Ciertamente alguien debe poner orden en Chile. La institucionalidad está muy cerca del suelo, porque o no funciona o se confía poco en ella. Y esto se debe en parte a la actuación propia de algunos personajes o actores del poder. Lo último que ha quedado dando vueltas en la mente e imaginación humana es la declaración del presidente del Senado Andrés Zaldívar opuesto directa o indirectamente a una investigación de la Fiscalía para definir la proporción real y la forma de uso de las asignaciones parlamentarias.
¿Si todo chileno debe estar permanentemente disponible y dispuesto a cooperar en una investigación privada o pública de la Fiscalía, por qué los senadores se oponen a ello? Todos los chilenos queremos saber con claridad si la plata del Estado se gasta bien o se despilfarra. Es nuestra plata, la que pagamos todos los chilenos con los impuestos, ya sea por IVA, por contribuciones o por las declaraciones anuales de la renta.
Para el Senado esto no es así, porque está compuesto por personas elegidas por el pueblo, pero aparecen como «honorables» y que se creen además intocables, lo que no se puede aceptar en ningún caso.
Ya se ha dicho y repetido que en ningún momento se ha pensado en una investigación que vaya en contra de los senadores. El mismo Fiscal Nacional Jorge Abbott y el Fiscal Manuel Guerra han precisado que la investigación sobre asesorías externas no era contra los senadores y más bien se trata de revisar las cuentas de los asesores externos del Senado, que al parecer hacen y deshacen y cobran lo que quieren ante la imposibilidad de los parlamentarios de controlarlos.
Con la venia de Zaldívar (81 años de edad y 24 como senador desde que regresó la democracia), los senadores enviaron una inédita respuesta de seis hojas al Fiscal Nacional con una inédita negativa a entregar la información del modo en que se estaba pidiendo, calificando la solicitud como “desproporcionada y abusiva”.
¿Por qué el chileno común puede ser controlado y no los senadores que lo consideran “abusivo”? La líder DC y candidata presidencial Carolina Goic acaba de responder esta pregunta con palabras muy simples: ¡Quien nada hace nada teme!.
Esta sola respuesta y la negativa del Senado hace entrar en dudas a miles de chilenos que se preguntan ¿si se niegan es que esconden algo?, actitudes y especulaciones que le hacen muy mal a la política y pienso que después de esta accidentada y desilusionante semana para la transparencia y la democracia, puede haber aumentado más aún la cantidad de chilenos que no está dispuesto a ir a votar, quizá por aburrimiento por los abusos o las promesas que se hacen cada cuatro años y que no se cumplen. Beatriz Sánchez está cayendo en lo mismo: Promete aumentar los sueldos, las jubilaciones y los impuestos, y bajar las horas de trabajo. Ahí entramos ya en el área de la demagogia pura o la ciencia ficción.
Y debe agregarse además que en estas elecciones parlamentarias de noviembre aumentará en 35 diputados y en 12 senadores los escaños a elegir. Tendremos entonces, debido a la reforma política de la Presidenta Bachelet, un total de 195 parlamentarios que “alimentar”. Esperamos que los nuevos que lleguen no se resistan también a los controles de rigor.
Al menos en la Cámara de Diputados el esquema investigativo ha funcionado. Según Ciper, los diputados que han recibido más documentos copiados de fuentes sin citar son los DC Gabriel Silber y Roberto León, los UDI Claudia Nogueira y Gustavo Hasbún, la diputada PC Camila Vallejo, el PS Osvaldo Andrade y el radical Carlos Abel Jarpa. En solo una muestra se procedió a revisar los documentos elaborados por los asesores externos de los miembros de la Cámara entre 2014 y 2016, con cerca de mil informes, donde se detectaron 107 con algún grado de plagio, 18 de ellos con plagio total, afectando a un total de 40 diputados. Por este “brillante trabajo”, el Estado desembolsó $169,6 millones, según Ciper. A esto se agregaron otros reportajes -de Ciper y de T13- que indicaron que alrededor de un tercio de los diputados ha pagado por informes que contienen plagios parciales o totales, abarcando a legisladores de prácticamente todos los partidos políticos.
¿Por qué no puede estar pasando lo mismo en el Senado?
Radio Biobío difundió un reportaje –bien hecho y muy profesional- sobre el Senado que encendió las alarmas de la Fiscalía al centrarse en los pagos que efectuó el senador Alejandro Guillier, candidato presidencial de Fuerza Nueva por informes encargados a asesores externos y que contenían plagios de información gratuita disponible en los portales del mismo Congreso por los que pagó 19 millones de pesos o mejor dichos, pagamos todos los chilenos.
De esto se trata señor Andrés Zaldívar: saber de cómo se gasta o se despilfarra el dinero en Chile.
