El Parlamento británico aprobó  esta madrugada la tramitación del proyecto de ley de retirada de la Unión Europea (UE), bautizada como Gran Ley Derogatoria, que pondrá fin a la preeminencia de las normas comunitarias en el Reino Unido cuando el país rompa de forma definitiva sus lazos con Bruselas. Tras un largo debate, la votación terminó 326 a favor y 290 en contra. Sin embargo, los analistas  indicaron que para una decisión de esta naturaleza el margen de triunfo para los «no europeos» fue relativamente estrecho.

Sin mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, el Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, contó con el respaldo de los diez diputados del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), con quienes acordó un pacto de gobernabilidad tras las elecciones del pasado 8 de junio, y de siete parlamentarios de la oposición laborista, que desafiaron la disciplina de voto para respaldar al Gobierno.

El gran cambio constitucional, el mayor en la reciente historia británica, entraría en vigor una vez que el país esté fuera de la UE.

El proyecto de ley supera así cómodamente su primer escollo, con una mayoría de 36 diputados, pero la verdadera batalla para el Gobierno llega ahora, con la posterior tramitación parlamentaria. El texto será examinado en detalle en la fase de comités, y diputados de unos y otros bandos, incluido el conservador, ya han comenzado a presentar enmiendas contra la actual formulación de la ley y han advertido de que votarán en contra en la tercera lectura, prevista para el mes que viene, si en el proceso no cambia sustancialmente.

«Aunque todavía hay más que hacer, esta decisión significa que podemos continuar las negociaciones con cimientos sólidos», sostuvo la primera ministra. Se refirió a las negociaciones con el gobierno de la UE en Bruselas.

El procedimiento de la Gran Ley Derogatoria es, sin embargo, bien complejo. La explicación se da en los siguientes pasos:

1.- Por un lado, revocará el Acta de Comunidades Europeas de 1972, con la que el Reino Unido accedió a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

2.- Pero, al mismo tiempo, incorporará a la legislación británica las miles de leyes que componen el cuerpo legal de la Unión Europea desde que el Reino Unido se incorporó hace 44 años, a fin de que no haya vacíos normativos una vez se ejecute el Brexit, previsiblemente el 29 de marzo de 2019.

3.- Por último, preverá la manera en que las leyes europeas incorporadas se vayan derogando, ratificando o modificando, caso por caso. Es en este punto donde está el principal escollo. La ley ha sido duramente criticada porque recurre a una figura excepcional, conocida como “poderes de Enrique VIII,” que permite al Gobierno modificar legislación con solo un mínimo control parlamentario. El Ejecutivo defiende que es la única manera de sacar adelante la ingente cantidad de legislación necesaria, pero la oposición, y algunos de las propias filas conservadoras, advierten de que sería una irresponsabilidad histórica permitir que leyes tan importantes escapen al escrutinio parlamentario y sean aprobadas por ministros o meros funcionarios. El diputado laborista Chris Bryant,  comentó en el debate “Erdogan (dictador turco), Maduro (dictador venezolano) y Putin «dictador» ruso estarían orgullosos de esos poderes.

4.- Hay otros aspectos controvertidos, como la indefinición de las competencias que pasarían al Estado Central o a las administraciones autónomas de Escocia, Gales o Irlanda del Norte, así como la carta de derechos fundamentales de la UE, que no se incorporaría a la legislación británica en la actual redacción del proyecto de ley.

Así, muchos diputados proeuropeos, aunque no están satisfechos con el texto del proyecto de ley, decidieron apoyarlo en este punto, llamado de segunda lectura, en aras de proporcionar seguridad jurídica, pero planean dar la batalla ahora. El Partido Laborista inicialmente apoyó la legislación, pero en las últimas semanas decidió oponerse. Los siete laboristas rebeldes que votaron con el Gobierno son conocidos euroescépticos.

La diputada laborista Angela Smith afirmó que su oposición a la ley no responde a que “quiera votar en contra del ‘brexit”, sino “contra un ‘brexit’ mal gestionado, que amenaza con debilitar todavía más unas tradiciones democráticas que tanto trabajo costó establecer”.

Entre los laboristas rebeldes que apoyaron el proyecto de ley de May, Caroline Flint argumentó que su deber es “respetar el resultado del referéndum” de junio de 2016, en el que el 51,9 % de los votantes optó por el “brexit”.