Portada: El comunero Alfredo Tralcal Coche es llevado en silla de ruedas del tribunal al Hospital
Tráfico de armas entre argentina y Chile por «asociación ilícita terrorista»
Ni caso le hicieron al ministro del Interior Mario Fernández, porque el Juzgado de Garantía de Temuco se negó a rebajar la medida cautelar de prisión preventiva para los cuatro comuneros mapuches que se mantienen en huelga de hambre desde hace 116 días.
La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, entregó la postura de La Moneda frente a la decisión adoptada por el juez de garantía, Mauricio Torres, quien mantuvo la medida cautelar en contra de Alfredo Tralcal Coche, Ariel Trangol Galindo, Benito Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo.
En este sentido, Narváez dijo que “al hacer esta solicitud, se estaba poniendo, por sobre todo, nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas“.
Este viernes , el ministro Fernández recibió a los familiares de los mapuches en el Palacio de la Moneda, reunión en la que habría intervenido también la jefa de gabinete de la presidenta, Ana Lya Uriarte. Durante la reunión llegó la noticia del tribunal de rechazo de la petición del Gobierno, conociéndose además los detalles de otro atentado registrado en la madrugada en la Araucanía donde fueron incendiados otros 5 camiones, 1 excavadora y 1 compactadora tipo rodillo. El hecho ocurrió en el kilómetro 16 de la ruta R925S, que une Curacautín con la laguna Conguillío, en la Ruta Interlagos, en las cercanías de la comuna de Curacautín.
Los familiares fueron recibidos esta tarde por la Presidenta Michelle Bachelet.
En la audiencia del tribunal, el juez de Garantía Mauricio Torres Contreras, a cargo del caso por la quema de un templo evangélico en la comuna de Padre las Casas, rechazó la solicitud del Gobierno -de modificar la resolución- y determinó mantener la prisión preventiva. La Fiscalía se había manifestado ya ayer contraria a la postura de La Moneda y había insistido en la prisión preventiva.
Pamela Nahuelcheo, abogada del lonko Alfredo Tralcal (foto de portada) , quien cumplió este viernes 116 días de huelga de hambre en la Región de La Araucanía, advirtió esta tarde la contradicción en la que se encuentra el Gobierno al mantener la invocación de la Ley Antiterrorista en el caso por el cual está imputado su representado y otros tres comuneros por la quema de la iglesia en Padre Las Casas.
Luego de participar en la reunión que sostuvieron los familiares de los manifestantes junto al ministro del Interior, Mario Fernández, y la jefa de gabinete Ana Lya Uriarte, en el Palacio de La Moneda, la jurista indicó que «vemos esta reunión de manera bastante positiva, ya que pudimos exponer el punto de vista tanto de los huelguistas como de las familias y la defensa técnica».
Presiones al Gobierno
Los huelguistas han intentado de esta manera presionar al Gobierno para tener un juicio por la ley común y no por la Ley Antiterrorista, dejando de lado el uso de testigos sin rostros y la medida cautelar de prisión preventiva. Los cuatro permanecen en prisión en la Cárcel de Temuco desde hace más de un año, pero dos de ellos, Alfredo Tralcal Coche y Benito Trangol Galindo, se encuentran internados en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, tras presentar diversos malestares derivados del prolongado ayuno que protagonizan.
El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, señaló que “nosotros tomamos conocimiento a través de las noticias de dicha situación (la declaración y pedido del Ministro), pero la actuación que hagan la intendencia y el gobierno en cuanto a querellante en esta u otra causa, forma parte de sus atribuciones. Quien tiene la obligación de investigar y de acusar a los responsables es la Fiscalía. El Ministerio Público tiene un papel fundamental que es indagar ilícitos, pero otro que es igualmente importante es dar protección a víctimas y testigos, en casos tan graves como en el atentado incendiario al templo evangélico acontecido en el sector Niágara (el incendio fue provocado supuestamente por los detenidos en un momento en que había gente en el interior, entre ella mujeres y niños ”. Esto ocurrió en junio de 2016.
El miércoles último el ministro del Interior, Mario Fernández, apuntó que con la decisión de suspender la medida cautelar de prisión preventiva se esperaba crear las condiciones para que los huelguistas pusieran “fin a la huelga de hambre que arriesga su salud e integridad”. El ministro era partidario, al parecer, de seguir las presiones de los detenidos y anunció tomar medidas, tanto en lo político como en lo jurídico, en su condición de querellante en la causa. Igualmente dio a conocer la decisión del gobierno de “modificar el Código Procesal Penal en lo que respecta a los requisitos y plazos para la prisión preventiva”. Sin embargo, sus palabras se las llevó el viento, porque la Fiscalía hizo hoy lo que creía más correcto.
La huelga de hambre de los imputados no sería motivo para aplacar el requerimiento de la Fiscalía, y su posición sólo se fundamenta en los antecedentes que maneja el Ministerio Público. “Estimamos que la libertad de los imputados es peligrosa para la seguridad de los testigos que declaran en el proceso y no hay ninguna variación en cuanto a la seguridad para la sociedad, en cuanto al peligro para ella”, se explicó.
Por su parte, tras este nuevo fracaso, en el gobierno no hubo más vocerías desde el Ministerio del Interior, pero quien sí se refirió a la situación fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien sostuvo ayer jueves que “estamos muy preocupados por la salud de estas personas, por lo que esperamos que la posibilidad de modificar las cautelares sea un gesto que permita destrabar y terminar con la huelga. Todos sabemos que es peligrosa y puede llevar a desenlaces que nadie quiere”.
El anuncio del Ejecutivo de establecer plazos para la duración de las prisiones preventivas en todos los delitos trajo distintas lecturas.
La Tercera recogió algunas reacciones. Para el senador RN Alberto Espina, “el gobierno fue débil y se dejó presionar por la huelga de hambre de cuatro acusados por grave delito terrorista, que consistió en quemar una iglesia evangélica donde había niños y mujeres, donde agredieron brutalmente a quienes estaban al interior de ella”.
Sin embargo, el senador PPD, Jaime Quintana (autor de la teoría de la «retroexcavadora»), defendió la decisión del Ejecutivo y manifestó que “es una medida acertada, que no cambia los efectos de fondo y del procedimiento, pero que sí responde a razones humanitarias”.
Los jueces también se manifestaron. El vocero de la Asociación de Magistrados, Eduardo Gallardo, evitó referirse al caso en concreto, aunque indicó que fijar un plazo en la prisión preventiva “es una señal positiva, por cuanto en un proceso penal en un Estado democrático de derecho, una de las peores afectaciones o vulneraciones que pueda haber a los derechos fundamentales de un ciudadano es la prolongación excesiva de la prisión preventiva sin juicio y sin condena”.
En tanto, el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, expresó que “se requiere el uso racional de la prisión preventiva, específicamente en el caso de La Araucanía, pero también en los casos a lo largo de Chile
El ex fiscal nacional Sabas Chahuán, señaló por su parte, que “sin conocer un proyecto concreto sobre (lo dicho y prometido por el ministro), puede ser una iniciativa innecesaria, toda vez que el Código Procesal Penal establece una revisión obligatoria por juzgado si es que se pide por las partes”.
Agregó que “el Ministerio Público puede pedir la prisión preventiva una y mil veces, y el juzgado o el tribunal oral, eventualmente, pueden dar lugar a este requerimiento o no, dependiendo de los méritos”.
Chahuán también advirtió que “me parece que poner plazos a priori puede ser contraproducente. Además, los proyectos de ley deben responder a miradas de largo plazo y no a situaciones puntuales”.
Tráfico de armas entre argentina y Chile por «asociación ilícita terrorista»
El Gobierno argentino tiene «información relevante» sobre el presunto tráfico de armas en La Araucanía, según confirmó la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, que comentó el hecho en una entrevista con Cooperativa. Tras reunirse en Buenos Aires con la secretaria de Estado argentina, Aleuy se conversó sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía y Carabineros sobre el tráfico de armas por parte de una «asociación ilícita terrorista», responsable de la quema de camiones en la zona. «El Gobierno argentino nos ha informado que tiene información relevante sobre posibles nexos entre estos grupos», afirmó. Frente a esto, el subsecretario del Interior señaló que «a través de convenios judiciales vigentes se harán las peticiones desde el Ministerio Público de Chile al sistema judicial argentino para contar con esa información» lo antes posible.
