Después de 114 días de huelga de hambre de cuatro comuneros mapuches el Gobierno reaccionó recién anoche demandando el cambio de la medida cautelar contra los cuatro comuneros mapuches afectados que podría ser la detención domiciliaria.

Igualmente, recién ahora el ministro del Interior, Mario Fernández,  reacciona anunciando cambiar el Código Procesal para limitar el arresto preventivo como también dar urgencia a cambios a la ley antiterrorista.

Estos anuncios muestran la incapacidad del Gobierno para resolver problemas cruciales que han estado vigentes durante años. No es una fórmula muy adecuada ni alabable el hecho que tenga que esperarse hasta el último momento para cambiar el curso de las crisis, como son los casos en la Araucanía.

¿Y cual ha sido la respuesta frente a la debilidad del Gobierno?

Un nuevo atentado o ataque incendiario ocurrido en la madrugada de este jueves en la región de La Araucanía al  ser incendiadas otras dos maquinarias agrícolas y un camión en la comuna de Lautaro, en el sector del Puente Peu Peu.

Según indicó Carabineros, el dueño de la empresa afectada -Bernardino Apablaza- avaluó los daños en al menos $150 millones. Especificaron que perdió un cargador frontal, una excavadora y un camión tolva.

Asimismo fueron encontrados panfletos que hacen referencia a la huelga de hambre de los cuatro  imputados por la quema de un templo evangélico en Padre las Casas para quienes el Ministerio Público está solicitando veinte años de cárcel. Esto último muestra una vez más que detrás de estos atentados hay organizaciones «terroristas operando», lo que el Gobierno se ha negado siempre a reconocer.

El discurso del ministro

Pasadas las 21.00 de anoche, Fernández, entregó una declaración con los pasos que seguirá el gobierno ante la huelga de hambre que mantienen lo cuatro comuneros.  El  Ejecutivo resolvió acudir a los tribunales de la IX Región para que se rebaje la medida cautelar contra estos imputados. Actualmente están en prisión preventiva y el gobierno buscaría que puedan esperar el inicio del juicio oral en su domicilio. Además, ayer, uno de ellos, Alfredo Tralcal, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de Temuco porque empeoró su estado de salud. Los otros acusados en esta situación son los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol.

Fernández dijo que “esta decisión busca producir las condiciones para que los cuatro ayunantes pongan fin a la huelga de hambre que arriesga su salud e integridad”. Añadió que “con esto el gobierno no está demostrando debilidad, sino todo lo contrario. Un gobierno democrático como este debe, simultáneamente, garantizar el estado de derecho y cautelar la vida de las personas. Con esta decisión se están cautelando ambos deberes”.

Esta no es la primera vez que el gobierno toma una decisión de estas características. A comienzos de año, en el marco del proceso por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, una de las acusadas, la machi Francisca Linconao, depuso una huelga de hambre que duró 14 días luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco le cambiara la prisión preventiva por el arresto domiciliario. En esa decisión judicial también fue clave la postura del gobierno y la del ministro del Interior, que compartió los argumento de la defensa.

Pero el anuncio realizado ayer fue más allá. Fernández añadió que “dada esta situación (la huelga de hambre) y los antecedentes que vinculan este proceso con determinadas normas deficitarias de nuestro ordenamiento jurídico, el gobierno ha determinado enviar al Congreso dos iniciativas legislativas: Se dará urgencia a los cambios de la Ley Antiterrorista, ingresados por el ex ministro Rodrigo Peñailillo en 2014 y que actualmente se encuentra en el Senado, trasladando completamente los delitos que ella contempla al Código Penal, así como los procedimientos respectivos al Código Procesal Penal”. Esto implica que los delitos terroristas sean incorporados a ese cuerpo legal y se definan sus normas conforme al ordenamiento jurídico actual. El abogado Miguel Soto Piñeiro explicó que “todas las conductas que se tipifican como delito terrorista están ya de manera general en el Código Penal. En la práctica no es relevante”, informó La Tercera.

El tercer anuncio del ministro fue una modificación al Código Procesal Penal, “en lo que respecta a los requisitos y plazos para la prisión preventiva”. Así, el gobierno buscará que exista un plazo máximo a la prisión preventiva para todos los delitos y así evitar casos en que esa medida se extienda por años y luego el acusado sea absuelto. Es decir, no quieren que esa cautelar se convierta en una condena previa. «Ya era hora», fue el comentario de algunos analistas.

Las reacciones

El ministro recibió de inmediato una serie de reacciones en contra, como era de esperar. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez,  indicó que “me parece una muy mala señal del gobierno (pedir cambiar la prisión preventiva de los huelguistas), porque significa que los chilenos a través de presiones de ese tipo podemos eximirnos de las responsabilidades que tengamos en actos de terrorismo o delincuencia”.

A su vez,  el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, señaló que “desde un comienzo hemos planteado que estas medidas de presión son indebidas. Esperábamos que el gobierno no se dejara presionar por ese lado”. En tanto, Hugo Alcamán, presidente de la Corporación Mapuche Enama, dijo que “la responsabilidad de lo que está ocurriendo es del Estado, llámese el Poder Ejecutivo, los gobiernos de turno y de los parlamentarios, que son los responsables de dictar leyes. Por lo tanto, cualquier acción que hagan en momentos de crisis es solamente intentar poner las cosas en su lugar y que se haga justicia de forma correcta”. Y en opinión de Juan Carlos Tralcal, vocero de los manifestantes, las autoridades “tienen que asumir las consecuencias, porque hay daños irreversible en los huelguistas. Hay uno que está hospitalizado con derrames internos y otro con daño cognitivo. No sé si los huelguistas seguirán con esta medida”. Para el 10 de octubre quedó agendada la audiencia de preparación de juicio oral contra los comuneros.

Igualmente los senadores Alberto Espina (RN) y Felipe Harboe (PPD) criticaron el anuncio del ministro Fernández respecto de dar suma urgencia al proyecto de ley antiterrorista, de trasladar los delitos que están en esta norma al Código Procesal Penal, así como también el de pedir que se cambie la prisión preventiva de los cuatro comuneros mapuche que llevan más de 100 días en huelga de hambre en La Araucanía, acusados de quemar una iglesia, en la que había feligreses. En conversación con Emol, el senador Espina abordó este último punto y acusó al Ejecutivo de «ponerse de rodillas» ante las presiones de los imputados, que llevan 115 días en huelga de hambre, y de abandonar a las víctimas. «La decisión del Gobierno de hacer un giro en 180 grados y pretender que queden en libertad bajo arresto domiciliario los acusados de quemar una iglesia, donde habían niños y mujeres, es simplemente una debilidad enorme de un Gobierno que ha sido ambiguo y que abandona a las víctimas de la región. Aquí los ganadores son los terroristas y los que han perdido son las víctimas inocentes», manifestó el parlamentario de RN.

El senador recordó que en 10 oportunidades la Corte de Apelaciones de Temuco no accedió a la libertad de estos comuneros por considerar que son un peligro para la sociedad. «Es un acto de cobardía política de un Gobierno que prefiere ceder ante la presión de unos terroristas, antes que defender a las víctimas», insistió. «Volador de luces» Acerca del anuncio de «trasladar completamente los delitos que ella (la Ley Antiterrorista) contempla al Código Penal, así como los procedimientos respectivos al Código Procesal Penal», el senador por la región de La Araucanía afirmó que se trata de «un volador de luces». «No tiene ninguna relevancia, es un volador de luces. No tiene ninguna significación, porque lo que importante es el contenido de la norma. Lo que pasa es que el Ministro del Interior no tiene el coraje de defender a las víctimas», sostuvo Espina.

En ese sentido, el parlamentario recordó que los proyectos están presentados hace tres años, pero que «no se ha hecho nada, lo que es responsabilidad directa del Gobierno, a pesar de que se lo hemos solicitado en diversas oportunidades», agregó  Espina.

Para el senador Felipe Harboe, el anuncio del Gobierno de dar suma urgencia al proyecto de Ley Antiterrorista «implica desplazar otros proyectos como el del nuevo Sename y protección de datos». En ese sentido, expresó que «valoro que el Ejecutivo finalmente se sume a una discusión necesaria sobre una nueva ley antiterrorista, que hemos motivado en la comisión de Constitucion, sin eco en el Gobierno». Pese a lo anterior, el parlamentario deslizó sus críticas al ejecutivo, al señalar que «en cualquier caso las modificaciones que debemos hacer debemos pensarlas en un tema de estado y no para resolver un conflicto político de un Gobierno de turno». «La seguridad del país es un tema de estado que no puede estar sujeto al populismo o ponerse colorado por presión pública. Ya conocimos en el Gobierno de Sebastián Piñera malas modificaciones a esa ley que han generado impunidad», finalizó.