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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Los líderes independentistas de Cataluña  encabezados por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, enviaron una carta al presidente del Gobierno y al Rey para pedir un pacto entre todos ellos para celebrar el referéndum del 1-O (1 de octubre).

Tanto Puigdemont como  su vicepresidente, Oriol Junqueras, Colau y la presidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell le han pedido en la carta dirigida al Rey de España Felipe VI y al Presidente del Gobierno central español Mariano Rajoy a no cerrar el diálogo y mostrar disposición para negociar la celebración de la consulta.

En la nota conjunta piden un «diálogo abierto y sin condiciones» para «hacer posible lo que en democracia nunca es ni un problema ni aún menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía». Y añaden: «Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente».

Piden un «diálogo abierto y sin condiciones» para «hacer posible lo que en democracia nunca es ni un problema ni aún menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía».

En la carta publicada por el diario El Mundo, recuerdan al Gobierno que la mayoría de los catalanes son partidarios del 1-O y piden la colaboración de Rajoy «para abordar de qué manera se puede llegar a un acuerdo para que los catalanes puedan votar en un referéndum».

Los cuatro firmantes de la carte se quejan de las negativas cerradas del Gobierno y defienden que ellos siempre han estado dispuestos a dialogar la consulta soberanista.

Entre las acusaciones contra el Estado, destaca que «ha empezado una ofensiva de represión sin precedentes, impidiendo actos públicos y amenazando a los medios de comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes de Cataluña por mostrarse dispuestos a participar en el referéndum».

«El Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito», señalan los cuatro firmantes.

En la misiva, remarcan que «los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo», pero la «respuesta» del Estado al caso catalán «siempre ha sido negativa o con un recorte insostenible», y recuerdan que el TC «tumbó» el Estatut aprobado en referéndum en 2006, lo que «rompió el pacto constitucional de 1978».

Con relación a esta carta, la alcaldesa de Barcelona ha señalado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que el objetivo de la misma es promover el «diálogo» y el «sentido común». «Vamos a reconducir esta situación que no lleva a ninguna parte y no es buena para nadie, ni para Cataluña, ni para España».

Vamos a reconducir esta situación que no lleva a ninguna parte y no es buena para nadie, ni para Cataluña, ni para España.Ada Colau

Colau ya había roto la víspera su neutral ambigüedad en lo referente a la consulta, que había mantenido durante las semanas previas, al prometer que en la ciudad de Barcelona «se podrá participar» en el referéndum y que se podrá hacer «sin poner en riesgo instituciones ni servidores públicos».