El Tribunal Constitucional (TC) de España ha notificado directamente a los canales de TV, radioemisoras,  diarios locales y ayuntamientos de Cataluña su resolución por la cual suspendió la convocatoria al referéndum independentista del 1 de octubre,  advirtiéndoles “a los encargados o responsables” de la obligación de impedir iniciativas encaminadas a celebrarlo.

Esta notificación fue recibida, entre otros personeros comunicacionales, por el director de la cadena televisiva TV3, Vicent Sanchis, quien dio instrucciones inmediatas para dejar de emitir el anuncio sobre el referéndum.

Un portavoz de la cadena aseguró que la finalización de la emisión del anuncio promocional del referéndum de anoche se produjo porque «la emisión de la campaña estaba contratada precisamente hasta ayer”.

El TC le señaló a Sanchis que «le advierto de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Particularmente, que se abstenga de iniciar, tramitar, informar y/o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña (…)», decía la notificación.

El Parlamento de Cataluña, con la mayoría de grupos a favor de la independencia de esta región española, aprobó el 6 de septiembre una ley para amparar el referéndum secesionista,  decisión que hizo recurrir al Gobierno español de Mariano Rajoy ante el  Tribunal Constitucional de España y así lograr la anulación del plebiscito.  La votación en el Parlamento catalán fue de 72 votos a favor de los grupos independentistas, Junts pel Sí (JxS, coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los anticapitalistas de la CUP, que habían presentado la propuesta de ley de referéndum el 31 de julio pasado, ninguno en contra y 11 abstenciones. En la ocasión los diputados de la oposición, Ciudadanos (liberal), Partido Socialista de Cataluña (PSC) y el conservador Partido Popular de Cataluña (PPC), abandonaron el hemiciclo antes de la votación, dejando algunos de ellos sobre sus escaños vacíos banderas catalanas y españolas.

La Fiscalía envía instrucciones enérgicas

Entretanto el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como imputados a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales destinados a la celebración del  plebiscito y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.

Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.

La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre (1-O).  El oficio recuerda además que en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, se ha exigido a los ayuntamientos de Cataluña «que pongan locales a disposición del referéndum ilegal» e insiste en que cualquier conducta de las «autoridades» que facilite el 1-O puede constituir delito. El alcalde que no cumpla con la disposición será  citado a través de la policía judicial para declarar como imputado y en el caso de que no comparezca deberá ser detenido y oficiar  «a los Mossos d’Esquadra  (policía catalana) para que lleven a cabo la detención «en el plazo más breve posible».

El Rey de España

El jefe del Estado, el Rey de España Felipe VI, dijo este miércoles en una ceremonia en la catedral de Cuenca, donde estuvo  acompañado de su esposa la Reina Letizia que en el caso de Cataluña «la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebre de esa convivencia en democracia que es, ha sido y será base de nuestra vida en común en libertad, fundamento de nuestro progreso y pilar esencial de nuestra pertenencia a la Unión Europea».

La «convivencia democrática» alcanzada en España «después de muchos sacrificios» y gracias «a la generosidad de todos» solo es posible «si las leyes que la regulan y organizan son atendidas y cumplidas por los ciudadanos y por las instituciones; si los derechos y libertades de los ciudadanos son tutelados y respetados por los poderes públicos», advirtió Felipe VI.

«Por eso, ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados y de que las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas», expresó el monarca.

El Rey inició sus palabras diciendo: «Permítanme que comience mis palabras haciendo referencia a la situación que estamos viviendo en Cataluña».