La gran interrogante en la muerte del universitario Jorge Matute Johns es si la administración de justicia podrá superar sus errores, desinteligencias y vergüenzas, como  la acción de los poderes fácticos, para aclarar el homicidio, enjuiciar y condenar a sus responsables.

Porque el universitario fue secuestrado desde una discoteca atestada de público en Concepción hace ya 18 años. Y aunque  sus victimarios nunca pidieron rescate por él, fue asesinado estando ebrio inyectándole un sedante. Su cuerpo insepulto fue hallado cinco años después lejos de allí,  a orillas del río Biobío, en el camino a Santa Juana.

Desde entonces tres ministros en visita se han sucedido en el Tercer Juzgado del Crimen para investigar sin éxito: Flora Sepúlveda, Juan Rubilar y  Carola Rivas. Han tenido los defectos  y  las prerrogativas del antiguo sistema penal  vigente al momento del crimen, como son el ejercicio de la doble función de fiscal y juez de primera instancia, y la institución del secreto del sumario, con la opacidad asociada a él.

En agosto pasado la ministra Rivas ofreció una curiosa conferencia de prensa, para dar cuenta de su labor de tres años a cargo de la indagatoria judicial.  No sorprendió cuando declaró como si fuese una primicia que estaba siguiendo la pista del  pentobarbital, un barbitúrico sedante de uso médico en intervenciones quirúrgicas y  venta restringida a establecimientos hospitalarios, que no califica  como droga recreativa.  Rivas informó de haber detectado a un grupo de sospechosos, sin dar detalles. El observador agudo interpretó sus palabras cómo un aviso del tipo “téngase presente”, más que avances significativos en las extensas y frustrantes pesquisas.

Ello porque tres años antes, en septiembre de 2014, después de exhumar el cadáver y en una segunda autopsia, la tanatóloga del Servicio Médico Legal,  Vivian Bustos, ya había logrado ese hallazgo en la sangre del universitario.  “Los hechos son compatibles con un deceso por intoxicación con pentobarbital en estado de ebriedad”. Y concluyó que hubo intervención de terceros en el ejercicio de la  violencia,  para después del fallecimiento trasladar y abandonar el cuerpo. Fue encontrado, accidentalmente, por un trabajador integrante de una cuadrilla que desbrozaba la maleza contigua al camino.

Por cierto que llama la atención la intervención anterior del SML, durante la primera autopsia, en febrero de 2014 luego de hallado el cadáver, puesto que habiéndolo identificado por comparación de ADN y el reconocimiento del pintoresco traje de baño que usaba en vez de calzoncillo, los forenses de aquel entonces no hayan tenido la capacidad, o no hayan tenido la voluntad, de establecer la causa precisa de muerte.

LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES

La madre de Jorge Matute, María Teresa Johns

Las investigaciones policiales del Caso Matute han sido contradictorias, erráticas y como es de suponer, con magros resultados.

El mayor de Carabineros José Luis Aguilera, en su momento destacado oficial del Departamento de Investigaciones Criminales de Carabineros (OS9), denunció, tardíamente, a sus superiores de haber entorpecido los interrogatorios de los guardias de la discoteque La Cucaracha, desde donde Matute fue secuestrado. Es más, declaró a TVN en la cárcel de Punta Peuco, donde purga condena por el homicidio del cantante peruano Percy Aranda, que de no haber sido removido como jefe del equipo policial a cargo de la investigación, habría logrado testimonios relevantes de los empleados del centro nocturno, y quizás el pleno esclarecimiento de los hechos.

Discoteque La Cucaracha, ya demolida.  

Luego la ministra  Sepúlveda insistió en solicitar a Carabineros que continuara indagando, la desaparición del universitario. Esta vez el Alto Mando nominó al mayor Andrés Ovalle, perteneciente al Departamento de Control de Drogas de Carabineros (OS7).  El oficial recuerda la advertencia de la ministra Sepúlveda: “! No me toque a (Bruno) Betanzo ni a los guardias de La Cucaracha ¡” y cumplió el mandato judicial, pero nunca entendió la restricción para interrogar testigos privilegiados en el sitio del suceso.

Ovalle trabajó sobre la hipótesis que la noche de los hechos hubo una importante transacción de drogas  en la discoteca y que Matute, por su personalidad avasalladora y extrovertida, estuvo en el lugar y en el momento equivocado. El joven habría intentado seducir a la cajera, Carmen Sereño, por ese entonces la mujer de Betanzo, siendo desalojado a golpes por los guardias. Gerardo Roa, amigo de Matute, con quien había llegado esa noche junto a dos chicas, negó haber presenciado la golpiza.  Y sólo hace algunos meses cambió su versión y reconoció haber visto cuando Matute fue golpeado en las dependencias del local nocturno.

Ovalle atribuye el tráfico de droga asociado al homicidio de Matute a la organización liderada por Manuel Hernández, apodado “El Mañungo”, en la cual estarían involucrados carabineros de la comisaría de Coronel. Fue en uno de sus calabozos donde murió el cabo Marcos Martínez. Había sido conducido allí desde Concepción para ser interrogado por indagar por su cuenta el paradero del universitario y la obstrucción a la justicia que involucraría a sus compañeros. La versión oficial entregada fue el suicidó por disparo en la sien, pero la familia no creyó, vio el cadáver y solicitó sin éxito una investigación verdadera a fondo.  Martínez dejó una libreta con apuntes y el bosquejo del área donde fue hallado el cadáver del joven desaparecido, confirmando que estaba en la pista.

Con el devenir de los acontecimientos, el mayor  Ovalle entró en contradicción con sus superiores y fue llamado a retiro después de inculpar al general Juan Donati, director de Orden y Seguridad de Carabineros, de haber interrumpido la “cadena de custodia de evidencias”, por negar la autorización para que él viajara al FBI de EE.UU. con las muestras de sangre para aislar ADN, recogidas por la perito de Carabineros Shirley Villouta en el sótano de La Cucaracha.  Así, por intervención de la Subsecretaría de Carabineros y tras 24 días de trámites burocráticos insospechados, las muestras que debían fijar a la víctima en el interior de la discoteque  llegaron al laboratorio estadounidense. Y ocurrió una situación aún más insólita. El FBI informó la imposibilidad de entregar resultados, pues la bioquímica asignada al caso, Jacqueline Blake, fue sorprendida alterando las muestras de sangre enviadas desde Santiago. La mujer fue removida, enjuiciada y condena a un año de prisión por este y otros casos de corrupción anteriores cometidos en el ejercicio de sus funciones. Junto con las explicaciones el FBI, que había accedido a colaborar sin costo para el Estado de Chile, ofreció rehacer el peritaje. La ministra Sepúlveda desestimó el ofrecimiento  y  poco después accedió a demoler La Cucaracha a petición de su propietario Bruno Betanzo. Este murió en abril pasado en un accidente de tránsito en Egipto, donde estaba de viaje turístico, sin haber sido apremiado por la justicia.  Por su parte, Carabineros exoneró a la perito Villouta, por apoyar la fallida gestión de  Ovalle.

LA INVESTIGACIÓN DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS

Con la evidencia forense que Matute había sido asesinado, el ministro Rubilar solicitó a la Brigada de Homicidios, BH, asumir la investigación. Esta vez no había sitio de suceso y los detectives tendrían que trabajar con una maqueta y una animación computacional.

El comisario Héctor Arenas viajó desde Santiago para liderar el equipo integrado por detectives experimentados. Trabajaron durante tres años y hoy Arenas, investido del grado de prefecto de la PDI, no sólo ratifica su hipótesis, sino que mantiene la vigencia y desafía a cualquiera a desvirtuar los avances logrados.

El equipo de la BH desagregó el homicidio de Matute dejó a otros policías  la eventual  investigación por tráfico de drogas.  Admitió que el universitario haya sido desalojado a golpes de la discoteca, aunque sin mayores consecuencias físicas. Su pesquisa comienza en los estacionamientos de La Cucaracha, donde la víctima se involucra en una pendencia con jóvenes de otro grupo juvenil que esa noche, también, estaba de diversión, entrando en defensa del artesano Jaime Domínguez, amigo suyo, quien era golpeado por rayar el automóvil de uno de ellos. Dominguez, ya había discutido con uno de sus posteriores agresores en el interior del local nocturno, por nimiedades propias de quienes avanzada la madrugada están bajo la influencia del alcohol.

Los  detectives liderados por el comisario Arenas lograron individualizar a Oscar Araos, Carlos Alarcón, Cristián Herrera, Jaime Rojas, Jorge Bañados, Ignacio Del Río y Federico Homper, como integrantes del grupo que golpeó a Dominguez  y Matute, todos ellos vinculados a influyentes familias de la Octava Región.

Siguiendo la línea investigativa la BH debía establecer en qué condiciones físicas Matute desapareció del estacionamiento, dónde fue mantenido cautivo, quién le inyectó el pentobarbital,  quienes trasladaron su cadáver al camino de Santa Juana, entre otras interrogantes. El grupo de siete jóvenes contrató prestigiosos abogados encabezados por Pedro Alejandro Segura, enfrentando los interrogatorios con una versión única, como de libreto memorizado.  No obstante, cometieron un error.

El comisario Arenas y sus hombres fueron advertidos por los mismos jóvenes sospechosos de la existencia de huellas dactilares en un sitio preciso del barandal del puente Llacolén, con la intención de confundir y desviar la pesquisa hacia el posible suicidio de Matute, supuestamente dejándose caer al río Biobío, para hacer coincidir la versión con el hallazgo del cadáver río abajo, contiguo al camino a Santa Juana. Los detectives no tragaron el anzuelo y con la misma revelación graciosa de los jóvenes sospechosos y considerando que detectar huellas claras de manos aferradas al barandal de un puente de más de dos kilómetros de longitud, resulta al menos una extravagancia por  el tiempo transcurrido, lograron que el tribunal los procesara por obstrucción a la justicia y ordenara su detención. No obstante, no consiguieron avanzar en esa línea investigativa.

Luego la Corte de Apelaciones de Concepción dejó en libertad a los siete inculpados por no existir méritos para ser procesados. Por el contrario, al fallar el recurso de casación,  la Corte Suprema de Justicia anuló los autos de procesamiento por un tecnicismo jurídico, el cual consideró que el  delito de “obstrucción a la justicia”, por el cual en su oportunidad fueron encauzados los reos según el procedimiento inquisitivo, en años posteriores tal ilícito fue reemplazado por delito de “obstrucción a la investigación”, al entrar en vigencia el nuevo sistema procesal penal.