sentido los magistrados encontraron la razón a Olate al considerar que el organismo fiscalizador actuó de manera «ilegal al invalidar los decretos de pensiones de facto, sin recurrir al recurso de nulidad de derecho público, la vía ordinaria para resolver este tipo de casos».

«La Constitución Política de la República, en su artículo 98 otorga al Contralor General de la República el ejercicio de la función de control de legalidad de los actos de la Administración, lo que ejecuta, entre otros medios, mediante la toma de razón de los decretos y resoluciones, así como la facultad de representar la ilegalidad de que puedan adolecer, establecida en los artículos 99 de la Constitución y 10 de la Ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

A su vez, en el artículo 6º de la misma ley, se establece la función de informar los expedientes sobre pensiones de retiro cuando se susciten dudas para la correcta aplicación de las leyes respectivas, otorgando a tales informes, según señala la misma norma y el artículo 9º de la ley, el carácter de obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que se refieran», afirma el fallo.

Además, afirma, «es evidente que, con su orden de invalidar un acto administrativo, la CGR sobrepasa sus atribuciones interpretativas, autoatribuyéndose facultades que la ley asigna al órgano de la Administración activa, ya sea por ejercicio de la potestad invalidatoria o pronunciándose sobre algún recurso administrativo interpuesto por un interesado en esta materia», dice la resolución judicial como publicó emol.com

Un poco de historia

Según publico The Clinic el 7 de abril de 2017, la ex subdirectora técnica de Gendarmería, Myriam Olate, inicialmente tenía una pensión de 5 millones 607 mil pesos, luego que estallara el caso jubilazos, fue rebajada  1 millón 560 mil pesos, pero en marzo no recibió su pensión por orden de Contraloría.

Según fuentes de El Mercurio lo anterior se trató de una medida precautoria adoptada por Dipreca. El propio organismo previsional en su página web informó que con “fecha 13/03/2017, Dipreca procede a retener la pensión del mes de marzo de 2017 de la Sra. Olate Berríos y a limitar al tope de 60 UF los restantes 10 casos”.

Dipreca recibió la orden de Contraloría de desafiliar a Olate del Sistema Previsional y “la invalidación parcial de las pensiones de retiro de 10 ex funcionarios de Gendarmería”.

Como razón para desafiliar a Olate, la Contraloría sostiene que ella renunció en 2012 y, por tanto, fue dada de baja del sistema a contar del 1 de diciembre de ese año, reincorporándose en 2014, pero esta vez a contrata, por lo que ya no cumplía el requisito considerado esencial por la Contraloría para ser imponente de Dipreca.

Ahora el organismo previsonal se encontraría preparando el envío a Contraloría de las resoluciones en que se desafilia a la periodista y ordena el traspaso de sus dineros al sistema de AFP.

Mientras que se reabrirían los procesos invalidatorios de las pensiones de los otros 10 ex funcionarios Edita Cortés Cortés, Oscar Garcés Cid, Víctor Alfonso Pereira Acevedo, Juan Carlos Estay Vergara, Nelson Robinson Villarroel Román, Gladys Eliana Ramírez Pezoa, Jenny del Carmen Soto Cruz, Hernán Eduardo Molina orres, lngrid Carolina Fuchser Oportus y Hernán Alberto Ayala Rivera, como afirmó The Clinica en abril último.